Es justo y objetivo ver el vaso medio lleno y reconocer, el cauce que ha recobrado la seguridad ciudadana, un logro en el que se ha empeñado el Ejecutivo como máximo responsable de su conducción. Contrario a lo que arrojan algunos análisis y encuestas, a la delincuencia presente en las calles, a la batalla perdida contra la percepción de inseguridad, y a la crítica de las campañas cuestionando “el fracaso del gobierno de la seguridad democrática”; podemos aseverar que el 2021 y la recta final del gobierno, tiene una dinámica renovada de la seguridad, con un rendimiento positivo, a partir de las cifras irrefutables de la operatividad policial y los indicadores demostrables de reducción del delito y del crimen organizado; también, y de suma relevancia, por las acertadas e innovadoras decisiones lideradas por el presidente para solucionar asuntos pendientes en materia de política criminal y seguridad pública.
La criminalidad impacta la seguridad ciudadana a nivel global, y se ha recrudecido en período pospandemia y a causa del auge migratorio. Afortunadamente el gobierno ha asumido estos fenómenos con eficiencia, y cuenta con un equipo que se la ha jugado por liderar y articular acertadamente los asuntos de seguridad pública y política criminal. No es fácil alinear los astros, y menos a la mayoría de mandatatarios regionales, los que en esta oportunidad le apuestan a una hoja de ruta común, sin protagonismos, ni egoísmos alrededor de la seguridad ciudadana.
Fueron varios años de infructuosos intentos, y el gobierno se anota un hit, al modernizar con apoyo del Legislativo, instrumentos cruciales, como la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el Plan Nacional de Política Criminal, La Ley de Seguridad Ciudadana, y La Ley de Transformación Integral de la Policía Nacional. Esta última, muy ajustada a los estándares internacionales, reorganiza la estructura y da un salto estratégico que integra la seguridad ciudadana, bajo una Jefatura única Nacional del Servicio de Policía, y que ejercerá el comando y control de las 7 especialidades operativas, entre ellas: Inteligencia, Investigación Criminal, Antinarcóticos, y Antiextorsión y Secuestro, etc.
La operatividad de la Policía Nacional en Colombia supera todos los pronósticos. Revisados indicadores de desempeño de policías del mundo, dificilmente hallamos logros equiparables. Tenemos una Policía que no para, en un año ejecuta 35 millones de procedimientos, más de 95.000 diarios, aplica 1,6 millones de comparendos por conductas contrarias a la convivencia, captura 182.159 personas, 43.450 vinculadas al tráfico, porte y comercialización de estupefacientes, 21.555 al hurto, 5.148 al homicidio, y 2.551, entre ellos 113 cabecillas, integrantes de grupos armados al margen de la ley. La labor policial fue definitiva en la reducción entre el 9 % y el 37% de once delitos de impacto social, entre ellos el hurto, el secuestro, la extorsión, los delitos sexuales. Es histórica la inautación de 712 toneladas de estupefacientes, la reducción del 7,6 % en la siembra de cultivos ilícitos y el decomiso de 9.8 millones de dosis personales como resultado del Plan 100 contra el microtráfico.
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Colombia está en la cima de los países donde más se asesinan policías, estamos en el deplorable tercer lugar con 63 uniformados muertos (tasa 2,39) en 2021
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El homicido presentó una drástica reducción en 8 ciudades capitales, el mayor logro en Medellín con -32 %, Florencia -29 % y Montería -27 %; y 281 municipios estuvieron libres de muertes violentas en 2021, los homicidios colectivos bajaron -9.1 %. Y si bien, la tasa nacional, no cede, pasando del 23.8 al 26.9 por cada cien mil habitantes; al inmensurable esfuerzo policial y de las autoridades, le sigue ganando terreno la violencia generada por la reconfiguración del crimen organizado, la disputa por el territorio y las rentas criminales, el exterminio recíproco entre grupos delincuenciales, y los ataques vehementes contra la Fuerza Pública. Colombia está en la cima de los países donde más se asesinan policías, estamos en el deplorable tercer lugar con 63 uniformados muertos (tasa 2,39) después de México donde en 2021 fueron asesinados 401 uniformados (tasa 7,27) y Venezuela (tasa 2,37). Ahora, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, asesinar un soldado o policía, un periodista, o un líder social tendrá la máxima pena de 58 años de prisión. Un gran logro.
La Fuerza Pública ha combatido sin descanso los engendros de la violencia, el narcotráfico, el terrorismo y las economías criminales localizados en cuatro zonas de frontera tradicionalmente influenciadas por el ELN, las disidencias, y el Clan del Golfo: El Catatumbo, Arauca, el pacífico sur, y el Bajo Cauca. Aquí subyacen, transitan y se despliegan múltiples fenómenos que son combustible del microtráfico, el homicidio y la extorsión en las ciudades. Se ha reforzado la estrategia militar y policial con la creación de Comandos Conjuntos, los Centros de Fusión de Inteligencia y el aporte de investigación criminal. La exitosa Operación Cóndor contra el Clan del Golfo en Ituango, aún en desarrollo y el golpe contra Otoniel, consecuencia de la operación Agamenon, así como la captura de los terroristas del ELN en Cali autores del ataque contra el Esmad, son puntos de quiebre importantes de los esfuerzos gubernamentales y de la Fiscalía, para contrarrestar las amenazas a la seguridad ciudadana y a la seguridad del Estado.
Razones para seguir construyendo una visión optimista de la seguridad ciudadana, están a la vista. Es tozudo no reconocerlo, y más preponderante aún, lo existente obedece a un trabajo estratégico, especializado, técnico y territorial; que no puede tirarse por la borda, y que frente al desafío electoral que se avecina, debería movernos en su defensa. La realidad sustantiva está a la hora de elegir: ¿le apostaremos a quienes proponen un cambio diametral de la doctrina y del modelo actual de seguridad?, ¿a quienes plantean que la violencia y la criminalidad se solucionan a través del diálogo y la implementación del acuerdo de La Habana, acudiendo a la fuerza como último recurso?, ¿o a quienes prevalecen el ejercicio de autoridad, fortaleciendo y respaldando sin ambiguedades a la Fuerza Pública, entendiendo que la fuerza del Estado debe ser superior para someter a violentos y criminales, reactivando las fumigaciones, manteniendo la penalización de las drogas y bombardeando a los terroristas?. ¡Amanecerá y veremos!
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https://www.las2orillas.co/, Bogotá, 04 de febrero de 2022.
