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Álvaro Gómez: magnicidio impune

Por José Félix Lafaurie Rivera

Contexto Ganadero, Bogotá

https://www.contextoganadero.com/columna/alvaro-gomez-magnicidio-impune

5 de noviembre de 2021

En diciembre de 2017, y después de una larga batalla jurídica por parte de la familia de Álvaro Gómez Hurtado, la Fiscalía decidió declarar de lesa humanidad el magnicidio del político conservador y fundador del Movimiento de Salvación Nacional.

Esa fecha es importante, porque, después de 22 años de “ires y venires” de la justicia, por fin se podría abrir camino la verdad, que apuntaba a un “crimen de Estado” en medio de los escándalos del Proceso 8.000, como relata Enrique Gómez en su libro ¿Por qué lo mataron?

La investigación avanzaba, pero, tres años después y a 25 del magnicidio, se desencadena, como de la nada, una serie de sucesos, por demás sospechosos, que cambiaron el rumbo al caso. El primero fue, en septiembre de 2020, una reunión en casa del exministro Cristo, con su exjefe Santos, el senador Cepeda y los exguerrilleros Timochenko y Lozada, ante la cual salió al baile Piedad Córdoba, con unos trinos sobre la presunta responsabilidad de las Farc en el asesinato.

No había terminado ese septiembre, cuando el entonces partido Farc, como “saliendo al paso” y dizque arrepentido, le envía una carta a la JEP, su “justicia de bolsillo”, asumiendo la responsabilidad del magnicidio. Como quien dice, “caso cerrado”.

En noviembre, y después de un jueguito de sí-digo-pero-no-digo, alias “Teodora” sale con una historia increíble: Cualquier día, toca a su puerta un exguerrillero de las Farc y le suelta, así nomás, que él fue quien disparó y que, por esa razón, Lozada lo quería matar.

Lozada, por su parte, confirmó ante la JEP su escalofriante confesión: “Yo ejecuté la orden de asesinar a Álvaro Gómez”, que mandaría a cualquiera a la cárcel y no al Senado, al tiempo que desmintió a Piedad, asegurando que los cuatro “gatilleros” estaban muertos. Afirmó, además, que recibía órdenes del “Mono Jojoy” e involucró a otros mandos que supieron del operativo, algo que uno de los mencionados, comandante del frente 22, negó rotundamente.

En fin, que la orden la dio el Secretariado, que la dio Jojoy; todo un juego de contradicciones al que ayudó Timochenko, afirmando que ese tema nunca se discutió en el Secretariado, y algo que ni él mismo puede creerse: que no sabía cómo funcionaba la Red Urbana Antonio Nariño, y solo se enteró por las declaraciones de Lozada ante la JEP en diciembre de 2020.

En marzo de 2021 declaró Piedad Córdoba ante la JEP, pero, ¡oh sorpresa!, la red se dañó y las víctimas –la familia Gómez– no pudieron controvertir, lo que le pareció muy normal a la jueza, que acaba de negar la nulidad del proceso. Entre tanto, en febrero de este año, la Fiscalía abrió investigación y libró orden de captura contra ¡Iván Márquez!, protegido en esa “tierra de nadie” que hoy es Venezuela, donde la Interpol no lo buscará.

Quedan muchas preguntas, pero una sobre todas: ¿A quién protegen las Farc, para que, 25 años después y como “por encargo”, se autoinculpen del magnicidio y de cinco asesinatos más? Igual podían haberse echado encima 10, 15, 20, o los miles que efectivamente cometieron, y hasta crímenes ajenos, porque el Acuerdo les garantiza impunidad y todo se resuelve sembrando remolachas en cualquier huerta comunal. ¡Vaya castigo para un magnicidio!

Mi solidaridad de siempre con la familia Gómez, que fiel a su compromiso moral con el legado político de Álvaro, ha recuperado la personería jurídica del “Movimiento de Salvación Nacional”, una antorcha que se enciende en la penumbra de la política colombiana, y frente al fantasma del progresismo comunista que amenaza para 2022.

