El propietario de un activo – o del conjunto de activos que conforman una empresa - es quien decide lo que puede o no hacerse con ellos. La prueba crucial de que se es propietario de algo es la posibilidad de dejar de serlo, por venta o donación. Este nos es el caso de los supuestos “propietarios” de EPM o de la participación de la Nación en Ecopetrol.

La propiedad de un activo otorga el derecho al flujo de servicios – monetizados o no – que produce tal activo, según sus propiedades físicas. El propietario de una vivienda o de un automotor tiene derecho a los servicios de habitación o transporte asociados, o al ingreso monetario obtenido por la cesión de esos servicios a otra persona.

Además del usufructo de los servicios o del ingreso monetario resultante de su cesión, el propietario tiene la responsabilidad de su mantenimiento y reposición, so pena de verse en un futuro privado de sus servicios, por deterioro o desaparición del activo. El propietario que no cumpla con esa responsabilidad, tarde o temprano, tendrá una pérdida pecuniaria o de bienestar, que es solo suya y de nadie más.

En las empresas gubernamentales está siempre presente el riesgo de que la recepción del flujo de ingresos se escinda de las consecuencias de incumplir con la responsabilidad de mantenimiento y reposición, es decir, que recaigan sobre diferentes personas.

Los dueños reales de las empresas gubernamentales, es decir, los políticos que han ganado la última votación, lo son por un período limitado, con frecuencia, solo hasta la próxima, lo cual hace casi irresistible la tentación de maximizar ingreso actual y minimizar las inversiones en mantenimiento y reposición, cuyos efectos nocivos tardan en manifestarse. Todos los arreglos de gobierno corporativo están destinados a impedir que esa tentación se vuelva realidad.

Quintero pateó sin miramientos todos los códigos y prácticas de buen gobierno destinadas a impedir que filibusteros sin escrúpulos como él arrasaran con EPM. Empezó montando una junta y un equipo directivo integrado por personajes sin más merecimiento que su fidelidad absoluta y bien pagada a los dictados del jefe. En Ecopetrol, Petro Urrego avanza decididamente en la ejecución de ese libreto.

La principal condición para el respeto del gobierno corporativo y, en general, el respeto del estado de derecho, es que los elegidos tengan la disposición y la capacidad de hacerlo. Esas disposición y capacidad son como la urbanidad y las buenas maneras, se tienen o no se tienen, por ello es un error esperar que un simio se comporte adecuadamente en una cena de gala.

Probablemente, EPM y Medellín soportarán su Quintero I y Ecopetrol y Colombia su Petro I; pero difícilmente aguanten un Quintero II y un Petro II. Una nueva equivocación de la democracia sería devastadora.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 17 de abril de 2023.