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Ganamos el poder y nos toca viajar
Por Poncho Rentería
El Tiempo, Bogotá
12 de octubre de 2022
Me encanta la arrolladora Rocío Durcal cantando: “Fumar es un placer sensual, genial y fumando espero al hombre que yo quiero y mientras fumo mi vida yo disfruto bañándome en placer”. El viaje de la señora Verónica Alcocer a Londres y Japón animó a quienes ven necesario el turismo oficial y van cantando: “Viajar es un placer sensual”.
Viajó hace siete días la alcaldesa de Bogotá Claudia López. Empezó larguísima gira de quince días. Es incansable, lanzará quince discursos, tendrá quince almuerzos, tendrá quince encuentros fraternales con los compañeros europeos línea “el Pueblo Unido jamás será vencido”. Allá la atienden miles de paisanos publicistas del petrismo, cuídese de contarle a los europeos el despistado plan de construir un tren aéreo ecológico de Buenaventura a Barranquilla.
La alcaldesa Claudia hará convenios, estrechara relaciones política para su campaña presidencial y contará que “tenemos un Metro en marcha” y relativa seguridad urbana. Claudia alcaldesa en super-gira, hoy tiene fatiga mental de tantas movidas, hoy duda si está en martes o en miércoles. Claudia López: pregunte allá cómo atajan los “antidisturbios” a los “ultras y braveros” en las manifestaciones.
Más del turismo. Un exparlamentario liberal ,un campeón del turismo oficial, que viajó quince veces por Barcelona, Moscú, Madrid, Roma y Méjico con tiquetes pagos y dólares oficiales, me comentó ayer en la cafetería OMA: “Viajar de gratis es la gloria , uno es feliz como ninguno, fui parlamentario quince años y gocé esos viajes, regalo de los paga-impuestos”.
Tiquetes y viáticos en dólares a cuatro mil quinientos pesos es una dupleta tan poderosa como Asprilla y Rincón o como Messi y Mbappe. En los últimos cincuenta años centenas de alcaldes y gobernadores con placer sensual gozaron ese turismo. El Presidente Petro y Francia Márquez prometieron acabar esa viajadera por derrochona. Veremos si cumplen.
En la peluquería señorera una abogada petrista plantó a las críticas de Verónica y de Claudia López diciéndoles: “Se les nota la envidia, les duele que viajemos nosotras que no somos de la oligarquía, antes no criticaban los tours viajeros de viceministras, primeras damas, expresidentes y ex alcaldes bogotanos, entiendan: se volteó la tortilla, queremos gobernar bien y viajar y viajar”. Imposible discutirles: viajar es un placer sensual… con tiquete oficial.
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Demagogia y fracaso: tres millones de hectáreas para imponer la reforma agraria socialista
Por Eugenio Trujillo Villegas
La Linterna Azul, Bogotá
https://www.lalinternaazul.info/2022/10/10/demagogia-y-fracaso-tres-millones-de-hectareas-para-imponer-la-reforma-agraria-socialista/
10 de octubre de 2022
El Gobierno y Fedegán (Federación Nacional de Ganaderos) acaban de anunciar un incomprensible acuerdo en el cual los ganaderos le venderán al gobierno tres millones de hectáreas, para que en ellas se adelante el programa de Reforma Agraria contemplado en el Acuerdo de paz con las FARC.
¿Cómo explicar un hecho tan absurdo? Los propietarios rurales siempre han defendido sus tierras a capa y espada, enfrentando la guerrilla, el terrorismo, el narcotráfico, los invasores y a cuantos malandrines hay en este País. ¡Pero resulta que ahora se las quieren vender al gobierno! Esto, que parece inverosímil, exige una explicación.
Causas remotas de esta catástrofe
Haré el análisis en varias etapas, pues como es natural, un acontecimiento de tanta trascendencia no acontece de la noche a la mañana. Primero: En el 2016 se firmó el Acuerdo de paz entre Santos y las FARC, en el cual quedó establecido que el Gobierno haría una “Reforma Rural Integral”, inicialmente sobre tres millones de hectáreas, pero con el tiempo debería llegar a diez millones de hectáreas. En la época, Tradición y Acción alertó a Colombia sobre ese punto infame del Acuerdo, pero los dirigentes agropecuarios respondieron despreocupadamente que eso sería letra muerta por siempre y que nunca iba a pasar. Expropiar 3 millones de hectáreas productivas, tal como está escrito en el Acuerdo con las FARC, es desmantelar la producción agropecuaria de Colombia.