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"El ‘Mocho Olmedo' participó en el secuestro de 180 soldados": Ejército

El Nuevo Siglo, Bogotá

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-05-2021-mocho-olmedo-participo-en-secuestro-de-180-soldados-ejercito

6 de noviembre de 2021

El Ejército Nacional informó que el frente 33 de las disidencias de las Farc estuvo detrás del secuestro de 180 soldados en el Catatumbo el pasado 28 de octubre, por órdenes de 'El Mocho Olmedo'.

El comandante del Comando Específico de Norte de Santander, el general Fabio Caro, informó que el segundo cabecilla del frente 33 le exigió a la comunidad en la zona que no permitieran el proceso erradicación de cultivos ilícitos que lleva a cabo la Fuerza Pública. "'El Mocho Olmedo’ se dedica a delinquir, extorsionar, secuestrar y asesinar en el Catatumbo. También participó activamente en el secuestro de nuestros 180 soldados, que fueron secuestrados por las comunidades auspiciadas por esta estructura. Estos grupos al margen de la ley presionan a las comunidades para que la fuerza pública no cumpla con su papel de luchar contra el narcotráfico. Estos grupos amenazan y obligan a la población civil a salir para bloquear a la Fuerza Pública y evitar la erradicación", dijo el general Caro.

También se refirió el comandante que el mismo grupo fue el responsable del secuestro de un uniformado en el Catatumbo esta semana, cuando adelantaba labores de suministro de agua: "El soldado Jeison Martínez Tapias, que acompañaba la distribución de agua potable para las comunidades, fue secuestrado por los terroristas del frente 33 de las Farc, por el bandido alias ‘El Mocho Olmedo’. "Ya tenemos conocimiento de que este terrorista tiene a nuestro soldado secuestrado, quien estaba ayudándoles a los pobladores. Esos bandidos son los que pelean las rutas del narcotráfico con los carteles mexicanos", informó el general.

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El Ejército dice que las FARC fueron responsables de la retención de 180 militares

Por Iván Briceño

Radio Santafé, Bogotá

https://www.radiosantafe.com/2021/11/05/ejercito-asegura-que-disidencias-de-la-farc-fueron-responsables-de-la-retencion-de-180-militares/

5 de noviembre de 2021

El Ejército Nacional responsabilizó al Frente 33 de las FARC, liderado por alias «El Mocho Olmedo», de estar detrás de la retención, la semana pasada, de 180 militares por parte campesinos cultivadores de coca en Norte de Santander.

«‘El Mocho Olmedo’ se dedica a delinquir, extorsionar, secuestrar y asesinar en el Catatumbo. También participó activamente en el secuestro de nuestros 180 soldados, que fueron secuestrados por las comunidades auspiciadas por esta estructura», dijo el general Fabio Caro, comandante del Comando Específico de Norte de Santander, según declaraciones difundidas por el Ejército. Alias «El Mocho Olmedo» tiene una trayectoria criminal de 16 años y es el segundo cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las FARC, según las autoridades.

«Estos grupos al margen de la ley presionan a las comunidades para que la Fuerza Pública no cumpla con su papel de luchar contra el narcotráfico. Estos grupos amenazan y obligan a la población civil a salir para bloquear a la Fuerza Pública y evitar la erradicación», agregó el general Caro. «El Mocho Olmedo» es el lugarteniente de alias «Jhon Mechas», máximo cabecilla de las disidencias de las FARC en el Catatumbo, por el cual las autoridades ofrecen una recompensa de 3.000 millones de pesos.

Los 180 soldados vigilaban la infraestructura petrolera de la región y apoyaban en seguridad a las unidades militares de erradicación manual de cultivos de coca la semana pasada cuando fueron retenidos por los campesinos, cuya única fuente de ingresos es la siembra de cultivos ilícitos. Los militares permanecieron retenidos por unas 36 horas por los campesinos y para su liberación fue necesaria la mediación de la Defensoría del Pueblo y de la Personería del Municipio de Tibú.

