Pues bien, quien fungió como secretario jurídico de este alcalde, y hoy es su candidato a la Cámara de Representantes, me responde lo siguiente: “Jorge por directrices del banco kfw (banca alemana de financiación) y el ministerio, esta información no se puede revelar aún, yo conocí el proceso cuando fui secretario y se de la gran apertura que tuvo en comparación con los anteriores, lo invito a revisar los términos un abrazo”(sic).
¿Qué tal? Ahora el exsecretario jurídico y candidato a la cámara por el partido verde, es la estafeta del alcalde y sienta cátedra de decencia para justificar los yerros cometidos en el proceso. ¿Hará bien Carlos Mario en utilizar a sus candidatos para que controviertan en público lo que él no es capaz de sustentar ni en privado? ¿Hasta dónde puede llegar la impudicia de esta alcaldía, politizando las misiones que deberían ser asumidas por sus voceros oficiales?
Pero bueno… Ya que el candidato se arroga la función de justificar lo que calla la propia administración, y me insta a que revise los términos, le respondo: en documentos que publica en su página web la Contraloría de Manizales, consta: “Durante la campaña electoral, Marín expresó sus dudas sobre el proceso contractual de la PTAR, primero cuestionó los cambios en el lote y ahora argumentó la falta de oferentes. Según Marín, dos empresas se presentaron a la convocatoria, una fue descalificada, y quedó una compañía mexicana habilitada para firmar el contrato. ´Es mi deber de proteger las inversiones de la ciudad, ante las advertencias recibidas, estoy solicitando personalmente al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, y al contralor general de la República, Felipe Córdoba, su intervención´” (sic).
Revisando los términos, me encuentro lo siguiente: el lote donde estará ubicada la Ptar es el mismo que se incluyó en la licitación de 2019; la tecnología exigida es la misma que hoy se plantea; los precios que se manejaron en la licitación de 2019 era unitarios, permitiendo un control exacto de la inversión, mientras en la actual se manejan precios globales que desprotegen totalmente al contratante; el caudal para la licitación de 2019 era de 640 l/s, mientras para la actual es de 520 l/s y, a pesar de que se disminuye la capacidad en 120 l/s, la licitación se incrementa en $ 40 mil millones (en 2019 valía $ 102 mil millones; y en 2021 vale $ 142 mil millones); y mientras en el primer proceso se publicaron los nombres de los oferentes y se mostró con transparencia el adjudicatario del contrato, hoy se ocultan deliberadamente esos nombres. Sería fatídico, por ejemplo, que las dos firmas que se presentaron en los procesos anteriores, y que iban a hacer la obra por $ 102 mil millones hoy, por la “transparencia” del alcalde, resulten cobrando $ 142 mil millones.
Vamos a construir menos por más dinero. O sea que ese “deber de proteger las inversiones de la ciudad” que argüía el alcalde, fue reemplazado por el desgreño, el secreto y la muy probable imposibilidad de desarrollar el proyecto por insuficiencia presupuestal, pues terminará costando $ 172 mil millones, ya que tan solo en dos ítems (precio del dólar y del acero), se incrementará en cerca de $ 30 mil millones su costo final, valor que tendremos que pagar los usuarios, vía tarifa. Esto sí que merece un llamado a la Procuraduría y la Contraloría ¡No hay derecho! ¡Nos siguen mintiendo!