Segundo: El Acuerdo se sometió a un Plebiscito que ganó el No, pero el resultado se lo robaron entre el expresidente Santos, el Congreso de la República y la Corte Constitucional. Y lo que fue rechazado por el pueblo colombiano, terminó siendo incorporado a la Constitución en forma fraudulenta, ilegal e inconstitucional.
Tercero: El gobierno de Iván Duque, que sucedió a Santos, implementó a rajatabla todos los puntos del Acuerdo, aunque él mismo prometió derogarlo mientras era candidato presidencial. Eso pavimentó el camino para el triunfo de Petro.
Cuarto: Duque fue sucedido por Petro, lo cual parecía impensable. Y cuando el candidato marxista llegó a la presidencia comenzó a imponerle al País todas sus propuestas marxistas. Esto ha provocado un verdadero pánico económico, pues todas las actividades empresariales de Colombia están paralizadas.
Quinto: Desde mucho antes de su posesión como presidente, Petro ha auspiciado las invasiones de tierras y los conflictos con los indígenas. Esto disparó las invasiones, que ahora suman centenas y se extendieron a casi todos los departamentos. Los invasores exigen que esos predios sean entregados a los indígenas, a los campesinos, a los guerrilleros y a los agitadores.
Sexto: Las invasiones de tierras son de tal magnitud, que para los propietarios rurales ahora resulta mejor negocio venderlas al Estado a cualquier precio, que iniciar interminables procesos judiciales para defenderlas de los invasores, que evidentemente están protegidos por el Gobierno. Además, los impuestos prediales aumentarán en tal forma que serán impagables, contribuyendo a forzar a los propietarios a vender al Estado. Así, en tan solo dos meses se derrumbó la confianza en el Estado de Derecho y en la legitimidad de la propiedad privada.
Séptimo: Sin expedir ningún decreto de expropiación, los propietarios acuden al gobierno para venderle sus tierras, por las cuales lucharon durante décadas, con lo cual se ejecutaría una Reforma Agraria a la inversa. El Estado no expropia, pero los propietarios ofrecen “voluntariamente” al Estado 3 millones de hectáreas para que se las paguen por mucho menos de lo que valen, con bonos del Estado, a 10 o 15 años de plazo. Se creó una situación artificial e inducida en la cual es mejor negocio vender al Estado, que esperar a que lo invadan para que la pérdida sea total.
Octavo: Se ha creado un proceso inédito en el mundo, que es la radiografía de la demolición de Colombia. Se dan las condiciones psicológicas, jurídicas y empresariales, para que quienes han construido a Colombia por décadas, ahora acudan a una ventanilla siniestra de la Agencia Nacional de Tierras y le ofrezcan en venta al gobierno sus tierras productivas.
Noveno: Como no podría faltar en este proceso de auto-demolición de Colombia, todas las maquinarias de la corrupción política están siendo activadas. Ahora viene la puja para avaluar los predios a mejores precios, que se paguen lo más pronto posible y que sean escogidos entre los primeros a ser negociados antes que se acabe el dinero. Y en cada uno de estos eslabones de corrupción habrá un soborno a pagar.
Comenzó la imposición de la miseria
¡Lo impensable se hizo realidad! Ha comenzado la imposición de la miseria marxista y para ello se emplearán todas las formas posibles de coacción. Se inicia con el sector agropecuario, pero inmediatamente después seguirá con la industria, el comercio y la banca. El ordenamiento jurídico de la nación comenzó a desaparecer, y en consecuencia, la criminalidad comenzará a gobernar, mientras que los ciudadanos honestos van a ser desplazados de todas las actividades legítimas.
Comenzarán a desaparecer las inversiones agropecuarias, comerciales e industriales, trayendo como consecuencia inevitable el desempleo y el desabastecimiento de los productos de primera necesidad. Y si a esto se le suma la crisis mundial de producción de alimentos por la guerra de Ucrania, y las dificultades logísticas surgidas por la pandemia, lo que se está gestando en Colombia es poco más o menos que una guerra civil, en medio de una acción demoledora del Estado para acabar con la propiedad privada, la libre iniciativa y los derechos legítimos de los ciudadanos.
La disyuntiva de Colombia: ¿entregarse o resistir?
