Ante todo, quiero aclarar que a Luis lo aprecio y lo respeto. Es mi tío y siempre he creído en la importancia de la familia. Sin embargo, su cercanía al Pacto Histórico es una línea roja que bajo ninguna circunstancia cruzaría y que políticamente marca una clara distancia entre los dos. Estoy convencido que no es el camino correcto y me sorprende que una persona tan inteligente como el ex Alcalde haya tomado esa aproximación.

Inclusive, no sé qué tan viable llegue a ser la consulta que se está poniendo sobre la mesa entre Luis Pérez y Petro. Es más, si este proceso entre los dos precandidatos se termina dando, es casi imposible que los seguidores de ambos líderes respeten el resultado y se comprometan a votar por el ganador.

Por ejemplo, si Luis llegara a ganar la consulta, es más factible que los sectores de izquierda que integran el Pacto Histórico voten por el candidato que salga de la Coalición de la Esperanza antes que por el ex Gobernador, así como tampoco veo a las personas que han acompañado a Luis Pérez en la Alcaldía y la Gobernación recorriendo el País defendiendo a Gustavo Petro.

Y quiero dejar claro que no hago estas reflexiones pensando en una eventual reelección al Senado. A estas alturas de mi vida esos intereses personales pasaron a un segundo plano. Mi verdadera preocupación es el futuro de Colombia.

En especial, porque no estoy seguro que nuestra institucionalidad, entendida como el respeto a las reglas de juego y la separación de funciones entre las diferentes ramas del poder público, pueda soportar un Gobierno de Petro.

Por mencionar una situación, nada nos garantiza que él abandone el poder al finalizar el cuatrienio. En repetidas ocasiones él mismo ha manifestado que su proyecto está pensado a más de 10 años y si vemos lo que ha sucedido en el vecindario tanto el chavismo en Venezuela como Ortega en Nicaragua llevan dos décadas aferrados al cetro presidencial a como dé lugar.

Además, buena parte de las reformas económicas que plantea el Pacto Histórico exigen, para poderse implementar, que el petrismo controle por completo el Congreso y el Banco de la República, entidades que en principio no tendrían por qué perder su independencia frente al Gobierno, pero cuyas facultades podrían verse minadas si el ejecutivo se dedica a gobernar acudiendo a los estados de excepción o revive la constituyente, que mal dirigida sería un acabose para Colombia.

Y cómo no mencionar la idea de suspender la exploración de hidrocarburos en el País, la cual, adicional a los fuertes impactos presupuestales de los que hablé la semana pasada, terminaría incrementando el precio de la factura del gas en cinco o seis veces, toda vez que Colombia dejaría de producirlo para depender de las importaciones. Una dinámica que encarecería considerablemente el costo de vida de los hogares colombianos para poder pagar un servicio que hoy funciona a bajo costo y con total normalidad.

En esta misma línea, pensar en financiar el gasto público a través de una emisión masiva de moneda, o sea imprimiendo billetes, causaría un efecto inflacionario tan fuerte que los hogares perderían gran parte de su capacidad adquisitiva, lo que llevaría a que con los mismos recursos compren menos productos. Algo que no beneficia a nadie y perjudica especialmente a los más vulnerables, dado que la inflación termina actuando como una especie de impuesto que castiga a los que menos tienen.

Aunque para algunos estas preocupaciones puedan sonar exageradas, lo cierto es que en América Latina somos países más de caudillos que de instituciones, donde el hiper-presidencialismo se presta para que, en ocasiones, los mandatarios terminen moldeando los Estados a su gusto, casi como si fueran reyes.

Además, la exagerada facilidad con que se puede reformar nuestra constitución deja abierto el camino para que un Gobierno petrista haga y deshaga con ella y ponga contra las cuerdas el marco legal que defiende la propiedad privada. Una situación que muy seguramente ocurriría si el Pacto Histórico asciende al poder.