Rafael Nieto Loaiza
Rafael Nieto Loaiza
Cada nuevo anuncio que hace el Gobierno es más grave que el anterior. Los de la pasada semana son el auspicio gubernamental de una asamblea cocalera, la barrida de generales en el Ejército, el anuncio de que se suspenderán los bombardeos y de que no habría erradicación forzada, el nombramiento de un militante del M19 en la Dirección Nacional de Inteligencia.
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Contrario a lo sostenido por la izquierda, la economía que recibe Petro marcha por muy buen camino. El PIB creció el 12,6% en el segundo trimestre de 2022. Entre enero y junio de este año, 11 de los 12 sectores económicos medidos por el DANE mostraron crecimiento respecto al 2021. Para el semestre el crecimiento es de 10,6%, el mismo del consolidado del 2021. El resultado es que el tamaño de economía ya se recuperó totalmente de la caída por la pandemia. Más aún, este segundo trimestre la economía fue un 11,3% más grande en comparación con el mismo trimestre de 2019. En virtud de ese acelerado ritmo de crecimiento, en mayo Colombia había recuperado el empleo perdido durante la pandemia aunque se prevé que para fines del año esté aún en el orden del 11%.
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En entrevista con Vicky Dávila, un Petro descompuesto sostenía que “la paz no se construye con hampones porque entonces el gobierno es un hampón”. En campaña, sin embargo, Petro perdió el pudor. Su hermano y otros miembros de su equipo se reunieron con condenados por corrupción, parapolítica y narcotráfico, sin duda hampones, maleantes organizados. El mismo Petro ofreció “perdón social” para los delincuentes y "una JEP para el narcotráfico” con “beneficios jurídicos”. Lo que antes aparentemente lo indignaba se volvió deseable en pleno proceso electoral. Algún día se sabrá si esas ofertas se hicieron a cambio no solo de apoyo político sino de dinero.
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Duque tuvo que lidiar con dos eventos catastróficos y sin antecedentes, la pandemia causada por el Covid19 y los paros y bloqueos del 2021 impulsados por la izquierda radical.
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Petro anunció la designación de Danilo Rueda como nuevo comisionado de paz. Como el de Leiva y el de Velásquez, el nombramiento de Rueda no es una buena señal. Hay testimonios de que ofrecía asilos a cambio de acusaciones contra el ex presidente Uribe y certeza de que fue compañero de Juan Fernando, hermano del próximo presidente, en sus visitas a las cárceles durante la campaña. Y viene de ser director de una oenege que justifica la violencia guerrillera y que sostiene que esas guerrillas "son la expresión del ejercicio del Derecho a la Guerra, a la rebelión armada”.
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Si hay muchos nombramientos de Petro preocupantes, como por ejemplo el de un promotor de invasiones como, nada menos, director de la Unidad de Restitución de Tierras, ninguno se acerca siquiera al de Iván Velásquez como Ministro de Defensa.
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Tengo certeza de que el gobierno de Petro será, en el mejor de los casos, desordenado, improvisador, ineficiente, despilfarrador, mediocre, corrupto y empobrecedor. Lo fue su alcaldía en Bogotá y es la constante de los gobiernos de izquierda en el Continente. Tienen dos problemas congénitos irresolubles: su catadura ética es despreciable y sus propuestas económicas están equivocadas de raíz y, por tanto, fracasan, siempre fracasan.
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La Comisión de la Verdad está plagada de pecados. Uno, de origen, como que es resultado del acuerdo de Santos con las Farc, pacto rechazado por los ciudadanos en el plebiscito. Otro, de conformación, con sus miembros escogidos arbitrariamente por un grupúsculo de mayoría extranjera y con una evidente tendencia de izquierda entre casi todos ellos. Uno tercero, en sus fines. Más allá de que es cuestionable la idea misma de que hay una “verdad” oculta sobre lo ocurrido en el conflicto que deba ser esclarecida, probable por ejemplo en dictaduras pero no en Colombia donde ha habido prensa libre y un aparato judicial autónomo, es evidente que el propósito de esta Comisión fue crear una nueva versión de lo sucedido y establecer otras responsabilidades, una metaverdad de acuerdo con la cual se diluyeran las culpas de las guerrillas y se ampliaran las de los empresarios, la Fuerza Pública y el Estado, convirtiendo en políticas institucionales las que fueron conductas individuales, invirtiendo los papeles de víctimas y victimarios y culpando a la “sociedad" como “responsable de la tragedia". Y, de esa manera, establecer un nuevo relato de lo ocurrido, uno favorable y benigno a las guerrillas y a sus dirigentes y apoyos políticos, y contribuir a los propósitos de la izquierda colombiana.