Los ganaderos y agricultores no deberían capitular y vender sus tierras. Más bien deberían defenderlas de la arremetida socialista, hacer valer sus derechos y defender la Patria. Siempre será mejor luchar con honor por la defensa del País, que capitular ante la demagogia mentirosa del Gobierno. Si se entregan, después el Gobierno hará lo mismo con la industria y el comercio, y entonces tendremos el ejemplo vivo del estado marxista, dueño de todo, con una población miserable que renunció a la libertad, al progreso y a la dignidad.
Sobra decir que en ningún lugar del mundo la reforma agraria socialista y confiscatoria aumentó la producción agropecuaria, o mejoró las condiciones de vida de los campesinos. Ninguna tierra repartida por los programas de Reforma Agraria es productiva, porque los demagogos que promueven este adefesio desconocen los elementos indispensables que permiten la producción agropecuaria. Y el primero de ellos es el respeto a la propiedad privada.
Además de la tierra, para producir alimentos se necesita tener riego, maquinaria agrícola, fertilizantes, fungicidas, financiación, vías adecuadas y comercialización nacional e internacional. Además, hay incontables contingencias adversas que un agricultor debe enfrentar y resolver con el criterio de un gerente eficiente. Sobre todo, se debe tener vocación para ser agricultor o ganadero, que no se adquiere con arengas marxistas, ni entregando tierras a quienes no tienen la menor idea de lo que se puede hacer con ellas.
¿Alguien del Gobierno habrá pensado en destinar a este programa las 250.000 hectáreas sembradas en coca? ¿Y otras 250.000 que han sido confiscadas a los narcos, que ahora son del Gobierno y están abandonadas? Allí hay por lo menos 500.000 hectáreas si es que de verdad se quiere comenzar una transformación agropecuaria que favorezca a los campesinos y que genere empleos legítimos. ¡Y ni siquiera es necesario comprarlas!
¡Lo que está haciendo el Gobierno es destruir en semanas lo que se ha construido en décadas!
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No se equivoquen con Lafaurie
Por Carlos Alonso Lucio
Contexto Ganadero, Bogotá
https://www.contextoganadero.com/columna/no-se-equivoquen-con-lafaurie
10 de octubre 2022
El presidente de Fedegán, a quien los extremistas no bajan de paramilitar, dio una gran lección de lo que debe ser un dirigente gremial firmando el acuerdo con Petro.
El acuerdo sobre tres millones de hectáreas al que llegaron el gobierno Petro y Fedegán es algo que nos tomó por sorpresa a todos. Sorprendente, sobre todo si se tiene en cuenta que se dio entre las dos antípodas más distantes de la geometría simbólica colombiana: una izquierda que graduó de paramilitares a todos los ganaderos y unos ganaderos que pusieron el mayor número de asesinados, secuestrados y extorsionados por parte de las guerrillas de izquierda.
Ver publicada directamente en el twitter del presidente Petro la foto de la ministra Cecilia López y del presidente de Fedegán sellando el acuerdo constituye uno de los mensajes más importantes en lo que va corrido de este gobierno. Basta con haber percibido el ambiente hostil que ha predominado entre el gobierno y el empresariado para entender la importancia del pacto.
Lo primero y más importante: la ruptura entre los empresarios y el gobierno no es inevitable; el diálogo puede funcionar. No me cansaré de insistir en que nada sería tan grave para la economía como permitir que la confianza de los millones de empresarios siga deteriorándose por causa de los extremistas del Pacto Histórico que se empeñan en señalar a los empresarios como los responsables de todos los males.
Para la muestra un botón: los extremistas no han tenido empacho en criminalizar a sectores enteros de la sociedad. Para ellos los ganaderos son paramilitares. Sí es cierto que hubo ganaderos que financiaron a los paramilitares. Como también los hubo políticos y militares, industriales y comerciantes. También hubo guerrilleros como Jojoy y como Marulanda que montaron ganaderías a punta de secuestro, narcotráfico y fusil para vivir como ganaderos. Pero como ganaderos ricos, que son la minoría, porque la gran mayoría son ganaderos pobres como los campesinos pobres que tienen que sufrir las dictaduras de los bandidos ricos y los políticos corruptos de las regiones sometidas por organizaciones criminales que dicen llamarse de izquierda, las unas, y de derecha, las otras. Eso sí, todas dueñas de tierras y ganados.
Los extremistas no bajan a Lafaurie de paramilitar. No se equivoquen, Lafaurie es un líder particularmente inteligente, muy formado intelectualmente y con la experiencia que deriva de una larga trayectoria. De todo esto acaba de hacer gala con la firma del acuerdo con el gobierno. Lafaurie acaba de dar una magnífica lección de lo que debe ser un dirigente gremial.
