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Jorge Iván Díaz Vélez*

En la legislatura que inicia, uno de los proyectos más importantes para el gobierno Petro será la Reforma Laboral. Esta propuesta del gobierno, probablemente bien intencionada, tiene varios riesgos para los trabajadores y el sector privado.

 

Entre esos riesgos destaca el bloque de derechos colectivos que contiene. En particular, la imposición de una huelga sin límites, un esfuerzo no sólo del ejecutivo, sino desafortunadamente también secundado desde el poder judicial por flexibilizar esta Institución legal.

Algunos funcionarios del gobierno, dentro de su narrativa combativa contra el sector privado, ha sobrecargado al empresariado, al tiempo que lo ha responsabilizado, de manera generalizadora y abstracta, de los problemas principales del país. El objetivo de esta estrategia es que prevalezca una visión contenciosa de los derechos laborales que derive en el uso de la huelga como herramienta principal de defensa del derecho laboral, cuando existen otros espacios, que deberían primar, para dialogar y llegar a acuerdos que beneficien a los distintos actores sociales. Espacios como la Justicia administrativa, fortaleciendo al Ministerio del Trabajo, no desde la perspectiva policiva, de la Inspección, vigilancia y control, para posterior sanción económica, sin resolver de fondo los incumplimientos laborales; sino desde una lógica de fortalecer el diálogo social, la concertación tripartita, que permita a las partes, acordar, avanzar, solucionar y construir confianza en las relaciones laborales. Una reforma laboral debería centrarse en fortalecer las capacidades del Ministerio del trabajo, para dinamizar sus competencias en materia de diálogo social, resolución de conflictos y fortalecimiento de las relaciones laboro/es individuales y colectivas. Más inspectores de trabajo para propiciar acuerdos, menos para lo sancionatorio.

Preocupa que, en un contexto de dificultades sociales y económicas, reconocidas incluso por funcionarlos del gobierno y expertos en economía, se busque instaurar una narrativa de rivalidad y tensión, en especial cuando las cifras del país no son buenas. Según el DANE, en el 2023, la economía tuvo un crecimiento general del PIB de 0.6%, las Inversiones cayeron en un 13%, el desempleo se ubicó en el 9%, la informalidad supera el 55% y la inflación cerró en un 9.28%. Estos datos demuestran que es imperativo buscar maneras entre los sindicatos y el sector privado, de aumentar la productividad y bajar la informalidad de los trabajadores, para crear oportunidades de desarrollo económico sostenible y relaciones laborales, no competitivas, sino colaborativas y armónicas.

Lo reformo plantea, entre otras cosas, que si en cada empresa de un sector, su sindicato vota a favor de la huelga, se podría llevar o cabo uno huelga sectorial, una nueva figura que solo aumentaría lo pugnacidad social en el país. Igualmente, la reforma y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que ha asumido un papel más de activista que de juez, ha apoyado la concepción de la  huelga sin reglas, quieren permitir que se hagan huelgas en algunos servicios públicos esenciales, en detrimento de la segundad misma de las personas que no pueden someterse a la parálisis en estos sectores. Adicionalmente, tanto el proyecto de la reforma corno la Corte Suprema consideran que los requisitos para garantizar los mínimos democráticos en la conformación de quorum en la huelga son impedimentos para el uso de la huelga y buscan su eliminación. Espero que el derecho de huelga sin regulaciones, no se convierta en uno herramienta que, salida de madre, atente contra la estabilidad de las empresas y los propios trabajadores.

Por lo anterior, es Importante que la ciudadanía esté atenta a este tipo de cambios que solo beneficiaría o un sector especifico de los sindicatos afines al gobierno, a los cuales defino como el comité de aplausos del mismo, sin crítica, propuestas diferentes y análisis imparcial, que comparte cercanía ideológica con el gobierno nacional. Sin embargo, desde la CGT Autónoma, Independiente y Pluralista, aunque defendemos a ultranza el derecho a la huelga, reconocemos que este, ni ningún derecho en Colombia, puede ser infinito. Definir unas reglas claras y garantizar seguridad jurídica es fundamental para crear oportunidades de desarrollo socioeconómico para los trabajadores. Este último es el  objetivo  principal  de  la  CGT  y  reconocemos  que,  para  cumplirlo,  debe  existir  una cooperación entre las partes, no confrontación ni radicalización con el sector privado, pues el proyecto es Colombia, el tejido social empresarial  formal, para la generación de riqueza y empleo y sus trabajadores en buenas condiciones laborales.

Impedimentos para el uso de la huelga y buscan su ellmonac16n.Espero que el derecho dehuelgasin regulaciones, no se convierto en uno herromlentaque,solido de atente contralo estobllldad delosempresas JI los propios trobo)odares.

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cooperación entre las partes, no confrontación ni radlcallzactón con el sector privado, pues el

proyecto es Colombia, el te11do social empresarial  formal,para la generación de riqueza y empleo y sus trabajadores en buenas condiciones laborales.

* Vicepresidente segundo CGT Nacional Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

.@JorgeDiezCGT              SJJorge lvan Diez             diez_velezjorge_

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