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¡Qué oso tan peligroso!

Por Cristina De Toro

El Colombiano, Medellín

https://www.elcolombiano.com/

5 de noviembre de 2021

El secuestro la semana pasada de los 180 soldados (armados), que cumplían labores de erradicación manual de coca en zona rural de Tibú, municipio de la región del Catatumbo, a manos de 600 campesinos cocaleros, no fue solamente una deshonra, un oso muy grande, sino también una situación muy peligrosa. Si bien es cierto que el secuestro o la “retención humanitaria”, como la denominaron los muy bien adoctrinados campesinos cocaleros, fue una cuestión de horas y no se presentaron hechos violentos por ninguna de las partes, también es cierto que, aunque no es la primera vez que sucede, sí hay que ponerle coto al asunto.

El respeto a la autoridad es principio esencial de una sociedad organizada, la sociedad civil está obligada a respetar la Fuerza Pública (Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Armada), y Policía Nacional, establecida por la Constitución de Colombia, del mismo modo que los uniformados deben respeto a los civiles. No hacerlo acarrea consecuencias, tanto para unos como para otros.

Sin embargo, es evidente que, con los precedentes sentados por el anterior gobierno con su mal ejemplo, al llevar bandidos al Congreso y soldados a las cárceles, el ciudadano comenzó a perder respeto por la autoridad, y la Justicia se volvió complaciente o tolerante, por no decir coadyuvante, con el desacato al respeto por la Fuerza Pública.

Ahora bien, a lo anterior hay que sumarle los casi cuatro años de la aterradora campaña de desprestigio promovida y patrocinada por “el de las bolsas” y su narco guionista, que azuzaron a la juventud adoctrinada en su contra, hasta que se creyeron con derecho a insultar, quemar, apuñalar, etc., a soldados y policías. Sembrar el caos y la anarquía, grandes generadores de pobreza y desesperanza (más que la misma pandemia), la macabra estrategia para allanar el camino hacia el poder.

Así, desdibujaron, por completo, la imagen de nuestra Fuerza Pública.

Como esta entidad hace parte de la rama Ejecutiva del poder público, y como el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Militares y el jefe superior de la Policía Nacional, él está obligado a emprender una gran cruzada para reivindicar su nombre y su oficio. Hay que exaltar la labor profesional de esos hombres que ponen sus vidas a nuestro servicio. Hacer un llamado constante al ciudadano para que respete la Ley, la norma, la autoridad y la institución. Asistirlos, además, con herramientas legales que amparen el uso de la fuerza, no solamente cuando de su defensa propia se trate, sino cuando sea necesario para hacerse respetar.

No queremos ver más soldados o policías maltratados, esa norma que impera en otros países de no acercarse a más de cinco metros debería imponerse con todo rigor aquí. Tenemos, también, que volver a la educación en valores empezando por nuestras propias casas. Recuperar la cátedra cívica que tanta falta nos está haciendo para la sana convivencia. Tener muy presente que cada uno de nuestros derechos genera un deber. La aspersión con glifosato no da espera, nuestros soldados no pueden seguir perdiendo sus vidas o su honra en la tal erradicación manual. No los sometan más a ese ¡oso tan peligroso!

P.S.: Indígenas de Cauca y de Cundinamarca están anunciando un paro para el 8, 9 y 10 de diciembre. Ya sabemos de qué son capaces esos adoctrinados delincuentes, amparados en su tal derecho de heredad.

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La JEP sí se puede modificar

Por Rafael Nieto Loaiza

La Linterna Azul, Bogotá

http://www.lalinternaazul.info/2021/11/07/la-jep-si-se-puede-modificar/

7 de noviembre de 2021

El 28 de octubre, Karim A.A. Khan, Fiscal de la Corte Penal Internacional, anunció el cierre del examen preliminar de esa Fiscalía sobre Colombia. La CPI opera solo cuando un Estado que ha aceptado su competencia “no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento [de un crimen internacional] o no pueda realmente hacerlo” Es decir, la CPI es “complementaria a las jurisdicciones penales nacionales” y no entra a operar sino cuando los sistemas de administración de justicia nacionales no quieren o no pueden investigar y juzgar a los eventuales responsables de crímenes internacionales (crímenes de lesa humanidad y de guerra, genocidio y crimen de agresión).