Un dirigente gremial debe combinar con destreza los tres criterios fundamentales que permitieron el acuerdo Petro-Lafaurie: en primerísimo término, la firmeza. Lafaurie no cayó nunca en el miedo y la blandenguería. Desde el principio dejó claro que los ganaderos están dispuestos a movilizarse, de frente y de cara al mundo entero, para defender sus derechos, sus empresas y sus familias. En segundo lugar, la razón. Nunca confundir la razón con la ideología. Ni controversia con insultos. Por más que lo insultaban no se dejó caer en el Triángulo de las Bermudas de la polarización. Entendió que en la democracia los argumentos son más importantes que las Primeras Líneas. Entendió que en la economía es más importante ser razonable que tener la razón.
Por último, la economía, La economía por encima de la política. El deber de los empresarios no es tumbar gobiernos sino hacer hasta lo imposible para que los gobiernos hagan las cosas bien. Eso fue lo que hizo Lafaurie como líder gremial: hacer que el gobierno entrara en razón respecto de su sector empresarial. Al final, el deber de los empresarios es ayudar a que al país le vaya bien independientemente de si los gobiernos son de izquierda de centro o de derecha. Palabras más, palabras menos, las tres palabras de los empresarios siempre deben ser: Democracia, Progreso y Justicia Social. Felicitaciones al presidente Petro y a la ministra Cecilia López por la madurez con que manejaron este diálogo. Para eso es el diálogo. Felicitaciones a José Félix Lafaurie. Ojalá que otros ministros y sectores como los de la salud, la minería y el financiero, por ejemplo, aprendan de esta experiencia. ¡Palabra que sí!
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Colombia: la Corte Constitucional debe revisar la aprobación del acuerdo de Escazú
Infobae, Bogotá
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/10/11/corte-constitucional-debe-revisar-aprobacion-del-acuerdo-de-escazu-antes-de-que-sea-ley-en-colombia/
11 de octubre de 2022
No es ley todavía. Este tratado regional ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, mientras que, incluyendo la ratificación por parte de Colombia, sólo son 14 los que lo han firmado y ratificado. El Acuerdo de Escazú, pese a haber sido firmado por Colombia el 11 de diciembre del 2019, ha enfrentado una ratificación difícil en el legislativo.
En la noche del lunes, 10 de octubre, el Congreso de la República aprobó con 119 votos a favor y uno solo en contra, el proyecto de ley que busca la ratificación de Colombia en el Acuerdo de Escazú. Con la legitimación del órgano legislativo, el proyecto de ley debe atravesar por otros dos procesos antes de llegar a ser ley de la República.
La Corte Constitucional debe revisar el documento que fue aprobado para evaluar que todo lo que allí se dispone cumpla con las normas constitucionales del país y no transgreda otros derechos que se consagran en la Constitución Política de Colombia. De igual forma, el alto tribunal va a verificar que el proceso que cursó en el Congreso de la República haya sido transparente y, en ningún momento, haya tenido vicios de forma.
Mientras los magistrados de la Corte Constitucional entregan su visto bueno, el documento también debe ser repasado por parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Este departamento, se encargará de revisar que el proyecto de ley cumpla con el marco legal del país, para que así tenga un fundamento jurídico al momento de su sanción presidencial. Luego de surtir estos dos procesos de revisión, y contando con la aprobación de ambos, el proyecto pasará a sanción presidencial. Allí, con la firma del presidente, Gustavo Petro, su ratificación a nivel internacional y su implementación en el país serán un hecho.
Este tratado regional ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe, mientras que, incluyendo la ratificación por parte de Colombia, sólo son 14 los que lo han firmado y ratificado. (El Acuerdo de Escazú) “tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible” señala el artículo 1ro del tratado desarrollado en Escazú (Costa Rica).
El Acuerdo de Escazú busca cimentar las vías legales y jurídicas para que los ciudadanos de los países de la región latinoamericana tengan las posibilidades de acceder a toda la información relacionada con los derechos medioambientales. De igual forma, establece lineamientos para que las personas tengan el derecho a participar en las esferas públicas y políticas en defensa de los derechos que pretendan proteger el medio ambiente. Otro aspecto importante refiere a los mecanismos de la justicia que los países deben disponer para los líderes medioambientales.
