En primer lugar, en la Ley de Financiamiento de 2018 y la Ley de Crecimiento Económico de 2019 establecimos un conjunto de incentivos para aumentar la inversión en el País. Por ejemplo, determinamos que las inversiones agroindustriales tendrían 10 años de exención del impuesto de renta, creamos un régimen para atraer mega inversiones que generaran un mínimo de empleos, in una tarifa diferencial de renta para los nuevos hoteles que se construyeran en municipios pequeños y logramos que las inversiones en economía naranja estuvieran exentas por cinco años. Todo esto se desmonta.

Estas medidas, cabe señalar, fueron supremamente exitosas, a tal punto que desde 2018 Colombia logró revertir la tendencia de decrecimiento que había tenido de 2014 a 2017, en 2019 registró la variación del PIB y de inversión extranjera directa más alta en seis años y en 2021 registró una de las reactivaciones económicas más fuertes de la región, a tal punto que ya se recuperaron la totalidad de los empleos perdidos por la pandemia.

En otras palabras, nuestro País se volvió un destino atractivo para los inversionistas, lo cual no solamente se traduce en más empleos y mejores condiciones de infraestructura, sino que entiende la realidad del mundo actual: Colombia no es una isla donde los recursos llegan por sí solos. En un mundo globalizado tenemos que competir con las demás naciones de la región para atraer inversión y eso solo se logra brindando buenas condiciones de seguridad jurídica y unas tarifas de tributación competitivas.

En segundo lugar, la redacción actual del proyecto prácticamente acaba con el sector inmobiliario. Por un lado, las cuentas AFC ya no estarán exentas de impuestos cuando tengan más de $26 millones, lo cual perjudica gravemente el ahorro programado que las familias hacen para adquirir vivienda propia.

Por otro lado, se desmontan los incentivos que actualmente existen para promover la construcción de viviendas de interés social -VIS- y viviendas de interés prioritario -VIP-, tales como el hecho que la enajenación de los terrenos que se destinan a estos proyectos están exentos de renta al igual que la primera venta que se realice de los apartamentos.

En otras palabras, los hogares ahorrarán menos y las constructoras pagarán más para edificar los inmuebles que benefician a las familias más vulnerables, circunstancia a la cual hay que adicionar el alza en el precio del dólar y de los materiales de obra. Una variable de mayores costos que puede llevar, inclusive, a que estas empresas frenen estos proyectos dado que dejan de ser rentables.

En tercer lugar, se pone IVA a los combustibles en los departamentos fronterizos. Una decisión que derivará en una inevitable alza del precio de los alimentos en esas regiones del País y a un incremento del contrabando, dado que, por ejemplo, la gasolina distribuida legalmente no tendrá cómo competir con el valor más bajo de los combustibles traídos de forma irregular desde naciones vecinas.

En cuarto lugar, se eliminan todos los beneficios que actualmente tiene la industria cinematográfica, los cuales han permitido que Colombia se convierta en un centro de producción de series y películas a nivel regional. Si somos sinceros, Netflix y otras empresas semejantes no graban en el País solamente por sus paisajes, sino porque les es mucho más rentable, lo que permite que traigan sus recursos y contraten personal nacional.

Como puede observarse, las preocupaciones no son menores. La afectación por sectores es considerable y hay temas adicionales como el durísimo golpe al mercado de valores al cual me referiré más adelante. Ojalá que el Ministro de Hacienda sepa escuchar, tenga disposición verdadera de diálogo y acoja las sugerencias de modificación que realicen los gremios y los partidos en las Comisiones Económicas del Congreso.