En consecuencia, el cierre del examen preliminar se hace porque “al término de una evaluación exhaustiva, consta al Fiscal que la complementariedad funciona hoy en Colombia… A raíz de los avances registrados, la Fiscalía ha determinado que las autoridades nacionales de Colombia no se han mostrado inactivas, ni han tenido falta de voluntad ni de capacidad para investigar y enjuiciar genuinamente los crímenes que entran en el ámbito del Estatuto de Roma”.

El cierre es un triunfo de Duque, sin duda, y también de Álvaro Uribe y la ley de Justicia y Paz, cuyos resultados son bien ponderados por el Fiscal. Y es una derrota para la izquierda radical que quería a cualquier costo mantener al país bajo examen permanente de la Fiscalía de la CPI.

Kahn, sin embargo, en el acuerdo de cooperación que ese mismo día celebró con el presidente Duque, advierte que “conforme al Estatuto de Roma, la Fiscalía podrá reconsiderar su evaluación de la complementariedad a la luz de cualquier cambio significativo de las circunstancias, incluyendo toda medida que pueda obstaculizar significativamente el progreso y/o la autenticidad de los procedimientos pertinentes y la aplicación efectiva y proporcionada de sanciones penales de naturaleza retributiva y restaurativa; [e] iniciativas que resulten en importantes obstrucciones al mandato y/o al funcionamiento adecuado de las jurisdicciones pertinentes”.

El Fiscal resalta también que puede revisarse el cierre si se produce “cualquier suspensión o revisión del esquema judicial establecido en el Acuerdo de Paz de manera que pueda retrasar u obstaculizar el desarrollo de procedimientos nacionales genuinos”. Como consecuencia de esa declaración, se ha sostenido que la Jurisdicción Especial para la Paz es intangible y que no es posible hacer ningún cambio a ella. Aún más allá, el Presidente de la JEO sostuvo que “si persisten en obstruir el trabajo de la JEP, la Corte intervendrá”.

Voy por parte: es falso que un cambio a la JEP suponga por principio obstruir su trabajo y, en especial, que la JEP no pueda modificarse. Hay que recordar que el acuerdo con las Farc no es un tratado internacional sino un pacto político que, además, carece de legitimidad porque, por decisión de Santos y de las mismas Farc, fue sometido a un plebiscito en el que la mayoría lo rechazó. Después del triunfo del NO, ese pacto no obligaba a nadie, ni siquiera a los firmantes. Lo que único jurídicamente obligatorio de ese acuerdo es lo que del mismo se ha introducido en el ordenamiento jurídico a través de reformas constitucionales y leyes.

La JEP es hoy parte de la Constitución, pero ni está por encima de ella ni es inmodificable. En nuestra Carta no hay cláusulas pétreas, la JEP no es un pilar fundamental de la Constitución, y no puede sostenerse de ninguna manera que los cambios constitucionales no pueden ser objeto de posteriores modificaciones, menos aún en relación con cambios hechos en contra de la voluntad popular. En estricto sentido, como en derecho las cosas se deshacen como se hacen, la JEP puede ser eliminada o reformada por la misma vía como fue introducida en la Carta, un acto legislativo, o a través de un referendo o una constituyente. La pretensión de Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, de que tal cosa no es posible tiene un inaceptable tufillo totalitario.

El acuerdo de cooperación con la Fiscalía de la CPI no cambia estas conclusiones. Ese acuerdo tampoco es un tratado internacional. Y, en todo caso, no sostiene en ninguna parte que la JEP no pueda modificarse. No podría decirlo, por cierto. Sería ir más allá de sus competencias y una indebida interferencia en la soberanía nacional. Como mucho, la Fiscalía podría concluir, y solo después de un juicioso análisis, que los cambios impiden la investigación o juzgamiento de crímenes internacionales y, en ese momento, activaría su competencia. Lo mismo que podría pasar, por ejemplo, si llega a la conclusión de que la JEP, cuando por fin emita alguna sentencia, deja en la impunidad los crímenes de su competencia.

