Estos primeros cambios en la política económica se han realizado por medio de ‘órdenes ejecutivas’ y tocan ante todo con el sector energético, con el gasto público y con otros temas como los relacionados con impuestos y contrataciones laborales.
Hay que enfatizar que éstas tan solo son las primeras medidas y que sin duda vendrán otras igualmente importantes, varias de las cuales requerirán de la aprobación por parte del Congreso, como las relacionadas con cambios de fondo en el régimen tributario. Pero de todas maneras éstas ya dan una idea bastante clara de por ‘dónde va el agua del molino’.
En el sector energético desvinculó a Estados Unidos del Acuerdo de Paris que se refiere a compromisos de reducción de emisiones de CO2, lo que permitirá explotar y usar mayores cantidades de energía fósil barata.
Simultáneamente ha declarado la “Emergencia Energética Nacional” con la cual ha suspendido la aplicación de la normativa ambiental dentro de Estados Unidos en temas como la construcción de termoeléctricas, hidroeléctricas, gasoductos y oleoductos.
En esta misma área, ha aprobado la explotación sin cortapisas de los inmensos recursos energéticos de Alaska, y muy especialmente lo que tiene que ver con el desarrollo de la industria de gas natural licuado para atender, por ejemplo, a la insatisfecha demanda actual de Europa (muy afectada por el corte de las exportaciones de gas provenientes de Rusia a raíz de la guerra de Ucrania).
Igualmente ha levantado los requerimientos de cuotas de producción de vehículos automotores eléctricos que pesaban sobre esa industria, así como otras regulaciones, y muy especialmente las ambientales, que han aumentado el costo de vida y limitado el dinamismo de sectores como los de la atención medica, la producción de alimentos, la construcción de viviendas y la provisión de servicios públicos a precios razonables.
Otro bloque de medidas está relacionado con el recorte y la mejora de la eficiencia del gasto público. Para tal efecto creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental que estará dirigido por Elon Musk.
Este departamento revisará decisiones regulatorias y de gasto del gobierno federal y recomendará medidas para reducir el personal de la administración pública y sobre la adopción de sistemas para elevar niveles de eficiencia.
También en este contexto suspendió por 90 días las ayudas externas de Estados Unidos para realizar una comprensiva evaluación con el objeto de decidir cuáles se mantienen y cuáles se eliminan.
Un tercer conjunto de medidas abarca varios temas. Sacó a Estados Unidos del acuerdo con la OECD para armonizar los impuestos sobre sociedades que establecían una tasa impositiva mínima global. Como se sabe, una de las promesas de campaña de Trump es la de reducir estos impuestos.
Por ahora la administración Trump advierte que si hay países que cobran impuestos excesivos a compañías de Estados Unidos, se reserva el derecho a adoptar represalias contra esos países.
De otra parte, está el muy controvertido tema de la imposición de aranceles como instrumento de negociación para inducir la adopción de políticas que favorezcan los intereses de Estados Unidos en distintas áreas y para proteger sectores no muy competitivos de su economía.
Entre otras, la imposición de aranceles se utilizaría en el caso de países que no controlan suficientemente el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, una política que viene acompañada de otra que clasifica a los carteles como grupos terroristas.
Por último, merece mencionares la eliminación de los requerimientos DEI (diversity, equity and inclusión, en inglés) en las contrataciones laborales del gobierno federal. Esto ya ha incidido en empresas privadas que también han empezado a eliminar el DEI debido a su impacto negativo sobre las productividades laborales.
22 Enero 2025
