A Petro lo guía la obsesión anacrónica de la izquierda de mediados del siglo pasado de creer que las empresas privadas son un medio para explotar a los trabajadores y a la sociedad. Le molestan especialmente aquellas cuya actividad está relacionada con el Estado. Entre las que considera más injustificables e improductivas están las del sector financiero, las cuales, según él, se benefician de privilegios que les da el Estado. Pero su prioridad es estatizar las de servicios públicos, desde la salud o las pensiones, hasta la electricidad.
Lo que no entiende la izquierda colombiana es que, aunque las empresas privadas ganen dinero, pueden producir bienes y servicios a menor costo y con mejor calidad que las empresas públicas. Es indispensable que empresas privadas estén bien reguladas, con cero corrupción. Pero fallas esporádicas en los controles no desvirtúan sus ventajas, probadas a nivel internacional.
En su libro, Petro narra cómo su primer debate en el Senado fue contra la privatización de la empresa pública Alcalis, que producía sal y químicos derivados de esta. Alcalis tenía el monopolio de la sal en Colombia y así se convirtió en una de las 100 empresas más grandes de Colombia. Como típica empresa pública monopolística, Alcalis era ineficiente, tenía más empleados de los necesarios, la mayoría recomendados políticos; sindicatos abusivos (por ejemplo, derecho a pensión a los 20 años de trabajo con 50 años de edad) y problemas de corrupción.
Petro mismo dice en su libro que él sabía que allí “trabajaban muchos comandos del M-19”. Con estos angelicales miembros y directivos de los sindicatos, las instalaciones estaban en mal estado. Cuando llegó el gobierno Gaviria se inició una reestructuración para reducir su ineficiencia y pérdidas, pero con la liberación de importaciones que se llevó a cabo, terminó de quebrarse.
La liquidación de Alcalis costó a los colombianos 34.000 millones de pesos de 1993, mayoritariamente para liquidar a los trabajadores. Empresarios antioqueños compraron un año después las plantas abandonadas de Alcalis y crearon una empresa para reactivarlas. Esta nueva empresa privada, manejada con eficiencia, creció no obstante la apertura. En 2022 tuvo ventas superiores a los 700.000 millones de pesos.
"Incluso cuando los gerentes de las empresas públicas son íntegros y trabajadores, hay rigideces inherentes a lo público que dificultan que operen eficientemente".
Cuando estuvo en la Alcaldía de Bogotá, Petro despilfarró enormes recursos en su fallido intento de estatizar la recolección de basuras. No hizo una licitación, sino que improvisó, encargando a Aguas de Bogotá, empresa del acueducto y del aseo de la ciudad. Para eso, primero alquilaron unos camiones viejos bajo la figura de ‘importación temporal’. Los usaron unos meses, y cuando los iban a sacar del país no fue posible porque habían hecho mal los trámites, por lo que los camiones quedaron en la aduana de Cúcuta.
Después compraron 278 camiones compactadores nuevos para atender a toda la ciudad. Como estos no tuvieron la capacidad de hacerlo, volvieron a contratar a dos operadores privados para atender a la mitad de la ciudad. Quedaron entonces con el doble de camiones compactadores de los que se necesitaban. Como no habían comprado bien los camiones, estos no tenían las garantías necesarias. Entonces desguazaron decenas de camiones para usar sus partes y mantener otros funcionando.
Cualquier otro funcionario que hubiera hecho eso habría terminado en la cárcel por incompetente, pero Petro y su equipo no, porque habría sido ‘persecución’.
Historia de ineficiencia
Había numerosas experiencias previas del fracaso de empresas estatales. En Bogotá, la empresa pública Edis, encargada del aseo, fue liquidada en 1993 luego de décadas de desastrosa incompetencia, politiquería, sindicatos abusivos y altos costos.
Por las mismas razones, en 1990 se liquidó la Empresa Distrital de Transporte Urbano (Edtu). Los buses de esta duraban muy poco, había cientos abandonados oxidándose y arrumados en potreros. Cuando se liquidó, tenía 360 buses, de los cuales 250 eran trolebuses, y de estos solo funcionaban 48. Había 17 conductores por vehículo. Buses privados, caóticos, pero más eficientes y mejor gerenciados y operados, movilizaban entonces el 99,7 por ciento de los pasajeros de transporte público.
Estas experiencias no le importaron a la alcaldesa Claudia López, de izquierda y por lo tanto también estatizante, cuando el año pasado creó otra empresa pública operadora de buses concesionaria de TransMilenio, a la que bautizó con el enternecedor nombre de La Rolita. En sus primeros años, la nueva empresa pública de transporte puede ser relativamente eficiente. Pero pronto se deteriorará y tendrá costos más altos y será más ineficiente que los operadores privados de TransMilenio.
Por las presiones y chantajes de políticos para aprobar acuerdos o leyes, las entidades públicas tienen más gente de la que se necesita y los funcionarios frecuentemente no son los mejores, sino los recomendados por políticos. Tienen uno o varios sindicatos que abusan del poder monopolístico o la protección estatal, y obtienen salarios y prebendas desproporcionadas con relación al sector privado.
Ninguna evidencia del fracaso de las empresas públicas y la mayor eficiencia de las privadas cambia la ideologizada visión estatizante de Petro, que ahora quiere acabar con las EPS para que entidades públicas llenas de recomendados políticos las sustituyan.
