En plata blanca, la reforma es para recoger más plata para repartirles a las clientelas de los políticos, especialmente en las elecciones de 2023. Se comprende el afán de aprobarla y el apoyo casi unánime de los partidos a Petro Urrego. Nadie quiere estar por fuera del gran saqueo.
La exposición de motivos está llena de palabrería atosigante sobre la “deuda histórica”, la “justicia social”, la “pobreza extrema”, la “desigualdad”, la “redistribución”, la “equidad”, la “progresividad” y todo lo demás; con el propósito de anestesiar al contribuyente, sembrarle sentimientos de culpa y, sobre todo, hacerle olvidar la más importante verdad de la economía.
Dejando de lado el altruismo y la delincuencia, solo hay dos formas de obtener riqueza: la económica, es decir, la producción y el intercambio voluntarios, y la política, es decir, la confiscación coercitiva con los impuestos.
Así, es falso que las exenciones, descuentos y deducciones —cuya eliminación aporta significativos ingresos tributarios— sean un “costo fiscal” del gobierno, como afirman los economistas afectos al régimen. La mayor parte de esos beneficios buscaban compensar tarifas nominales excesivamente elevadas. La reforma los suprime, pero deja las tarifas elevadas. Como quien dice: pan y pedazo.
Todo impuesto se paga del ingreso y, aunque nominalmente no paguen renta, los más pobres ven reducido el suyo con los impuestos saludables, equivalentes a un IVA de 29 % a decenas de productos de la canasta familiar cuyos principales consumidores son, precisamente, ellos. Para recaudar 2,5 billones, la jugada saludable equivale a un IVA de 20 % al conjunto de la canasta. No parece “progresivo” cobrar 19 % a langostinos y 29 % a la mortadela; ni “saludable”, 29 % a gaseosas y 19 % a cerveza y 0 % al aguardiente.
Además de lo que pagan por IVA, las personas pobres pagan muchos impuestos, quizás más cuantiosos, a consecuencia del traslado de la carga tributaria, que se expresa en menores ingresos laborales o en mayores precios de los productos. Ni los pobres ni nadie debería llamarse a engaños: todos pagamos impuestos; excepto los políticos, sus parientes, sus clientelas y los funcionarios públicos, quienes viven de ellos.
Cuando se grava el ingreso se grava la generación de riqueza; cuando se grava el patrimonio o las transacciones de los activos que lo conforman, se grava la riqueza creada, ahorrada e invertida para crear más riqueza. En la hacienda clásica, el impuesto sobre el capital era excepcional, un recurso temporal, en caso de guerra o catástrofe natural. Castigar los patrimonios y las altas rentas es castigar al eficiente para beneficiar al ineficiente, castigar al productor para favorecer al subsidiado, castigar la generación de riqueza en el mercado para propiciar su consumo en el gobierno.
La expansión de la apropiación gubernamental de la riqueza debilita la producción y el intercambio voluntarios, porque la gente dedicará sus energías a la lucha política, buscando participar del saqueo y no ser su víctima .
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 15 de agosto de 2022.
