La Registraduría, quien no dice haber cometido un error, brutalizó a tres partidos democráticos al retirarle tres curules al Partido Conservador, a la Coalición Centro Esperanza y al Centro Democrático. A sólo éste último le retiraron 53.000 votos.

Esa humillante operación no sería un error del conteo oficial, dicen, sino un trivial problema de léxico. El Registrador Nacional Alexander Vega, sabio entre los sabios, asegura que la molestia viene de que nadie entendió que una cosa es el “preconteo” de votos y otra cosa el “escrutinio” de votos. Según Vega, el primero da unas cifras inciertas y el segundo da las cifras exactas. Un circo, en suma, que ya dura una semana.

Todos debemos tragar entero y quedar satisfechos con tal explicación, espera Vega. El Centro Democrático exigió sin embargo un “nuevo conteo total, público, voto por voto” (…) pues sin ello el Congreso sería ilegítimo y “muchos ciudadanos no podrían reconocerse en los resultados electorales”. El CD pide también la “revisión de cada tarjetón que pudo haber sido alterado por los jurados”.

Lo más interesante es que poco después de cerradas las urnas, Gustavo Petro clamó que había un fraude contra él y su movimiento. El 14 de marzo el ex presidente conservador Andrés Pastrana había constatado: “Ayer hubo 16.278.961 votos válidos.  De esos 16 millones de colombianos, 4.487. 551 votaron por Petro. Son el 27%. ¡Está en su techo!”.  Tres días más tarde, Vega salió con el cuento del hallazgo de nuevos miles de votos favorables a Petro. A lo que Pastrana replicó: “Que los dos visitantes a Indra en Madrid, Gustavo Petro y el Registrador Vega, salgan de un día para otro con un guardado de medio millón de votos es algo absolutamente anormal”.

Si en la elección presidencial de mayo próximo Vega y el Consejo Nacional Electoral (CNE) aparecen con un chiste parecido, de cifras inexactas que pasan de un partido a otro, como el balón en un match de futbol, Colombia podría caer en la anarquía más completa.

La indignación del país y, en particular, de las formaciones afectadas por ese cambalache, va en aumento. Piden con razón que la elección del domingo pasado sea anulada, que Vega sea destituido y hasta impedido de huir del país. Y que el gobierno nombre un registrador provisional. Pero el presidente Iván Duque minimiza lo ocurrido. Dice que basta con reunir los organismos del sistema electoral, sin interrogarse sobre los chanchullos obscuros que están en desarrollo ni sobre el papel de Vega y de otros actores.

El CNE está bajo la influencia de un magistrado petrista radical: Luis Guillermo Pérez. Durante años, ese abogado, ex secretario general de la FIDH, una Ong francesa, desinformó sin descanso acerca del gobierno de Álvaro Uribe. La FIDH recibe dineros de Soros y de su Open Society Foundations (1) y sigue mintiendo. Dice que el gobierno de Duque es culpable por omisión de varias “centenas de asesinatos de civiles” y de “184 masacres”.

El CNE, por otra parte, ha congelado la destitución del alcalde petrista Daniel Quintero, pese a que los ciudadanos de Medellín cumplieron con las exigencias de ley para revocarlo. Así van las cosas en el CNE, fuera de lo que ocurre en la Registraduría.

Hay otros detalles, siempre sin explicación razonable, que hacen de las elecciones del 13 de marzo algo horrible, que el gobierno no percibe como inquietantes:

1.- Una jornada electoral recortada (dos horas menos para votar). 2.- Una cifra altísima de votos anulados (1.775.249 votos). 3.- Muchos formularios E-14 repletos de “errores” y marcados  con símbolos petristas. Un solo ejemplo: una mesa en Yumbo (Valle), en donde votaron 179 personas, anotaron 400 votos por el Pacto Histórico en el acta E-14 (2). Y así hay muchos casos similares. A tal punto que el diario liberal Vanguardia, de Bucaramanga, editorializó el 19 de marzo: “Que se hayan confirmado errores de procedimiento de parte de los jurados en casi 30 mil mesas en todo el país, no es simplemente un error, es un fracaso de marca mayor.”

4.- Hubo también una cifra altísima de votos en blanco (1.063.670 votos) y una cifra altísima de abstención (45,87% de los habilitados para votar). 5.- Hubo unas mesas de votación donde los jurados le echaron la mano a las urnas (hay fotos de eso). 6.- Hubo una votación nacional enredada, con varios tarjetones, dos elecciones diferentes y, sobre todo, con tres urnas en cartón que rodaban por ahí, debajo de las mesas y algunas entre las piernas de los jurados (hay fotos).

En una democracia la urna electoral es respetada, no es un pedazo de cartón, un papel opaco y endurecido. La urna debe ser transparente y firme y estar en un lugar visible para todos: electores, presidentes de jurado, jurados, auxiliares, observadores, autoridades, etc. Quien se inventó ese sistema miserable de urnas de cartón no respeta a los colombianos. Él sabía que la complicación y el desorden ahuyentan al elector normal.

