No paran los escándalos de corrupción en el país. Ahora el turno es nuevamente para las empresas municipales de Cali –Emcali–, convertidas en un fortín político del alcalde Jorge Ospina y sus aliados, quién lo creyera, los adalides de la moral y la transparencia. Lo cierto es que la corrupción no tiene color político ni ideología. Baste con recordar lo ocurrido en Bogotá y lo que sigue pasando en gobernaciones y alcaldías que se bautizaron como independientes.

Recuerdo cómo en el año 2000 el Gobierno Nacional tuvo que intervenir a Emcali por un cúmulo de deudas financieras, incumplimiento de créditos internacionales, incluido uno con el BID, y otros con el sector eléctrico y pasivos pensionales sin reservas por 2 billones de pesos, entre otras curiosidades.

Pero ahora son dos escandalosos contratos por más de 450.000 millones, al parecer la punta del iceberg de una contratación de más 75.000 contratos directos, es decir, hecha a dedo, y que asciende a más de 2,8 billones de pesos, según la Procuraduría. Aquí, el nombre del juego es la misma contratación interadministrativa que he denunciado tantas veces y que permite eludir el estatuto contractual a través de pliegos sastre, invitaciones cerradas y usualmente con único proponente.

El primer contrato tenía por objeto la modernización del sistema de medición del consumo de energía domiciliario. Incluía el cambio de los medidores y la construcción de un centro de control por 215.000 millones. Todo contratado por invitación privada y con base en un estudio de mercado que sirvió para referenciar los precios que ahora la misma Administración cuestiona. Se recibieron 2 propuestas.

El ganador, la Unión Temporal AMI Concordiados, que pactó la compra, a precios exorbitantes, de muchos componentes que ya la opinión pública conoce. Lo más grave, pero típico en estos casos, es que la invitación exigía una particular tecnología que solo podían ofrecer los adjudicatarios. El contrato está suspendido por las partes ante la gravedad de las denuncias, pero en cualquier momento puede recibir orden de inicio y giro de anticipos. Por ello es importante que se tomen medidas cautelares que impidan una nueva maniobra fraudulenta.

El segundo tenía como propósito la construcción de una granja solar, con una inversión de 225.000 millones en un contrato que más parece de concesión, y en el cual el adjudicatario debía aportar 127.000 millones que por supuesto nunca aportó. ¿Quién es el adjudicatario Klarzen Green? ¿Qué experiencia tiene? ¿Cuál es su verdadera capacidad financiera y de contratación?

Todo en esta compañía parece diseñado para participar en esta contratación, desde la modificación de su objeto social el año pasado. El otro proponente es como para no creerlo. Baste decir que el representante legal de UT 20 Solar es Andrés Alberto Pérez Valera, beneficiario de subsidio familiar y que acredita ingresos inferiores a 4 salarios mínimos. Todo un montaje.

Este par de escándalos no han sido los únicos en Emcali. Recordemos que esta entidad contrató con Centros Poblados, también con pólizas falsas y tras haber modificado unos meses antes su manual de contratación para introducir la modalidad de invitación cerrada.

Son muchos los temas de la Alcaldía de Cali en investigación: la adjudicación del PAE, la feria virtual, el alumbrado navideño, el convenio con la ERT, el tema de las cámaras, el plan bicentenario, la reactivación de Caligen, para mencionar algunos.

El Contralor se estrena en este caso, como es lógico, por tratarse de su tierra, y ya anunció que los sobrecostos oscilan entre el 350 y el 1.000 %, y que muy pronto habrá resultados de las investigaciones. Esperemos que la Fiscalía y la Procuraduría también se apersonen del asunto en contraste con el silencio, ojalá no cómplice, de la Superintendencia de Servicios Públicos.

El alcalde Ospina no puede seguir negando su responsabilidad en estos escándalos. Fue él quien designó a la junta directiva de Emcali, que él mismo preside, y a Juan Diego Flórez, viejo aliado político suyo, como gerente de la entidad. Quién va a creerle cuando afirma que se trata de un matoneo y persecución política por su cercanía con Petro. Qué desfachatez. Pero bien haría el Presidente en condenar enérgicamente estos actos por provenir, precisamente, de sectores políticos afines al Gobierno.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 09 de octubre de 2022.