Recordemos que cuando inició este Gobierno el País venía de atravesar una situación económica bastante mediocre, donde pasamos de crecer del 4.5% en 2014 al 1.4% en 2017. Una cifra realmente baja que solo fue superada por la registrada en 2009 en medio de la crisis financiera mundial. Además, la tasa de tributación real de las empresas superaba el 70%, la inversión extranjera directa disminuía cada vez más y la deuda pasó del 38.8% del PIB en 2010 al 50% en 2018%.

Por eso, una de nuestras prioridades fue establecer un conjunto de medidas tributarias y fiscales que incentivaran la inversión, la generación de empleo, lucharan contra la evasión y fortalecieran el músculo productivo del País, lo cual realizamos en la Ley de Financiamiento de 2018 y la Ley de Crecimiento Económico de 2019.

En ellas revivimos los contratos de estabilidad jurídica, creamos el régimen simple de tributación, disminuimos la tarifa del impuesto de renta, permitimos eximir del IVA a los bienes de capital, el descuento del ICA, establecimos una exención tributaria para las inversiones agroindustriales y se redujo la tarifa del impuesto a los dividendos, entre otros aspectos.

Asimismo, en materia social se redujo la cotización a salud de los pensionados, se crearon los días sin IVA y se pusieron en marcha incentivos para la contratación de jóvenes, lo cual fue de la mano con el establecimiento de la sobretasa al sector financiero, la facturación electrónica y el fortalecimiento de la DIAN. Medidas claves para aumentar el recaudo y tener más recursos disponibles para destinar a inversión social.

Gracias a lo anterior, durante 2018 y 2019 se logró romper la tendencia de decrecimiento que veníamos teniendo y, de hecho, este último año se registró la cifra de crecimiento económico y de inversión extranjera directa más alta en seis años, lo cual fue acompañado del mayor número de turistas foráneos de nuestra historia, 4.5 millones, y una inflación controlada que no afectó la capacidad adquisitiva de los hogares.

De no haber ocurrido la pandemia muy seguramente hubiéramos mantenido una variación del PIB superior al 4% o 5%, una tasa de desempleo de un dígito y un nivel de endeudamiento cada vez menor.

Dicho esto, el dato de crecimiento económico en 2021 que dio el DANE esta semana, de 10.6%, denota varias circunstancias. En primer lugar, el subsidio a la nómina, los créditos garantizados por la Nación a través del Fondo Nacional de Garantías y las líneas de crédito especiales creadas por los bancos de segundo piso permitieron proteger de manera efectiva a la industria nacional durante la crisis más grave en un siglo.

En segundo lugar, el ingreso solidario y los días sin IVA fueron medidas clave para proteger la capacidad adquisitiva de los hogares e incentivar el consumo, el cual terminó siendo el principal jalonador del crecimiento de 2021.

En tercer lugar, si bien en la Ley de Inversión Social de 2021 tuvimos que incrementar la tarifa de renta de las grandes empresas del 30% al 35%, los demás incentivos a la inversión establecidos en 2018 y 2019 siguieron vigentes, lo cual permitió enviar un mensaje de seguridad jurídica al mercado. Aspecto fundamental para que el sector privado siga poniendo su capital en Colombia.

En cuarto lugar, el crecimiento de 10.6% visto durante 2021 no solamente implica un rebote frente a la crisis del 2020, sino también una variación positiva de 2.8% respecto a 2019. Es decir, recuperamos lo perdido y ganamos más.

Ahora bien, criticar siempre será más fácil que gobernar. Es más sencillo ganar adeptos señalando los faltantes que reconociendo los aciertos. Sin embargo, en materia económica es justo decir que el Gobierno ha hecho una tarea correcta.

Claramente hay aspectos por mejorar y muchos retos por delante, pero financieramente las cosas se han hecho bien. Se sorteó correctamente una crisis global que no acontecía de manera semejante desde hace un siglo y quedaron sentadas las bases para que la próxima administración construya sobre lo construido.