7.- Hasta la misma Misión de Observación Electoral de la Unión Europea admitió que el diseño de los formularios de voto, donde los jurados debían escribir los resultados de cada mesa, son muy complicados y “propensos a (…) errores”.

Otros detalles inmundos: el racismo y el racialismo. ¿Por qué hay listas especiales, separadas, las llamadas “circunscripción afrodescendientes” y “circunscripción indígenas”?

“Afrodescendientes” e “indígenas” son categorías demográficas, sociológicas y culturales. En una elección política solo hay ciudadanos. Y los ciudadanos son iguales, iguales hasta en la conformación de las listas electorales. ¿Por qué el miembro de una comunidad indígena que aspira a ser elegido no puede aparecer en la lista regular de candidatos al Senado o a la Cámara? La Constitución de 1991 atribuye a las autoridades de pueblos indígenas “funciones jurisdiccionales”, para dirimir conflictos de intereses, pero no dice una palabra sobre “circunscripciones electorales indígenas”. En cuanto al término “afrodescendiente”: éste ni siquiera aparece en la Constitución. Estamos quizás ante otra interpretación torticera de la Constitución que busca destruir la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Repugnante, además, pero resultado de la clasificación anterior, el incidente de antier: el abogado de un “colectivo Justicia Racial” alega que un candidato del CD, Miguel Polo, “es indígena, no es negro”, lo que es una clasificación racista digna del apartheid sudafricano. Dice que Polo, en 2019,  se “autopercibió como indígena” y que él, por eso, “no cumple con los requisitos para hacerse elegir por la cámara afro”. Pero no hay una “cámara afro” en Colombia, hay una Cámara de Representantes. Esa lumbrera quiere anular la elección de Polo y retirarle 80 mil votos en beneficio de la hija de un parapolítico. Todo eso es discriminación racial detestable y fraude electoral que, por venir de la izquierda, es invisible para algunos.

Igual de repugnante es la sobradez del Registrador Alexander Vega, 42 años, quien no responde a nada, o responde con desatinos como eso de que “en Colombia es imposible el fraude electoral”.  ¿Imposible?

Vega no quiere abordar el tema del software de escrutinios que compró a hurtadillas en España a la empresa Indra --que vende el sistema Smartmatic que sirvió a tantas elecciones fraudulentas en Venezuela--. Ese costoso software mostró que no vale un kopek: cerca de medio millón de votos que no computó al principio cayeron enseguida de las nubes para favorecer a Petro. Ello muestra que, por lo menos, ese programa es lento y no produce datos exactos. Poco después de la compra del software, Petro dialogó en secreto con el mayor accionista de Indra: el gobierno socialo-comunista español de Pedro Sánchez.

Pero Vega cree que no le debe explicaciones a nadie, ni a la prensa (2) ni al expresidente Andrés Pastrana quien pide respuestas y denuncia las operaciones en España y la relación de Vega con Petro.

Pero el arma fatal del Registrador, el famoso sistema Indra, computador capaz de trabajar con la noción anómala de “voto ponderado”, sigue en la sombra. Nadie ha examinado sus líneas de programación para ver si no hay adulteraciones y si eso explica el cambiazo de votos de esta semana. Mientras ese sistema no sea examinado por altos expertos independientes una espada de Damocles pende sobre las elecciones presidenciales de mayo-junio en Colombia.

Los encuentros y los posibles pactos de Gustavo Petro con partidos extremistas españoles y con el gobierno de Sánchez, y la entrevista sin testigos entre Petro y el jefe socialista español Rodríguez Zapatero, tampoco son objeto de investigación del CNE como si Petro estuviera por encima de la ley.

Si la inusitada reaparición de medio millón de votos favorables a Petro no es un chocorazo en curso y delante de todos para hacerlo invisible, sí se le parece mucho a eso. La congresista Margarita Restrepo, del CD, habló sin rodeos: “El Pacto se está robando las legislativas, y lo mismo harán con las presidenciales. Si nos quedamos callados nos roban la libertad y la democracia. Esos bandidos son capaces de todo.”

Los partidos y la ciudadanía están, a justo título, inquietos y van a aumentar la movilización y la vigilancia sobre las próximas movidas de la Registraduría y del CNE. La destitución de Alexander Vega es urgente y está plenamente justificada. Y “un veedor en cada mesa electoral para parar el fraude” es la consigna para la contienda de mayo.

(1).- https://www.fidh.org/fr/qui-sommes-nous/nos-financements/

(2).- https://twitter.com/olgaiarango/status/1505371206156959744/

(3).-Ver mi artículo “Colombia: ¿Las próximas elecciones serán un modelo de pulcritud?” en La Linterna Azul, Bogotá: http://www.lalinternaazul.info/2022/02/12/colombia-las-proximas-elecciones-seran-un-modelo-de-pulcritud/