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Por qué el acuerdo de Escazú es nefasto
Por Alejandra Gómez
Infobae, Bogotá
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/09/04/acuerdo-de-escazu-los-pros-y-contras-del-acuerdo-ambiental-en-colombia/
4 de septiembre de 2022
María Fernanda Cabal, senadora del partido Centro Democrático, explicó a Infobae que el acuerdo de Escazú da pie a que el Estado firmante recaiga en una “duplicidad normativa que generaría inseguridad jurídica, en asuntos vitales para el ordenamiento como el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia ambiental”.
En concordancia está Roberto Bruce, vicepresidente de Fedegán, quien en el marco de la audiencia explicó que actualmente Colombia ya cuenta con una normatividad extensa en la que no solo se comprenden aspectos como la participación ciudadana, sino también la protección al medioambiente ampliamente definida a través de licencias, planes de manejo y guías ambientales etc.
En tal sentido, dicha ratificación sólo contribuiría a sumar dificultades “que pueden llevar a situaciones insolubles respecto al adelantamiento de proyectos de interés nacional, desincentivar la inversión que tanto necesita el país y frenar la moderada senda de crecimiento y recuperación en la que nos encontramos bajo nuestro marco jurídico vigente”.
Deroga la soberanía nacional
Uno de los grandes temas alrededor del cual se ha creado un debate es lo que respecta a la soberanía. La abogada Mónica Villa Moreno, miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Exploración Acexplo y abogada especialista en derecho minero, aseguró que “el Acuerdo de Escazú es un cheque en blanco que entrega la soberanía a las Naciones Unidas”. En ese sentido, Mónica Villa Moreno menciona al artículo 95 de la Constitución colombiana como suficiente normativa para nombrar a todos los ciudadanos defensores del medioambiente y de los derechos humanos. “¿Por qué entregarle a las Naciones Unidas la decisión de si lo estamos haciendo bien, regular o mal, con las sanciones que ello trae, como si no fuéramos capaces de gobernarnos a nosotros mismos?”, indagó.
María Fernanda Cabal afirmó que el acuerdo de Escazú transfiera a otros las decisiones de los particulares y del mismo Estado. “Este acuerdo le da legitimación a terceros para controvertir por vía administrativa o judicial las decisiones de particulares sobre su propiedad y de las comunidades étnicas. Les permite acudir también a los tribunales internacionales y pedir medidas cautelares ante estos para frenar proyectos minero-energéticos, agrícolas entre otros, claves para el desarrollo del país y sus regiones. En la práctica, con Escazú, se activa la Corte Internacional de Justicia, que permitiría a los Estados demandar a otros cuando considere que se está generando un daño ambiental transfronterizo. Esta, es una clara violación al principio de la soberanía nacional”.
Medios de información
Hernando Alfonso Escobar Isaza, en representación de la Asociación Colombiana de Minería, señala que el Acuerdo de Escazú no fortalece la democracia ambiental y tampoco los medios de información. “Ya existen desde 1984 suficientes normas para que el Estado entregue toda la información con excepción de los expedientes penales en investigación y las actas de los consejos de ministros. ¿Por qué cuando se envía un derecho de petición el Estado no contesta? El Estado no cumple las normas. Y ustedes, ¿qué le están proponiendo? Que el Acuerdo de Escazú, que es otra norma más, resuelva ese problema. No lo va a resolver, no lo puede resolver”, dijo en el marco de la audiencia pública.
Éste punto también lo expone la senadora Cabal, al destacar que de nuevo significa duplicidad normativa, en cuanto a que “contamos jurídicamente en Colombia con: Constitución Política, artículo 23 y artículo 74; Ley 1712 de 2014; Ley 1755 de 2015; Planes estratégicos sectoriales que garantizan la transparencia en sus procesos; Plataformas ANLA (Vital y Ágil); Sistemas de información de las CARs. En el caso de la Participación pública en asuntos ambientales, encontramos el siguiente desarrollo normativo: Constitución Política, Artículo 79; Ley 1757 de 2015; Convenio 169 de la OIT – Consulta previa y Sistemas de consulta de las Autoridades Ambientales”.
