Si los planes de Gustavo Petro, anunciados durante la reciente campaña electoral, son puestos efectivamente en marcha, Colombia quedará a la merced de la aviación venezolana, bien apertrechada y asesorada por  la Rusia de Putin. Y quedará sin recursos energéticos suficientes y en la obligación de mendigar gasolina y lubricantes si Estados Unidos, en vista del giro comercial energético occidental que exige la nueva guerra rusa contra Ucrania, levanta las sanciones a Venezuela y opta por la reconstrucción de esa industria.

El objetivo es repetir la experiencia de Rusia y Alemania en la que la segunda llegó a depender de los suministros de gas y petróleo del primero. El brutal, aunque invisible aumento de la influencia rusa sobre el desarrollo de Alemania, quedó expuesto tras las sanciones internacionales occidentales contra Rusia.

Gustavo Petro ha confirmado que desde el 7 de agosto próximo se opondrá a que Colombia renueve su aviación militar. Petro se muestra insensible ante los argumentos del alto mando militar quien explica que la vieja  veintena de aviones Kfir, un caza-bombardero israelí diseñado a partir del Mirage 5 francés y entregado a Bogotá desde 1975, debe ser reemplazada por aviones de combate modernos, frente a los desafíos que plantean las narco-guerrillas  de las dos variantes de las FARC y del Cartel del Golfo, por una parte, y ante las amenazas militares que tiene Colombia  de parte del dictador Nicolás Maduro y de Nicaragua, quien se empeña, ésta última, en arrebatarle a Colombia, con la ayuda de Cuba, una parte de sus aguas territoriales en el Mar Caribe.

A pesar de su crisis, Venezuela dispone de una de las fuerzas de combate aéreo más imponentes de Suramérica. Entre su serie de caza-bombarderos, cargueros, helicópteros, radares y artillería antiaérea, Venezuela dispone de modernos aviones rusos y aviones chino-rusos de combate como el Sukhoi Su-30MK2, y aviones chinos Hongdu K-8 y hasta cuenta con un remante de 10 aviones americanos Fighting Falcon F-16. En total, según datos revelados por la prensa en 2018, la aviación de combate de Venezuela tiene 57 modernas aeronaves y 44 helicópteros complementarios,  44 aviones brasileños de entrenamiento, 11 de reabastecimiento y 37 de transporte.

La fuerza aérea colombiana, si no es renovada y reforzada cuantitativamente, verá crecer su inferioridad defensiva ante las ambiciones de la vecina dictadura y de sus socios extra continentales, China, Rusia e Irán.

El gobierno de Iván Duque ha revelado que los aviones Kfir no volarán a partir del año entrante por falta de repuestos y que ello justifica ampliamente la compra de nuevos aviones caza-bombarderos, americanos y/o europeos, si queremos estar en capacidad de proteger nuestro espacio aéreo, nuestros mares y el territorio colombiano en general. Cuatro fabricantes compiten por ese mercado: el americano Lockheed Martin, con su F-16, el francés Dassault con su Rafale, el sueco Saab con su avión Gripen y el alemán Eurofighter con su Typhoon.

Petro no quiere saber nada de eso. Su pretexto para cortarle las alas a la fuerza aérea fue formulado en un twitt de marzo de 2021: “Comprar un avión en medio de una crisis como la que estamos viviendo es la mayor irresponsabilidad de los gobernantes. Yo no entiendo. Un país que puede estar feliz de que no se utilicen recursos para salvar vidas, sino herramientas para bombardear niños”. Petro advirtió que si llegaba al poder él revendería, por su solo capricho, los aviones que el gobierno nacional llegare a comprar antes de esa toma de posesión.

El pretendido “argumento” de Petro para formular tal despropósito es una mentira. La Fuerza Aérea no está ni ha “bombardeado niños”. Nunca lo ha hecho. Es una fuerza profesional de defensa preparada para poner fuera de combate las fuerzas irregulares que atentan contra la población y el orden público. Y es el muro disuasorio contra las fuerzas extranjeras que intenten invadir el territorio nacional. 

Lo que Petro presentó en su frase sobre “niños bombardeados” es falso. El 2 de marzo de 2021, la Fuerza Área bombardeó una base de alias Gentil Duarte (Miguel Botache), jefe de un destacamento de las FARC en el Guaviare. Días después, un senador petrista, Roy Barreras, y un activista, excandidato a la alcaldía de Bogotá, Hollman Morris, desfiguraron el hecho: hablaron de un ataque del Ejército “a una escuela rural” en donde habría asesinado a “14 menores de edad”. El ministerio de Defensa, Diego Molado, admitió que 12 irregulares habían muerto en el ataque. Medicina Legal descartó la versión de Morris pues constató que entre los muertos solo había una menor de 16 años. Molano detalló por su parte que sí hubo en ese campamento “jóvenes que habían sido preparados como combatientes y que estaban desarrollando acciones” y que el ataque a ese tipo de fortín es permitido por el derecho internacional humanitario. Quien cometió la atrocidad fue la banda de Botache pues el reclutamiento de menores es un crimen de guerra, según el Estatuto de Roma.

La denuncia de los dos agentes petristas no tenía nada de humanitario. Solo buscaba crear un pretexto para desacreditar al Ejército y pedir la parálisis de la Fuerza Aérea.

En cuanto al tema gas y petróleo la actitud de Petro no es menos suicida. Tan pronto la Registraduría dijo que Petro había ganado la presidencial, las acciones de Ecopetrol, cayeron un 13% en la bolsa de Estados Unidos y Canadá. Petro había explicado que bajo su gobierno habría un “desescalamiento” del sector, pues su prioridad será “la lucha contra el cambio climático”.  En realidad, se trata de un verdadero desmonte del progreso del país en materia energética y minera por razones ideológicas.  El programa petrista oculta el alcance del desastre que ellos preparan: “se prohibirán la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera”. Agrega que “no otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”. Los dos programas piloto de fracking, impulsados por el presidente Iván Duque, a través de Ecopetrol, “se acabarán” notifica Petro.

Según las cifras oficiales, Colombia exportó, en 2020, 7.460 millones de dólares en crudo y minerales bituminosos. Otras cifras elocuentes: ese sector da empleo a más de 95.000 personas y a 500 empresas, y el 55% de los dólares que entran a Colombia provienen de la exportación de petróleo. Ese gran polo de desarrollo será minado en sus bases por la decisión petrista. Si la sociedad civil, los partidos, las fuerzas armadas y el poder legislativo se quedan con los brazos cruzados, Colombia se encaminará tristemente hacia el atraso, la pobreza y la dependencia militar y energética de un país petrolero, Venezuela, que está cada vez más amarrado a los intereses expansionistas rusos y chinos y a la nueva línea de Joe Biden.

Ya está instalada una especie de trípode perverso para demoler el desarrollo y la defensa del país: los cambios de doctrina militar, las presiones de la izquierda internacional para que los países aliados no colaboren con Colombia y el pretexto del cambio climático para desalentar el desarrollo sobre todo del sector minero-energético. 

@eduardomackenz1