Cuando nací en Riohacha, en la década de los ochenta, Colombia tenía una cobertura de agua potable de 58 %. Treinta y tres años después, cuando el presidente Iván Duque me designó ministro de Vivienda, la cobertura era del 90,4 %. Aunque el avance fue sorprendente durante los últimos treinta años, la del agua era –en cualquier caso– una revolución incompleta: 4,6 millones de colombianos carecían de agua potable. Ante el desafiante panorama, el gobierno del presidente Iván Duque se puso como meta conectar por primera vez a 3,03 millones de colombianos al preciado líquido. La meta, catalogada de ambiciosa, se puso en marcha soportada en los desarrollos regulatorios previos, como los esquemas diferenciales introducidos por el exministro Camilo Sánchez.
Uno de los retos más importantes para conquistar la universalización del acceso al agua potable es que, a medida que se avanza en las nuevas conexiones, las personas que permanecen sin acceso están cada vez más dispersas y alejadas de los centros urbanos. Esto incrementa el costo marginal de llevar agua a un individuo adicional, creando una deseconomía de escala. Mientras que en las ciudades la inversión per cápita necesaria para darle agua por primera vez a una persona es, en promedio, cerca de 190.000 pesos, en las zonas rurales dispersas esta cifra asciende a más de 3 millones. Este comportamiento, que no es un asunto local sino una tendencia global, explica por qué durante los últimos años cada gobierno ha registrado menos accesos en términos absolutos al inmediatamente anterior. La tendencia decreciente en las conexiones es lo que teóricamente cabría esperar.
El tinte ambicioso de nuestra meta fue justamente el de ir en contravía de esta tendencia que parecía natural y vegetativa. Para ello sumamos varias herramientas y fortalecimos otras. Por un lado, el sector de agua potable y saneamiento básico ha fortalecido considerablemente su presupuesto, que para 2021 bordeó los $1,3 billones, superando con creces los $ 383.000 millones que se habían asignado en promedio al sector entre 2011 y 2020. El presupuesto es una muestra clara de la apuesta política alrededor de la agenda de agua y equidad del presidente Iván Duque.
Por otro lado, profundizamos el desarrollo normativo de los esquemas diferenciales, y con ello creamos programas focalizados como Agua al Barrio, Agua al Campo y Guajira Azul, que nos han permitido reducir las principales brechas de acceso al agua. Además, hemos impulsado los esquemas de regionalización, precisamente para contrarrestar los altos costos de llegar al margen.
Hoy, gracias al acompañamiento técnico y presupuestal de la nación, se han terminado 310 proyectos de agua potable y saneamiento básico que han impactado a cerca de 12 millones de personas. De estos, son 2,5 millones los colombianos los que han tenido acceso a agua potable por primera vez, esto significa que cada 45 segundos, sin tregua alguna, un colombiano que carece de agua potable abre el grifo y dispone de agua limpia y segura.
La estrategia ha dado resultados a lo largo y ancho del territorio nacional. Las brechas se están cerrando y tenemos total certeza de sobrecumplir nuestro propósito de 3 millones de conexiones antes de finalizar el Gobierno.
Algunos desafíos permanecen, como los de mantener e incrementar el presupuesto del sector, introducir mecanismos novedosos para su financiación como bonos verdes, mejorar los sistemas de información y fortalecer las empresas regionales, entre otros. Estos son algunos de los asuntos que deben contemplarse en las próximas administraciones. Sin embargo, los avances son innegables y la aceleración del proceso también, por ejemplo, en los cerca de 3 minutos que usted dedicó a la lectura de esta columna, cuatro colombianos accedieron por primera vez a agua potable.
*Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 22 de febrero de 2022.