Protección a líderes ambientales
Hernando Alfonso Escobar Isaza, en representación de la Asociación Colombiana de Minería, durante el desarrollo de la audiencia pública se manifestó escéptico. “El acuerdo sólo establece normas de tipo declarativo, no existe una sola norma que proteja un defensor”, dijo. En ese orden de ideas, cuando se le preguntó a la senadora María Fernanda Cabal sobre las formas en las cuales el acuerdo podría mejorar y garantizar la seguridad de los líderes ambientales, ella manifestó que en la actualidad el Estado ya provee estas medidas. “En Colombia los llamados líderes sociales sufren la persecución y la amenaza de los grupos terroristas. De acuerdo con información de la Unidad Nacional de Protección, para 2021, el 49 % de los protegidos eran líderes sociales. Además de los mecanismos de protección constitucional y legal que le asiste a cada ciudadano, el Estado debe garantizar la seguridad de todos”.
Artículo completo:
https://www.infobae.com/america/colombia/2022/09/04/acuerdo-de-escazu-los-pros-y-contras-del-acuerdo-ambiental-en-colombia/
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La batalla por la historia
Por Luis Guillermo Vélez
El Colombiano, Medellin
https://www.elcolombiano.com/opinion/columnistas/la-batalla-por-la-historia-BD18825884
10 de octubre de 2022
Las opiniones que la gente tiene sobre la historia de su país inciden decisivamente en sus posiciones políticas. En la formación de esas opiniones los mitos históricos desempeñan un papel más importante que los mismos hechos históricos, que son desfigurados, ocultados y sustituidos por aquellos.
Los mitos históricos, explica Hayek, son construcciones derivadas de las concepciones históricas dominantes que se enseñan en la escuela y se moldean a través del cine, la literatura, el periodismo y el discurso político. La escuela de la “Nueva Historia”, de Jaramillo Uribe y sus discípulos, creó los mitos que alimentan los sentimientos anticapitalistas, antiliberales y antidemocráticos de amplios sectores de la sociedad, especialmente las generaciones más jóvenes.
El informe de la comisión encabezada por Francisco de Roux está destinado a la construcción de un nuevo mito, el de una insurgencia liberadora que se habría levantado a mediados de los años sesenta del siglo XX contra el “régimen excluyente” del Frente Nacional; presentado como un acuerdo de élites, desconociendo que fue refrendado por el 99 % de los votantes en el plebiscito de más alta participación en la historia colombiana.
Al igual que en otros países de América Latina, en Colombia, los principales grupos insurgentes —Farc, Epl y Eln— nacieron en los años 60, en medio de la Guerra Fría, vinculados a variantes del movimiento comunista internacional y financiados desde la Unión Soviética, China y, principalmente, Cuba, donde también recibieron entrenamiento militar y encontraron refugio cuando lo necesitaron.
Con la caída del comunismo en Europa oriental, el colapso de la Unión Soviética y la transformación de China en esa combinación de capitalismo y totalitarismo, la insurgencia armada, falta de soporte ideológico y financiero, se extinguió en América Latina; excepto en Colombia, donde las bonanzas de la cocaína y el petróleo resucitaron al Eln, derrotado por la operación Anorí, de la que salió con 70 guerrilleros, y a las Farc, que en 1980 tenían solo 980 hombres distribuidos en diez frentes.
La vinculación exitosa a la actividad del narcotráfico dio nacimiento a una guerrilla cada vez más descompuesta y lumpenizada, pero con grandes medios financieros que le permitieron expandirse fuertemente en todo el territorio nacional. A finales de los 90, cuando comenzaron las absurdas negociaciones del Caguán, las Farc tenían cerca de 17.000 guerrilleros en 63 frentes y el Eln unos 5.000 en 33.
En el informe de Roux hay sesgos inaceptables como la equiparación de la fuerza pública con lo que finalmente no eran más que bandas de narcotraficantes y la minimización de sus más terribles atrocidades, como la masacre de Bojayá, perpetrada por las Farc, y la de Machuca, por el Eln, que se tratan en un par de líneas y se presentan como daños colaterales.
Es inaceptable la apología de una guerrilla criminal que martirizó a “un país democrático, con elecciones libres, una estructura del Estado con división de poderes, leyes garantistas y medios de comunicación independientes”, como lo describe el mismo informe de la comisión de Roux.
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Una mujer en Irán
Por María Clara Ospina
10 de octubre de 2022
En Irán una mujer puede perder su vida simplemente por llevar mal puesto el velo que debe cubrirle la cabeza. En el Irán de los ayatolas, la vida de una mujer vale poco. Masha Aminí, una joven de 22 años que hace unas semanas visitaba la capital de Irán, fue detenida y golpeada por la “policía moral” por tener mal puesto el velo, o hiyab, el cual estaba obligada a usar para cubrir su cabello. Los golpes que recibió fueron tan fuertes que la dejaron en coma y causaron su muerte tres días después, estando bajo custodia de dicha policía religiosa.
