Pero el hecho de que en su diseño la imposición esté regida por las consideraciones financieras del gobierno, no suprime sus efectos sobre la conducta de las personas – los incentivos al ahorro, a la acumulación y al trabajo – ni elimina sus impactos de más largo plazo en la configuración de la sociedad y su organización territorial.

En 2021, el recaudo tributario total ascendió a 202 billones de pesos, la Nación se llevó la parte del león, 86 % ó 174 billones; mientras que municipios y departamentos se quedaron con el 14% restante; 20 y 9 billones, respectivamente. La pobreza tributaria de las entidades territoriales es aún más dramática habida cuenta de que Bogotá, Medellín y Cali se llevan el 50% de lo que corresponde a los municipios; mientras que Cundinamarca, Antioquia, Valle y Santander se quedan con más de la mitad del recaudo departamental.

Sin duda alguna, la reforma de Ocampo fortalecerá el centralismo tributario y debilitará, aún más, la capacidad impositiva de las entidades territoriales, en especial de los departamentos, como ha venido ocurriendo en las dos últimas décadas. En 2001, la participación de las entidades territoriales en el recaudo tributario nacional alcanzó su máximo histórico con 23 puntos porcentuales, ocho para los departamentos y 15 para los municipios. En 2011 cayó a 17 – departamentos 5 y municipios 12 – y en 2021 a 14, 4 y 10, respectivamente.

La irrelevancia tributaria de las entidades territoriales va en contravía de la descentralización política y la mayor autonomía buscada con la elección popular de alcaldes y gobernadores. Aunque las reglas del sistema general de participaciones dan a municipios y departamentos cierta garantía frente a abusos discrecionales del nivel nacional, pareciera que la dependencia de esos recursos y de las cofinanciaciones de la Nación ha sido nociva para la búsqueda de mayor eficiencia y responsabilidad fiscal.

La debilidad fiscal de los departamentos los incapacita para cumplir las funciones “administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, e intermediación entre la Nación y los municipios...”, que le encomienda la Constitución. Su participación en el recaudo total, que era de 13 % en 1981, pasó a 8 % en 2001 y a 4 % en 2021, y seguirá deteriorándose.

Es hora de que departamentos y municipios asuman mayores responsabilidades tributarias. En cuatro años, para hacer la transición requerida, el impuesto de renta puede ser departamental, en su mayor parte, y los municipios ser responsables del recaudo de la mitad del Iva, por ejemplo.

El federalismo fiscal aumenta la competencia y mejora la asignación de recursos al tiempo que limita el poder del estado nacional, todo lo cual es bueno para la libertad

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 28 de noviembre de 2022.