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La JEP acoge concepto que indica que las Farc esclavizó a secuestrados

Por Iván Briceño

Radio Santafé, Bogotá

https://www.radiosantafe.com/2021/11/05/jep-acoge-concepto-que-indica-que-las-farc-esclavizo-a-secuestrados/

5 de noviembre de 2021

La Justicia Especial de Paz – JEP, acogió un concepto de la Procuraduría en el que se concluyó que la extinta guerrilla de las FARC incurrió en el crimen de lesa humanidad de esclavitud, ya que obligó a los secuestrados a realizar trabajos forzados como castigo, lo cual además hacía parte de la política de secuestro.

«Luego de aceptar las observaciones hechas por la Procuraduría al macrocaso 01 que trata sobre la ‘Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad’, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP precisó que las FARC cometieron otros crímenes de lesa humanidad de manera concurrente con las privaciones de la libertad’, tal como lo había argumentado el Ministerio Público», indicó la Procuraduría en un comunicado.

El órgano de control documentó más de 70 casos en los que las víctimas de secuestros fueron obligadas a realizar trabajos forzados, siendo los más afectados por este fenómeno los campesinos y transportadores. «Durante su investigación, la Procuraduría encontró un patrón de conducta en los relatos de las víctimas que le permitió evidenciar que muchas personas fueron obligadas a transportar guerrilleros y a realizar actividades agrícolas como formas de castigo ilegítimo, entre otros», se agrega en el texto.

Asimismo, documentó varios casos en los que las víctimas fueron comercializadas entre la guerrilla y la delincuencia común. «Estas conductas configuraron crímenes de lesa humanidad, por lo que los comparecientes del caso 01 (excombatientes de FARC) tendrán 10 días hábiles para reconocer esta conducta ante la Sala de Verdad», precisó la Procuraduría. Esta es la primera vez que se imputa este tipo de actos como parte de un patrón generalizado y sistemático de ataques dirigidos en contra de la población civil cometidos por parte de las antiguas FARC. La JEP, creada en el marco de los diálogos de paz de La Habana, juzga a ex-FARC, militares y terceros que financiaron el conflicto armado en Colombia.

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¿Se retira definitivamente ‘el mejor presidente en la historia de Colombia’?

Por Santiago José Castro

La Gaceta, Madrid

https://gaceta.es/actualidad/alvaro-uribe-no-regresara-al-senado-se-retira-definitivamente-el-mejor-presidente-en-la-historia-de-colombia-20211105-0417/

5 de noviembre de 2021

El expresidente llegó a acumular una aprobación de hasta 90% en su gestión, luego de la 'operación jaque.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que no regresará al Congreso, despejando toda duda sobre su posible aspiración al Senado en 2022 -corporación a la que renunció en 2020 para hacer valer su derecho al debido proceso en uno de los procesos que adelante la justicia colombiana en su contra-, pues era evidente que en la Corte Suprema el ambiente estaba ensombrecido, como bien lo describió en su momento Eduardo Mackenzie, por decir lo menos.

Uribe siempre se ha presentado, ha estado dispuesto a responder todo interrogatorio, toda duda, a ofrecer evidencias que acompañen sus afirmaciones. Eso, por alguna extraña razón, es motivo de sospecha en el alto tribunal. Además de haber sido el presidente en ejercicio con la tasa de aprobación más alta, llegando al 90% después de la famosa “operación jaque”, en la que se logró la liberación de un grupo importante de secuestrados por la organización terrorista FARC-EP -entre los que se encontraba la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt- Uribe también fue el senador con la más alta votación en la historia, en 2018, al obtener más de 800.000 votos.

Gracias a esto su partido, el Centro Democrático, no solamente mantuvo su número de escaños en el Congreso de la República, sino que se consolidó como una fuerza decisiva que lograría el triunfo en la primera y segunda vuelta presidencial, llevando a Iván Duque al solio de Bolívar.

