Llevo muchos años enseñando que está demostrado —teórica y empíricamente— que una economía descentralizada, de propiedad privada e intercambio voluntario y libre, entre personas movidas por su propio interés, conduce a la asignación más eficiente posible de los recursos.

También he enseñado que está probado, por la teoría y por los hechos históricos, que la sustitución de los objetivos individuales por un supuesto objetivo colectivo de igualdad económica es incompatible con la libertad y solo puede hacerse implantando la dictadura.

Acabar con la libertad para supuestamente implantar la igualdad es el proyecto político socialista del Foro de São Paulo —vigente en Cuba, Nicaragua y Venezuela— y es también el proyecto político de Petro Urrego, el que está tratando de implantar en Colombia con increíble celeridad, empezando con una reforma tributaria expropiatoria que restringe la libertad de las personas de trabajar, producir, consumir, ahorrar e invertir de la forma en que lo deseen.

No pasa un día sin que Petro Urrego amenace a los gremios económicos, sin que sus ministros hagan declaraciones perturbadoras y sin que sus partidarios recurran a las vías de hecho bloqueando carreteras, ocupando instalaciones productivas e invadiendo tierras. Al mismo tiempo, Petro Urrego normaliza relaciones con gobiernos totalitarios, apacigua a los criminales y les ofrece dialogar sin importar que continúen asesinado, extorsionando, traficando y robando.

Pero lo más grave de todo es la purga de la cúpula del ejército y la policía que debilita profundamente su capacidad de combatir el crimen y la delincuencia y llena de temor y desconfianza a toda la oficialidad. El objetivo final es, mediante la intimidación y la propaganda, transformar las fuerzas militares en una especie de “ejército popular” que pueda convivir con las bandas paramilitares que surgirán de la primera línea y los reinsertados de la “paz total”, para asumir el papel represivo de las Milicias Bolivarianas, en Venezuela, de los Comités de Defensa de la Revolución, en Cuba, o de las Milicias Populares Sandinistas, en Nicaragua.

La vergonzosa claudicación de los partidos del establecimiento dejó sin representación política a diez millones de ciudadanos que votaron por ellos en las elecciones del 13 de marzo y que votaron contra Petro Urrego en las del 19 de junio. Poco se puede esperar de las altas cortes —Constitucional y Consejo de Estado— cuyas inclinaciones colectivistas son notorias de tiempo atrás. Los gremios económicos se muestran asustados y perplejos.

Ante esta situación, no queda más que la calle para salir en defensa de la libertad, el valor político supremo; del derecho de propiedad, fundamento de todos los derechos; de la responsabilidad individual, norma suprema de actuación en la vida social; de la democracia, como multiplicidad de partidos, libertad de prensa, alternancia en el poder y respeto al Estado de derecho, y para rechazar la violencia y las vías de hecho patrocinadas por el gobierno como forma de hacer política.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 19 de septiembre de 2022.