Los Estados Unidos, con seis veces más población que nosotros tienen 635 miembros en el Congreso, es decir un poco más del doble que nosotros. Su salario es de USD 174.000 al año mientras en Colombia es de USD 101.000 (a la tasa de $3.900). Entre nosotros solamente una pequeña parte es gravable, lo demás son gastos de representación. El PIB per cápita americano es de USD 65.300 y el nuestro es de USD 3.358, una vigésima parte.

El costo real de un miembro del Congreso en Colombia supera los 50 millones mensuales, incluyendo las Unidades de Trabajo Legislativo. Solamente trabajan ocho meses al año y tienen además derecho a pensión a los 50 años con el 75% del salario y aunque solamente hayan trabajado (?) unos días. Y súmele carros blindados, escoltas etc.

El Congreso se negó a legislar sobre las 16 curules adicionales para “las víctimas” (llamadas con razón “narcocurules”), como se pactó en el llamado Acuerdo de Paz de Santos. Como lo dijo en una columna en este diario la senadora Paloma Valencia, los “167 municipios en que se crearán las 16 circunscripciones de paz son en su mayoría, los mismos territorios que corresponden a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos municipios registraron el 52% de las agresiones a líderes políticos, sociales y comunales en lo que va corrido de 2021. En el 22.4% de estos municipios hay minería ilegal, el 94,5% de los cultivos de coca se encontraban en estos municipios para el 2016.”

En una entrevista con Vicky Dávila, el senador Roy Barreras, ante la afirmación de la senadora Valencia de que se trataba de unas curules para las Farc (como las diseñó el manido acuerdo), dijo desprevenidamente que no eran territorios de Farc sino de los narcos. El que inocentemente peca, inocentemente se condena.

Desechadas las curules por el Congreso (que en Colombia representa al pueblo por haber sido elegido popularmente) y expresada así la voluntad popular, la idea ha debido morir. Pero, ¡oh sorpresa!, aparece por arte de magia la inefable Corte Constitucional que resuelve una tutela interpuesta por un supuesto representante de las víctimas, que nadie eligió, y “resucita” las 16 curules para el periodo 2022-2026.

Con esta malhadada Corte desapareció la democracia en Colombia porque se acabó la separación de poderes: la Corte es un superpoder que da órdenes al Congreso y al Ejecutivo, excediendo por supuesto las atribuciones que le otorga la Constitución. Una reforma constitucional negada por el Congreso desaparece sin más por una decisión de una sala de tutela de la Constitucional. ¿Al alcalde quién lo ronda?

Con este mecanismo se irán a la caneca 9.200 millones de pesos al año y se les dará un premio a los narcos y a las disidencias de las Farc. Con esa plata se podrían pagar durante un año más de 500 patrulleros que tanta falta están haciendo o dotar de vivienda de interés social a 60 familias.

Algo vamos a tener que hacer los colombianos con las altas cortes. Los perjuicios que sufrimos con ellas son inenarrables.

https://www.elnuevosiglo.com.co/, Bogotá, 16 de agosto de 2021.