Hoy aquel presidente que salvó a Colombia de su peor crisis política, social y económica en 2002, compite en imagen desfavorable con quienes llegaron al poder con el apoyo de los peores carteles del narcotráfico y con quienes despejaron el país para negociar con las FARC.

Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Se trató de un ataque sistemático a su imagen y a su obra de gobierno orquestado por su sucesor en la presidencia, Juan Manuel Santos, quien logró ser el candidato del uribismo en 2010 solo para acercarse a las FARC y derrotar en 2014 -con un ambientado discurso de paz- a quien otrora fuera para él “el mejor presidente en la historia de Colombia”, como lo expresó el propio Santos en su primera toma de posesión (evento en el que pidió a Uribe estar en la mesa principal, rompiendo todo protocolo).

En aquél 7 de agosto de 2010, asumía la Presidencia del Congreso el senador uribista Armando Benedetti y como jefe de Estado el candidato uribista, Juan Manuel Santos. Hoy el primero hace parte del “pacto histórico”, coalición que busca la elección de Gustavo Petro como presidente, y el segundo ostenta un nobel de paz por el acuerdo que logró con la guerrilla de las FARC, que fue rechazado en las urnas por la mayoría del pueblo colombiano. Suficiente evidencia de las intenciones originales que tuvieron tantos en 2010: acabar con el legado de Uribe.

2018, sin embargo, vio el resurgir de una fuerza política contundente que, con Uribe a la cabeza, logró reversar en las urnas aquello que el gobierno de turno le había impuesto a Colombia, irrespetando al constituyente primario y validando lo acordado con las FARC, a través de la corte constitucional y el congreso en 2016. Hoy, tres años después, las bases del partido de gobierno expresan su malestar con la gestión presidencial. Le cobran a Uribe haber impuesto a Duque como candidato y se siente una ruptura entre la bancada en el parlamento y la militancia del partido.

Uribe ha tenido que reconocer que su respaldo público a un candidato puede tener hoy un efecto negativo y que es mejor respaldar la democracia, sin expresar su preferencia. Con gallardía tuvo que enfrentar su arresto -ordenado por la corte suprema de justicia en agosto de 2020- sin que esas mayorías que otrora gritaban su apellido con esperanza se pronunciaran.

Colombia es país de memoria selectiva y el régimen se ha encargado de opacar el legado de quien fue reconocido como el mejor senador y presidente de Colombia. Este mes se conmemoran 23 años de la toma de la ciudad de Mitú, capital del departamento del Vaupés, por parte de las FARC. El estado no lograba reaccionar y el terrorismo imponía su voluntad y mantenía un cerco sobre las ciudades capitales de toda Colombia.

Fue una década nefasta donde caían asesinados candidatos presidenciales, los carteles explotaban bombas, asesinaban dirigentes políticos, empresarios y policías. Las carreteras estaban tomadas por guerrilleros y los niños sabíamos que teníamos que ver las botas de quienes detenían el auto en un retén (pues así sabíamos si eran soldados o guerrilleros).

Esa Colombia parece haber sido borrada de los libros de historia y hoy Uribe es expuesto como un delincuente y las FARC como una fuerza campesina que entregó las armas para buscar la revolución por las vías legales. ¡Cuánta farsa, cuánta mentira! Quienes pudimos viajar por Colombia cuando se recuperó el orden, cuando los carteles y las guerrillas se tuvieron que esconder en lo más profundo de la selva, cuando vimos que se inauguraban hoteles, obras y empresas como nunca; no debemos olvidar en qué gobierno se sentaron las bases para ello.

A Uribe podemos y debemos criticarlo por aquello en lo que se pudo haber distanciado de su programa original y por los errores que como dirigente político y expresidente puede cometer, pero nunca permitir que pase a la historia como un criminal, mientras se celebra la vida de alias “Mono Jojoy”, alias “Alfonso Cano” y tantos criminales de lesa humanidad a quienes hoy tratan de “Honorables senadores, honorables representantes”.

