El primer año de gobierno de Gustavo Petro cerró con un 60% de desaprobación, según la medición de las principales encuestadoras de opinión. Durante ese año, el presidente no solamente perdió parte importante de su capital político, también su coalición de congreso y 12 ministros, cercenando la fracción más moderada de su gabinete. La razón principal está en la obsesión por imponer una reforma a la salud mal construida, no negociada y, aún se apruebe, condenada al fracaso con imprevisibles consecuencias sobre la salud de los colombianos.

El gobierno erosionó la estructura técnica del ministerio de salud con la salida de más de 200 funcionarios, la médula de la capacidad operativa en salud pública, epidemiología, comunicaciones y tecnologías de la información, afectando la idoneidad de la entidad. Hoy el ministerio es un cascarón vacío, carente de las capacidades que le permitieron enfrentar la pandemia. Algo similar sucedió en el INVIMA —con la agravante de completar un año sin director en propiedad y más de 30,000 trámites atrasados— mientras el desabastecimiento de medicamentos crece a niveles inéditos.

Es necesario evaluar la gestión del gobierno en materia de salud pública y sostenibilidad del sistema. Tres ejemplos de las deficiencias se observan en: la viruela símica; la epidemia de dengue y el pico respiratorio.

En la primera, Colombia —por decenios líder regional en vacunación— fue el único país latinoamericano de mediano desarrollo que desprotegió a una población vulnerable. El 23 de agosto de 2022 se anunció que se traerían al país 5.600 vacunas contra la viruela símica y, ante los requerimientos del Congreso de la República, se aseveró que la situación epidemiológica de Perú y Brasil no era comparable con nosotros. Al final, tuvimos más casos acumulados por millón que Brasil y más casos absolutos que el propio Perú y no se aplicó una sola dosis de esa vacuna.

La epidemia de dengue suma hoy más de 57.000 casos reportados y 30 departamentos (825 municipios) y distritos del país se encuentran en riesgo alto y en alerta por la proliferación del zancudo aedes aegypti. La incidencia nacional del dengue alcanzó 160 casos por 100 mil habitantes y han fallecido 187 personas —más 86 decesos en estudio—. Para el ministerio, la epidemia no ha existido. Poco o nada se ha visto de campañas de prevención, a pesar de los reportes del Instituto Nacional de Salud, exacerbado también por el aumento de temperaturas.

Se suspendió el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. En agosto de 2022 se entregó el 70,2% de colombianos con dosis completas y a la fecha llevan 71,4%. Hoy la vacunación se estancó, no hay reportes. Las vacunas pediátricas duraron cuatro meses guardadas en los cuartos fríos del ministerio, mientras los niños con comorbilidades enfrentaban el pico respiratorio. Para el ministerio, el COVID se acabó el 23 de septiembre, fecha del último de los 150 puestos de mando unificado nacional. Finalizó la coordinación con departamentos y municipios del país.

Los niños son los más afectados por el pico respiratorio: Se reportan a la fecha 137.766 casos de infección respiratoria aguda y 5.335 (21,9%) menores de un año, hospitalizados por esta causa. Son ya 302 los fallecimientos en menores de 5 años y la campaña de vacunación contra la influenza comenzó trágicamente tarde.

El lanzamiento con gran bombo del “programa preventivo y predictivo” en Aracataca el 3 de noviembre aún no arroja resultados. No hay indicadores de ejecución y la mayoría de los gobernadores no le han copiado por la propia inacción del Ministerio de Salud. Mientras tanto, el Plan Decenal de Salud Pública 2021-2032 con cero ejecución, quedó formulado, pero para el gobierno no ha existido.

¿Negligencia o estrategia?

Nunca se sabrá. El Gobierno no lo acepta, pero es evidente la desfinanciación del sistema de salud. Aparte de las deudas antiguas y el efecto de la inflación en 2021; no se han cubierto las deudas a las EPS de 2021 y 2022, por servicios no incluidos en el plan de beneficios —'presupuestos máximos’—, estimadas en $3.9 billones. Un hueco que puede sobrepasar los 7 billones. Equivale a todo el esfuerzo de pago del acuerdo de punto final realizado entre 2018 y 2022. Increíblemente, a diciembre 31 de 2022, solamente se giró a las EPS el 74% de los recursos disponibles para pagar presupuestos máximos.

Los hospitales y las clínicas continúan siendo golpeados por la inflación. La promesa del giro directo se diluyó por la ineficiencia de la ADRES. Los indicadores de giro directo son muy preocupantes: Al comparar un mes tipo, el giro directo histórico para junio —en 2020 en el régimen subsidiado— era del 71,2% del total de los pagos. Sin embargo, para junio de 2023 apenas llegó al 49,8% por debajo de la obligación por la Ley 1438. Hasta 2022, religiosamente, año tras año, se había cumplido. Y la situación de giro directo en el contributivo es aún peor: En junio de 2018 era del 21,3% y para junio de este año solo el 1%, sí el 1%, según datos de la propia ADRES.

La gestión de los recursos del SOAT reveló cómo funcionaría el nuevo sistema de salud: El presidente de manera demagógica decidió bajarlo para motocicletas de bajo cilindraje y taxis y, la ADRES, terminó asumiendo la rebaja bajo la promesa de una adición presupuestal, con recursos de la reforma tributaria. ¿Cuál es el resultado? cayó 48% el ingreso por primas y se generó un hueco de $450,000 millones.

El director de la ADRES pidió desesperadamente los recursos y reconoció que la entidad “no ha abierto”, desde enero, las ventanillas para recibir cuentas por servicios ya prestados por concepto de accidentes de tránsito. Queda claro que la solución a los déficits en el Gobierno del cambio será no recibir las cuentas y los hospitales terminarán financiando al ministerio de hacienda.

Las verdades y el pragmatismo imperan afuera, pero las posverdades dominan en casa.

La cereza del descalabro gubernamental es la reforma a la salud que, en lugar de representar un acto transparente de la democracia en el Legislativo, se convirtió en la feria de los vicios de trámite. Los efectos negativos pasan por acabar con 100.000 empleos de las EPS; 8 millones de colombianos que padecen enfermedades crónicas y de alto costo quedarán a la deriva; largas filas similares a las ya vividas con el subsidio a Renta Ciudadana se replicarán —cada día se prestan en Colombia más de 2 millones de servicios de salud— y un sistema muy desfinanciado tienen al sector al borde del abismo.

https://www.infobae.com/, Bogotá, 7 de agosto de 2023.