Con el cuento de que hay que pasar la página y no tocar el acuerdo con las Farc ni modificar el funcionamiento de la JEP, estamos soslayando hechos graves que van en contravía de lo que repetían de dientes para afuera quienes firmaron y promovieron aquel papel: que las víctimas serían el centro del acuerdo. En esta historia, lamentablemente, los malos están ganando. Les fue mejor a los victimarios que a las víctimas. Los primeros son los que han estado, en la práctica, en el centro del acuerdo; los que se llevaron las curules en el Congreso sin competir, los que reciben chorros de plata para politiquear, los que tienen la dicha de planear vacaciones a Cancún y los que pueden decir la versión que les dé la gana ante la Jurisdicción Especial de Paz con la tranquilidad de que sus procesos avanzan a paso de tortuga.
¿Cómo no pensar que les fue mejor a los victimarios si en la primera etapa del proceso electoral que concluyó hace dos días, al partido de las Farc el Estado le giró más de 9.000 millones de pesos, mientras a los aspirantes a las curules de las víctimas les negaron en muchos casos los anticipos y les tocó hacer campaña con las uñas?
Ni hablar de lo que pasó con Fernando Arellán en los últimos días. El tipo que participó de manera directa en el atentado al Club El Nogal, que dejó 36 muertos y más de 200 heridos, se fue a isla Margarita en 2018 con autorización expresa de la JEP. Hace una semana repitió la hazaña, esta vez para tomarse unos días de descanso en Cancún.
Contó, de nuevo con el permiso directo de la Jurisdicción de Paz para realizar su viaje, con tan mala suerte que en México lo inadmitieron. Y así otros máximos responsables de delitos de lesa humanidad, que cuando no están en el Congreso ganándose más de 30 millones de pesos mensuales están de turismo por Colombia y el mundo, sin que se haya producido la primera condena en su contra por parte de la justicia transicional.
La misma JEP que manda de vacaciones a los asesinos de las Farc les niega a los familiares de las víctimas la posibilidad de controvertir a quienes, como Piedad Córdoba, pudieron sentar cátedra durante meses en el caso de Álvaro Gómez Hurtado, sin que su sobrino y defensor, Enrique Gómez, pudiera abrir la boca porque a la magistrada Julieta Lemaitre le parecía que era mejor que enviara sus preguntas por escrito.
En varios momentos de aquella oprobiosa audiencia, que tendrá que ser repetida porque viola las más elementales garantías, la magistrada repetía que la JEP había sido, antes bien, muy generosa con la familia Gómez y con las víctimas en general y que incluso les estaban dando más garantías de las que estaban consagradas en las normas. ¡Cuánto descaro! Mientras la “tramitadora de secuestros”, como denominó Ingrid Betancourt a Piedad Córdoba, contaba las ‘penurias’ en las que vivían sus amigos ‘Santrich’ y ‘Márquez’ y echaba al agua a los expresidentes Santos y Samper como depositarios y conocedores de la versión del magnicidio de Álvaro Gómez a manos de las Farc, la familia de la víctima tenía que conformarse con ver la audiencia, en pésima calidad, porque por problemas técnicos la conexión tampoco fue del todo posible.
¿Y así y todo quieren que nos quedemos callados y no critiquemos a la JEP y a la rechoncha institucionalidad que se creó dizque para implementar la paz? El debate hay que darlo. Hay que hablar del tema así a muchos incomode, y los candidatos presidenciales tendrían que pronunciarse. Mientras la historia siga siendo escrita por los que han causado tanto daño, las víctimas seguirán siendo doblemente víctimas y no habrá ni verdad, ni justicia ni mucho menos reparación.
@JoseMAcevedo
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 14 de marzo de 2022.
