Lo hemos dicho insistentemente: el pacto de Juan Manuel Santos con los terroristas de las Farc, además de haber abierto un irremediable boquete de impunidad, trajo consigo un inaceptable desequilibrio en materia de derechos ciudadanos, desbalance que merece ser subsanado y por ello es tan importante la propuesta de amnistía que ha venido impulsando el presidente Uribe.

De acuerdo con la Constitución, ningún colombiano que haya sido condenado por delitos distintos a los políticos -rebelión, sedición y asonada- puede ocupar cargos públicos ni contratar con el Estado. El presidente Uribe ha utilizado el ejemplo del ciudadano hallado culpable y condenado por el robo de una bicicleta. Esa persona, cuya condena no implica privación de la libertad, jamás podrá aspirar a un cargo de elección de elección popular o ser nombrado en la administración pública.

En cambio, personas de las Farc, que están incursas en delitos de lesa humanidad, quedaron amnistiadas de facto, con sus derechos políticos incólumes y ocupando espacios en el Congreso de la República a los que llegaron -y seguirán llegando- al margen de la voluntad popular.

La inequidad ante la ley es una de las peores causales de conflictos sociales. Y en este caso, es evidente el malestar generalizado que causa la realidad construida en La Habana.

Es inaudito que criminales de lesa humanidad tengan cabida en las más altas esferas de la representación democrática, sin haber cumplido con un mínimo en materia de justicia, mientras que millones de colombianos tienen cerrada la posibilidad de acceder a cargos de elección popular por cuenta de sus antecedentes judiciales.

Oportuna y ponderada resulta la propuesta que ha venido impulsando el presidente Uribe en el sentido de que, por una sola vez, se permita que personas que en el pasado recibieron sentencias condenatorias por delitos distintos a los de lesa humanidad, crímenes de guerra y corrupción administrativa, puedan acceder a cargos públicos. Los reincidentes o aquellos que incumplan los compromisos perderán el beneficio otorgado.

Tenemos el deber de superar los desequilibrios que se impusieron arbitrariamente en Cuba. E igualmente, tenemos que encontrar la manera de conceder alivios, también por una sola vez, a millones de ciudadanos condenados. La paz no se construye otorgándole todo a unos pocos y maltratando y olvidando a cientos de miles de compatriotas que han cometido delitos. Sé que el debate no es sencillo y que el problema a resolver no es fácil de comprender.

Pero si efectivamente queremos construir la tan mentada “paz estable y duradera”, nuestro deber es el de poner la mirada mucho más allá, buscando alternativas novedosas y, por qué no, audaces. Por eso, no dudo en estar de acuerdo con la propuesta que está liderando el presidente Uribe. Tenemos que estudiarla, enriquecerla, debatirla, explicarla y, claro, ponerla en marcha.