Que no se olvide, que es al Gobierno y no al Emisor a quien le corresponde dirigir la economía, así como vigilar y controlar los precios del mercado, hoy encarecidos por la suspensión en el suministro a causa de la contingencia sanitaria y el vandalismo promovido por la mal llamada “Colombia Humana”, así como por las prácticas predatorias de un puñado de productores que abusando de su posición dominante expolian a su antojo el mercado, al fijar precios mínimos de venta al consumidor y precios máximos de compra a los proveedores.

Las equivocaciones de la Junta Directiva del Banco son mayúsculas. Al parecer, algunos de sus miembros no han entendido la Teoría de la Intervención Monetaria, útil para combatir la Inflación Monetaria, más no la Inflación Reflectiva originada en la escaséz de commodities, y mucho menos, la Inflación Inducida causada por la delictiva colusión de agentes del mercado.

Tampoco el Emisor ha entendido, que la disminución del costo del dinero es vital en estos momentos para poder mantener el ritmo de la recuperación y con ello, poder retomar el gradiente perdido de crecimiento que mostraba la economía antes del imponderable sanitario.

Las decisiones de la Junta Directiva del Banco reflejan facilismo ortodoxo, así como total insensibilidad e indolencia frente a cientos de sectores económicos que mantienen altos niveles de endeudamiento o requieren fondeo para poder mantenerse en el mercado. El nuevo aumento de la Tasa de Intervención, solo favorece a los bancos y perjudica a toda la población.

Se requiere, que antes que aumentar la Tasa de Intervención, el Banco la reduzca de manera decidida y sin vacilación, forzando la caída de las tasas de interés para aliviar la penosa situación de cientos de miles de deudores, y, además, para disuadir el arribo de capitales extranjeros itinerantes en busca de inversiones especulativas de portafolio que tan pocos beneficios le reportan a la nación.

En los actuales momentos, mantener una Tasa de Intervención cara, con el pretexto de evitar una expansión monetaria y con ello, un brote inflacionario, es un adefesio técnico.

Restringir y encarecer la oferta monetaria en un país desbancarizado y ávido de crédito, en cambio de exigir a las instituciones financieras prudencia en la colocación de créditos de consumo, devela una política lejana a la realidad y cercana al error.

Es inaudito, que el Gobierno esté orientando recursos para subsidiar la tasa de interés de los créditos de vivienda, cuando el mismo Estado puede reducirla; hacerlo, es tanto como dedicar parte del presupuesto nacional para que los bancos aumenten sus utilidades.

Al Emisor le deben sobrar buenas intenciones, pero le faltan razones técnicas para fundamentar sus decisiones. Sus medidas mediáticas y sin contexto se han ido alejando de la prudencia para acercarse a la improvisación.

La infalibilidad que algunos le atribuyen a la Junta del Directiva del Banco de la República, se viene desmoronando, desde que Juan Manuel Santos la politizó e hizo de ella un bazar de la arrogancia y la vanidad.

Pareciera que el Emisor estuviera empeñado en crear una nueva teoría sobre control monetario, de lo contrario no se explica la improcedencia de las medidas que viene adoptando y peor aún, la justificación de las que no ha adoptado, como fue su silencio tolerante ante la reciente especulación cambiaria que situó el dólar por encima de $4.000.

El aumento de la Tasa de Intervención desatará alza en las tasas de interés, lo que lucrará más al sector financiero a expensas de los usuarios del crédito, y, además, encarecerá el dinero, orientará más ahorro hacia la intermediación y desestimulará la inversión y el consumo.

Ojalá que los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República abandonen la arrogancia y escuchen los mensajes claros e inequívocos que les envía el mercado.

Los sabios escuchan.

*Rafael Rodríguez-Jaraba. Abogado Esp. Mg. Litigante. Consultor Jurídico. Asesor Corporativo. Conjuez. Árbitro Nacional e Internacional en Derecho. Profesor Universitario de Derecho Financiero. Miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.