¡Cómo puede ser posible este crimen en pleno siglo XXI! El mundo no puede continuar callando ante leyes y gobiernos que promueven este tipo de actuaciones. Estos crímenes contra la mujer no pueden continuar siendo ignorados por las cortes internacionales con la excusa de representar leyes religiosas o costumbres arcaicas y criminales contra una persona simplemente por su sexo. Este crimen no puede ser ignorado por nadie; mucho menos, por las comunidades musulmanas globales.
Los iraníes han salido masivamente a las calles de ciudades y pueblos a protestar este miserable crimen. Inclusive, ha habido golpizas contra agentes de la “policía moral” que se ha atrevido a continuar su persecución contra las mujeres. El asesinato de Aminí colmó de repudio a los iraníes contra el régimen clerical chiíta encabezado por el ayatola Ali Jamenei, que controla el país.
El repudio internacional debe ser rotundo. Los grupos feministas, tan activos en otros casos, deberían estar manifestándose en contra al maltrato de las mujeres en los países musulmanes. Mucho les importa a algunas mujeres poder abortar, pero poco les importa la vida y la defensa de la mujer en los países musulmanes. Quizás, las pirómanas que intentaron incendiar la Catedral Primada de Colombia harían mejor manifestándose contra este horrendo crimen de la “policía moral” iraní.
Lo mismo digo de la ONU y las ONG tan activas en otros casos y tan silenciosas en la defensa de los derechos humanos de la mujer en los países musulmanes. Derechos como son el de recibir una educación, no ser obligadas a contraer matrimonio en su adolescencia, poder salir de su casa sin tener que ser acompañada por un hombre además de tener su permiso, a no cubrirse el pelo, lacara y el cuerpo. Derechos tan básicos como montar bicicleta, manejar un automotor o tener un celular para hablar con quien quieran.
No es esta la primera vez, desde que los Ayatolas se tomaron el poder en Irán hace más de 40 años, que el pueblo iraní se manifiesta en contra del régimen clerical; pero siempre sus manifestaciones han sido violentamente reprimidas por escuadrones radicales que defienden la dictadura de los ayatolas. El resultado han sido siempre miles de muertos y desaparecidos. Hoy, ya hay más de mil detenidos y cientos de muertos. En otras ocasiones estas cifras se han multiplicado rápidamente, sin que se logre acabar con la dictadura.
¿Cuánto vale la vida de una mujer en Irán? ¿Cuánto en Colombia? En Colombia poco ha actuado la JEP para castigar los crímenes de las FARC y otros grupos criminales contra las mujeres. Ojalá la muerte de esta joven mujer logre liberar a Irán del régimen de los ayatolas.
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Putin aplica una fallida estrategia hitleriana: las Vergeltungswaffen
Contando Estrelas, Madrid
https://www.outono.net/elentir/2022/10/10/la-fallida-estrategia-de-la-sgm-que-putin-esta-aplicando-en-ucrania-y-lo-que-significa/
11 de octubre de 2022
Esto viene siendo la tónica habitual de Rusia en los últimos meses: Ucrania logra alcanzar objetivos de alta importancia militar (por ejemplo el puente de Kerch, que conecta Rusia con Crimea y que era utilizado por los rusos para enviar vehículos y suministros militares por vía férrea), y como venganza Rusia ataca a la población civil ucraniana, en una campaña de terror que sólo busca destruir la moral de resistencia de los ucranianos.
La estrategia que está aplicando Putin no es nueva. La Alemania nazi ya hizo algo parecido entre 1944 y 1945 mediante las llamadas Vergeltungswaffen (Armas de represalia), concretamente los misiles V1 y V2, unas armas muy modernas y hasta podría decirse que ciertamente revolucionarias para esa época. La campaña de las Vergeltungswaffen fue mucho más brutal que la de Putin: en el citado periodo, los alemanes lanzaron principalmente contra el Reino Unido y Bélgica más 12.000 V1 (que mataron a más de 6.000 personas, sobre todo en Inglaterra) y unos 5.000 V2 (que mataron a más de 7.000 personas).
