En primer lugar, el proyecto original destinaba $210.1 billones para cubrir los gastos de funcionamiento, tales como los salarios de los funcionarios públicos, las pensiones, las transferencias del Sistema General de Participaciones que financian la salud y la educación de las regiones o el aseguramiento en salud.

A pesar de que varios de estos rubros son inflexibles y se deben cubrir sí o sí, después del primer y segundo debate los ponentes logramos reducir en $1 billón ese monto para destinar esos recursos a inversión.

En segundo lugar, el texto radicado por el Ministerio de Hacienda en julio contemplaba $78 billones para pagar la deuda. Una cifra evidentemente alta que nos dejaba muy apretados los demás componentes. No obstante, el Gobierno Nacional, tras la solicitud que le hicimos desde las Comisiones Económicas, logró renegociar con los acreedores el pago de $6.3 billones, con lo cual podemos ejecutar esos recursos el próximo año sin incumplir nuestras obligaciones crediticias.

Y hago referencia puntual a ese supuesto porque una de las mayores preocupaciones que me dejó el debate del presupuesto en la plenaria fue escuchar a varios miembros de la oposición proponiendo que la Nación dejara de pagar la deuda. Una medida que suena atractiva y emociona a más de un incauto, pero que acarrearía graves consecuencias para el País por varias razones.

Como tal, Colombia históricamente se ha caracterizado por cumplir sus compromisos financieros. O sea, hemos sido buena paga independientemente de qué partido esté en el poder. Esto nos ha permitido tener abiertas las puertas al crédito tanto interno como externo con unas tasas de interés moderadas, dado que el mercado entiende que puede prestarle dinero al Gobierno Nacional sin que después este se vaya a hacer el loco.

De hecho, esta buena reputación crediticia que tenemos fue la que permitió que Moody´s, una de las tres calificadoras de riesgo que evalúan el comportamiento financiero de la Nación, mantuviera el grado de inversión del País.

Por eso, si Colombia deja de pagar la deuda entraría en el peor de los escenarios. Por un lado, las calificadoras rebajarían la evaluación del País y se perdería todo el esfuerzo hecho en la Ley de Inversión Social para estabilizar el déficit fiscal y el endeudamiento. Por otro lado, nos saldría cada vez más costoso financiarnos vía deuda, toda vez que algunos acreedores decidirían no prestarle más recursos al Gobierno y aquellos que lo sigan haciendo elevarían las tasas de interés para compensar un mayor riesgo de no pago.

Sencillamente ese es un lujo que no nos podemos dar. En especial, teniendo en cuenta que el 29% de los ingresos anuales del presupuesto, $102.1 billones, provienen de créditos.

En tercer lugar, y resultado de los dos reajustes anteriores, el componente de inversión se incrementó en $7.3 billones para pasar de $62.2 a $69.6 billones. Una excelente noticia que permitirá hacer posible el paquete de ayudas sociales establecidas en la Ley de Inversión Social y financiar proyectos de infraestructura por $10.8 billones.

Por ejemplo, a nivel territorial Antioquia recibirá $716.026 millones para garantizar el Ingreso Solidario, $598.924 millones para Asistencia a la Primera Infancia, $244.234 millones para las Familias y los Jóvenes en Acción, $167.535 millones para el programa de Colombia Mayor y $88.014 millones para la devolución del IVA. En total, el componente inclusión social ascenderá a $2.3 billones, el de infraestructura en transporte a $2 billones y el Departamento recibirá una cifra final de $6.2 billones, $1.1 billones más que en 2021.

Esto fue lo que logramos después de tres meses de estudiar detalladamente el Presupuesto del 2022. Afrontamos este proyecto con la siempre clara prioridad de destinar más recursos a inversión y generar ahorros en el gasto público. Ahora, queda en manos del Gobierno el deber de ejecutar a plenitud los $350.3 billones a lo largo del próximo año para recuperar la senda de crecimiento económico y cohesión social que registramos exitosamente antes de la pandemia.