En primer lugar, la consecuencia más directa que causaría esta medida sería un encarecimiento en el costo de los productos y, en últimas, un alza en la inflación, lo cual no solamente sería resultado de adquirir bienes extranjeros a mayor precio, sino de afectar la cadena de elaboración de los ítems locales.

Por ejemplo, el sector agropecuario, uno de los cuales sería objeto de esta medida por parte de Petro, requiere sí o sí de la importación de insumos como fertilizantes, plaguicidas o medicamentos provenientes de Estados Unidos, China, Rusia y Canadá, dado que los que se fabrican en Colombia no logran suplir la demanda del mercado.

Lógicamente, el mayor valor que pagarían las empresas por estos insumos lo trasladarían al consumidor vía alza del precio, toda vez que de lo contrario producirían a pérdida.  Por ello, lo que en principio parecería bueno derivaría en que a las familias colombianas les saldría más costoso comprar la carne, el pollo, el arroz, la leche, los huevos y, en general, hacer el mercado.

En segundo lugar, si se suben los aranceles a las importaciones automáticamente los demás países van a responder con la misma moneda frente a las exportaciones colombianas. Y es apenas lógico. Ninguna nación va a facilitar la venta de nuestros ítems en su territorio cuando la comercialización de sus productos en Colombia es cada vez más complicada.

Claramente, esta situación afectaría de manera considerable a la industria nacional y sus respectivas exportaciones, las cuales quedarían sin salida al no poder competir en precio con los bienes extranjeros.

Además, si el Gobierno toma esta medida frente a países con los cuales Colombia tiene suscritos tratados de libre comercio corre el riesgo de ser demandado ante tribunales internacionales, dado que podría estar incumpliendo estos acuerdos, lo que significaría tener que pagar millonarias indemnizaciones con recursos públicos.

En tercer lugar, nosotros debemos ser conscientes de nuestra posición a nivel mundial y adoptar decisiones realistas a partir de ello. Colombia no es Estados Unidos. El País no tiene el músculo financiero para empezar una batalla arancelaria con China, la Unión Europea o Washington, dado que los más afectados seríamos los colombianos. Ese tipo de medidas son relativamente viables cuando se toman entre Estados con condiciones semejantes, pero si nos aventuramos a bloquear las importaciones terminaríamos aislándonos sin necesidad.

Por ejemplo, la guerra comercial que impulsó el Presidente Trump con China, la cual incluyó la imposición de aranceles a bienes por la suma de US$350 billones, no tenía como objetivo afectar las importaciones per se, sino presionar al gigante asiático para que adquiriera más productos hechos en suelo americano. Es decir, era una estrategia para, en últimas, aumentar las exportaciones. Algo que Estados Unidos, como principal potencia global, podía llevar a cabo, pero que en nuestro caso causaría que esos mercados le cierren la puerta a los bienes colombianos.

Ahora bien, en esta discusión hay un aspecto de fondo que sí es cierto y que debemos corregir. El déficit de la balanza comercial llegó a US$1.519 millones en octubre de 2021, lo cual significa que en Colombia estamos importando más de lo que exportamos.

No obstante, la forma de solucionar este tema no es coger el camino fácil y bloquear las importaciones de la noche a la mañana, sino fortalecer la industria nacional a través de una menor carga tributaria, líneas de crédito especiales y programas de capacitación y acompañamiento para facilitar las exportaciones.

En otras palabras, no podemos sustituir la cultura del trabajo y el esfuerzo con medidas rápidas que traen más problemas que soluciones. Colombia necesita un programa económico serio, viable y concreto que facilite la creación de empresa y potencie la industria nacional sin embarcarnos en locuras financieras que dañen nuestras relaciones comerciales con los demás países ni ahuyenten a los inversionistas.