Al igual que está haciendo Rusia en Ucrania, Alemania utilizó esas armas para responder a éxitos militares de los Aliados. De hecho, los primeros lanzamientos de V1 contra Londres se hicieron una semana después del Desembarco de Normandía. Hay que señalar que eran armas notablemente eficaces, incluso si las comparamos con los bombardeos aéreos aliados contra Alemania. Sin embargo, sus efectos estratégicos no compensaron los cuantiosos recursos que se invirtieron en ellas, ya que no lograron frenar el avance aliado y tampoco consiguieron mermar la moral de lucha de los enemigos de Alemania. Además, su fabricación a gran escala distrajo muchos esfuerzos de la fabricación de otras armas que sí habrían tenido más efectos en el campo de batalla, especialmente aviones, piezas de artillería y carros de combate.
Al final, a pesar de ser armas muy modernas y muy eficaces, las Vergeltungswaffen no lograron torcer un desarrollo de los acontecimientos marcado por la errónea estrategia de Hitler, al haber abierto un frente innecesario en Rusia que acabó distrayendo mucho personal y material de otros frentes. Y es que de poco sirve tener armas temibles y muy avanzadas si se utilizan como parte de una estrategia desacertada. Eso es precisamente lo que le está ocurriendo a Rusia.
La estrategia de venganza de Putin demuestra su desesperación
Las fuerzas ucranianas vienen protagonizando una exitosa contraofensiva en el último mes ante un ejército ruso que se ha batido en retirada en muchas localidades, a menudo dejándose material intacto que es capturado por los ucranianos. Por culpa de los errores de Putin, que incluyen la concepción misma de la invasión y el hecho de haber subestimado la capacidad de resistencia de los ucranianos, las bajas rusas en siete meses de guerra en Ucrania ya superan a las bajas soviéticas en diez años de invasión de Afganistán. Es un desastre monumental y es imposible de ocultar, por mucho que el Kremlin y sus entusiastas sigan fiándolo todo a la más burda propaganda.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el recurso de Hitler a las Vergeltungswaffen demostró que estaba desesperado y acabado. La propia concepción de esas armas como instrumentos de venganza, con una escasa relevancia en el desarrollo de las operaciones militares (ya que no eran armas de precisión y no podían utilizarse para destruir unidades militares o infraestructuras concretas), demostraba que el dictador alemán las utilizó como una carísima y enorme pataleta que fue incapaz de evitar su derrota militar. De hecho, ese ánimo de venganza, movido por la desesperación, sólo sirvió para nublar todavía más la visión estratégica del dictador alemán.
Los misiles de Putin no detienen la contraofensiva ucraniana
En la guerra que estamos viendo actualmente, Rusia ha demostrado tener muchos misiles balísticos, pero cada vez más obsoletos e imprecisos a medida que iba consumiendo su armamento más avanzado en los primeros meses de la invasión. Igual que ocurrió con los V1 y los V2, los misiles de Putin no sirven para detener el avance de la contraofensiva ucraniana.
Para conseguir eso, Rusia no sólo necesitaría mejor y más moderno material militar (actualmente Rusia está recurriendo a viejos tanques T-62 ante las enormes pérdidas que ha sufrido de ese tipo de vehículos blindados, lo cual da una idea del lamentable estado de su ejército), sino sobre todo soldados bien preparados y con una elevada moral de combate. En vez de eso, Putin ha ordenado una movilización masiva de reservistas y reclutas con una baja preparación y con una moral de combate ínfima, a los que les proporciona fusiles oxidados y que llegan borrachos a los centros de reclutamiento. Son los que vienen a reemplazar a unos soldados profesionales que han acumulado grandes bajas en los primeros meses de la invasión.
El panorama que dibuja Rusia con estas torpes decisiones de Putin recuerda también la movilización desesperada que hizo Alemania con el llamado Volkssturm en 1944 y 1945, alistando a adolescentes y a hombres de edad avanzada para hacer frente a los soldados aliados ya en suelo alemán. Pero si Hitler echó mano de ese último recurso para intentar frenar el avance aliado en Alemania, lo más absurdo es que Putin está recurriendo a eso para sostener una invasión contra otro país, una invasión absurda y fruto de sus desvaríos nacionalistas. Este disparate se explica también por otra característica común entre la Alemania nazi y la Rusia actual: tener a un autócrata al frente, incapaz de reconocer sus errores y rodeado de aduladores que le tienen miedo, es fatal para un país en guerra. Con ello, Alemania fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Rusia va camino de obtener el mismo resultado con su invasión de Ucrania.
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