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Inés Barba, la abogada malagueña que media en la Corte Penal Internacional

Por Álvaro Gutiérrez del Álamo

El Español, Madrid

https://www.elespanol.com/malaga/malaga-ciudad/20211103/ines-barba-abogada-malaguena-corte-penal-internacional/624188379_0.html

3 de noviembre de 2021

Esta letrada es la primera española que presenta una evaluación que es aprobada por la Fiscalía para que Colombia deje de estar regida por la CPI.

La primera letrada española de la Corte Penal Internacional de La Haya -CPI- que ha presentado una evaluación que ha sido aprobada por la Fiscalía es de Málaga. Le ha dado la razón. Se llama Inés Barba Novoa y ha crecido entre los atardeceres de la Avenida de Andalucía. Ahora, a sus 47 años "recién cumplidos", ha hecho historia.

Esta malagueña de adopción nació un mes de septiembre en Ginebra. Su padre es de Málaga, pero su madre es de Ourense. Antes de que naciera Inés decidieron emigrar a Suiza, donde tuvieron a su primera y única hija, hasta que regresaron a Málaga cuando esta exitosa abogada apenas tenía 11 años. Es antigua alumna del colegio Liceo Francés y, posteriormente, del centro educativo Cerrado de Calderón. Asimismo, la etapa universitaria también la cursó en Málaga, en la facultad de derecho, lo que le abriría las puertas "para trabajar en temas de derecho penal". En esta etapa ya había decantado la balanza hacia lo que le gustaría dedicar su vida: "El derecho penal me deja ser creativa".

Por tanto, tras un largo recorrido por temas penales de calado internacional, en 2018 logró "formar parte de la Corte Penal Internacional como única letrada andaluza y malagueña". Entre los 17 letrados españoles, Barba Novoa ha sido elegida por su inmaculada trayectoria y manejo de idiomas, ya que maneja a la perfección el español, inglés y francés. Pero no ha sido hasta este año "cuando he tenido mi primera gran intervención". La letrada malagueña ha presentado ante la Fiscalía de la CPI una evaluación sobre la situación actual en el conflicto de Colombia y "sobre la suficiencia de la infraestructura jurisdiccional del propio sistema colombiano" para hacer frente a la "persecución, investigación y enjuiciamiento de los perpetradores de delitos".

Hasta entonces, estos actos eran competencia de la CPI. Entre este tipo de delitos se hallan, entre otros, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, desplazamientos forzosos o genocidios. También hace referencia al conflicto de las FARC, grupos paramilitares y abusos de las Fuerzas Armadas, "que se han ido sumando progresivamente durante décadas en Colombia", explica Barba Novoa.

Sin embargo, "la tendencia a la pacificación, acompañada de un proyecto gubernamental férreo" ha empezado a proporcionar resultados. Desde la Fiscalía de la CPI existía una determinación de decidir si en base al principio de complementariedad se podía considerar el sistema judicial colombiano maduro y fiable. Precisamente, este es el hecho que solicitaba la letrada malagueña.  Así lo ha anunciado públicamente durante su visita de inspección a Colombia el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, afirmando que "se archivan las causas preliminares de violación de los derechos humanos" cometidos en el país sudamericano. Desde 2004, la CPI investigaba los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el conflicto que desangra al país "desde hace seis décadas".

Acompañado por el presidente de Colombia, Iván Duque, Khan ha declarado su "confianza en el sistema judicial colombiano, no sólo para perseguir, investigar y juzgar a los perpetradores sino para velar por la reparación de las víctimas". Para la CPI, "Colombia ya está a la altura de sus obligaciones internacionales", como reza el auto de la abogada malagueña. Así, por tanto, la evaluación que precisó Inés Barba Novoa para que Colombia "deje de estar regida por la Corte Penal Internacional" se ha convertido en la primera que presenta una letrada española de la lista de la CPI ante la Fiscalía de este órgano. Y ha sido aprobada.

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