Petro ha expresado en múltiples ocasiones que le molesta que los fondos privados de pensiones ganen dinero y quiere que Colpensiones, una entidad pública, los sustituya. Dijo, además, que en vez de ahorrar los 18 billones de pesos (este año más de 30 billones) que los fondos captan anualmente de los trabajadores, él los gastaría supuestamente en pensiones para los ciudadanos más pobres.
Esto genera un hueco enorme para el pago de pensiones hacia el futuro. Es deseable, por supuesto, dar una pensión a todos los viejos pobres de Colombia, pero no con los recursos necesarios para asegurar las pensiones de los trabajadores actuales. Igualmente, es grave que, en vez de que los recursos de las pensiones estén administrados por empresas privadas, con los mejores expertos, sean administradas por una entidad pública politizada e ineficiente.
Incluso cuando los gerentes de las empresas públicas son íntegros y trabajadores, hay rigideces inherentes a lo público que dificultan que operen eficientemente. Si una empresa de telefonía celular privada necesita comprar una edificación para instalar una antena, puede convenirle pagar por esta un valor muy superior al comercial. Un funcionario de una empresa pública no puede hacer esto, porque se va a la cárcel.
Muchos municipios tienen maquinaria amarilla como buldóceres. Si una máquina se daña por la falta de un repuesto, los trámites para conseguir los repuestos son complejos y lentos. Y la costosa máquina puede permanecer parada meses. Es posible incluso que el repuesto esté agotado. Si la máquina le pertenece a una empresa privada, consigue el repuesto de inmediato, así tenga que enviar a alguien a otro país a conseguirla o tenga que pagar el doble de su costo. Lo que por supuesto no puede hacer la entidad o empresa pública.
Son muchos los casos de empresas públicas colombianas, nacionales, departamentales y municipales fracasadas por su ineficiencia y corrupción. Las empresas públicas relativamente eficientes, como Empresas Públicas de Medellín, son la excepción más que la regla. No habría espacio para la lista de las empresas públicas fracasadas por ineficientes: Corelca, Paz del Río, Emcali, etc.
En Bogotá, gracias a Mockus, que vendió el 49 por ciento de la empresa de energía cuando esta había llegado a una megacrisis, el servicio hoy es prestado por Enel, empresa controlada por privados. En la capital hoy es evidente que las empresas de servicios públicos operadas por privados, como Enel en la electricidad o Vanti en el gas natural, son mucho más eficientes que la Empresa de Acueducto, totalmente pública, que subsiste y produce utilidades no obstante enormes ineficiencias y sobrecostos dados por el monopolio que tiene.
Puertos de Colombia era un monopolio ineficiente y corrupto, con un enorme exceso de empleados, costos laborales totalmente por fuera del mercado y una ineficacia descomunal. Esto incrementaba los costos de importadores y exportadores. Solo les servía a algunos politiqueros que robaban y nombraban, y a los sindicatos.
Con la privatización, hoy los puertos de Colombia están clasificados entre los más eficientes del mundo, hasta el punto en que el 80 por ciento de la carga que llega a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena no viene para Colombia, sino que es para transbordo a otros buques con el fin de llevarla a puertos de América del Sur y del Norte.
La democracia colombiana ha buscado atender prioritariamente a los ciudadanos más pobres. Para lograrlo de la mejor manera, es necesario que el Estado garantice los bienes y servicios que son su obligación proveer, al menor costo y con la mejor calidad posible, sin importar que lo hagan privados controlados por este.
En ocasiones se requiere más injerencia del Estado y no menos. Antes de TransMilenio, el sistema de buses en Bogotá era totalmente privado, en una desastrosa expresión de capitalismo salvaje que no producía un buen servicio. TransMilenio es un sistema mucho más público y controlado por el Estado. Pero los buses son operados por empresas privadas, que lo hacen más eficientemente de lo que lo haría una empresa pública.
Añoranza del comunismo
Que el comunismo haya fracasado no cambió para nada la visión estatizante de Petro. China dejó atrás la pobreza cuando abandonó el comunismo, la estatización de las empresas. En Alemania fracasó la mitad comunista del Este, mientras la Occidental se convertía en uno de los países más ricos del mundo. Pero Petro lamentó hace pocas semanas en Alemania que “el derribo del muro de Berlín trajo (...) una destrucción del movimiento obrero a escala mundial”. Es su profunda convicción.
En su libro dice que “por culpa” de Gorbachov se deshizo el bloque soviético y que “el derrumbe de la Unión Soviética (...) trajo con sí el derrumbe a escala mundial de la fuerza obrera”. De modo que, según él, a los trabajadores y las naciones les va bien cuando las empresas son estatales, como era el caso de la Unión Soviética comunista.
Petro es tan radicalmente antiprivatización que dice en su libro que la democracia es incompatible con el neoliberalismo. Comenta que “en la Asamblea Nacional Constituyente existió (…) una extraña concertación entre un proyecto democrático y un proyecto neoliberal”. De forma que, para él, o es democrático o es neoliberal. No puede ser ambas cosas.
Y después explica lo que, según él, son “los ejes fundamentales (…) del neoliberalismo: la independencia del Banco de la República y la privatización de lo público”. Señala las leyes privatizadoras, como la Ley 100 de 1991, “que permitió la privatización de la salud y de las pensiones y que convirtió la salud en una mercancía”; o “la Ley de Servicios Públicos, la Ley de las Telecomunicaciones y la Ley Eléctrica, que abrieron las puertas a la competencia y a la privatización de todos los servicios públicos en el país”.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 29 de julio de 2023.
