Las Fuerzas Armadas y la Policía de Carabineros de Chile atraviesan el período de mayor incertidumbre de sus últimas tres décadas y desde el fin de la dictadura militar en 1990. El malestar es general y los ruidos de sables y carabinas por ahora son subterráneos, sin embargo la gota que rebozó la copa, fue la nominación de la diputada Maya Fernández Allende, nieta del extinto y derrocado expresidente Salvador Allende e hija de Luis Fernando Oña, ex agente de inteligencia cubano y hombre de confianza de Fidel Castro; como ministra de Defensa y comandante en Jefe de las Fuerzas Militares de Chile.

La primera voz en levantarse, que interpreta el sentir de militares y policías, se dio en contundente carta pública del coronel retirado del Ejército de ese país, Jaime Manuel Ojeda Torrent, sugiriendo al comandante del Ejército firmarla, y en la que advierte al presidente electo Gabriel Boric Font, el daño que causará a su nación dicha designación: “es una severa afrenta y humillación para con nuestra institución y su sagrada historia”, el único mérito de la señora Fernández es el “odio” que ha expresado siempre por las Fuerzas Armadas y la “venganza” que seguramente desencadenará por la caída de su abuelo.

Maya Fernández es bióloga, médico veterinaria y política; educada en Cuba durante su niñez y adolescencia y desde 2014 es parlamentaria por el Partido Socialista de Chile, sin experiencia en asuntos de seguridad y defensa, acérrima crítica de las Fuerzas Armadas y de Policía, investigó como Diputada la conducta de los Carabineros en las protestas, y se ha concentrado en temas relativos a política exterior, mujeres y equidad de género, economía y  turismo.

Por su parte la Convención Constitucional, aún no ha definido el futuro de las Fuerzas Armadas y los Carabineros, la discusión pública no cesa y ha girado  alrededor del estatus que deberían ocupar estas Instituciones en la nueva Carta Política de Chile. La Constitución actual, hecha durante la dictadura militar, dedica un capítulo autónomo que blinda su marco, alcance y naturaleza, para algunos analistas aquí reside el “superpoder” inamovible que representan,  también la causa de sus “extralimitaciones”, por lo que buscan quitarle rango Constitucional y reducirlas a una ley orgánica a cargo del Gobierno. Otros consideran, que este es el inicio de la desinstitucionalización, politización y refundación de unas Fuerzas Armadas y de Policía, de corte socialista/comunista espejo de los regímenes latinoamericanos de izquierda extrema. ¿Será este el mandato de la ministra de Defensa designada?

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La Convención Constitucional, aún no ha definido el futuro de las Fuerzas Armadas y los Carabineros, la discusión pública ha girado  alrededor del estatus que deberían ocupar estas Instituciones

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Son 10 las iniciativas populares radicadas en la Convención Constitucional contra las Fuerzas Armadas y los Carabineros; exigen desde la eliminación del régimen especial de pensión y salud, la sindicalización del cuerpo policial, hasta el cierre de los Carabineros y su reemplazo por una nueva organización. El general Francisco Smith, presidente del Cuerpo de Generales de la Reserva, lidera una contrapropuesta para proteger la Fuerza, es cuestión de “vida o muerte”, asegura. Por su parte y ante el mar de inconformismo, el director general de la Policía, llamó al orden a oficiales activos y en retiro que filtran información y alimentan la tensión.

El Presidente electo, intenta apaciguar las aguas y bajarle el tono a la discusión, envía mensajes de alivio y moderación, pero la llegada al poder de la alianza Socialista/Comunista asusta y tiene los ánimos caldeados, la polarización crece y Boric es indescifrable; se muestra camaleónico y ahonda el desasosiego. Y el temor mayor radica en el nuevo gabinete, que ya evidencia raices cubanas y tentáculos finos con Nicaragua y Venezuela, y más preocupante aún, se incrustarán en el ADN de los asuntos de Inteligencia, Seguridad y Defensa Nacional.

Al escepticismo frente al futuro incierto de las Instituciones castrenses y de policía chilenas, se suma el complejo panorama en materia de criminalidad y seguridad ciudadana. No hay señales de tranquilidad y estabilización, tampoco del restablecimiento, respaldo y apoyo del ejercicio de autoridad. Hay regiones, inclusive zonas del área metropolitana de Santiago, donde la inseguridad llega a niveles preocupantes, el desorden público crece, la informalidad y los inmigrantes en las calles, y la delincuencia y el narcotráfico tomando fuerza.

Las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile han sido de las más admiradas en Latinoamérica, Instituciones amigas y aliadas de Colombia, reconocidas por su talante democrático y referente profesional en múltiples ámbitos. Desinstitucionalizarlas es mala señal, y al momento de pensar en reformas en asuntos de seguridad y defensa, y por el bien de las democracias, es indispensable apartarse de bases ideológicas e intereses partidistas, asegurando que las decisiones políticas se apliquen, no solo adoptando los estándares internacionales, también acudiendo a expertos en la materia y consultando Instituciones técnicas y de investigación reconocidas por su credibilidad, independencia y  trayectoria.

Por ejemplo, WISPI – World Internal Security & Police Index,  en 2016 publicó el primer informe de medición de los países en materia de seguridad y Policía. Evalúan 16 indicadores, agrupados en cuatro  dimensiones : 1) Capacidad, de las Policías, las Fuerzas Armadas, la Seguridad Privada y el sistema carcelario. 2) Procesos, contra la corrupción, efectividad de la justicia, sobornos a la policía, y transparencia en los reportes policiales. 3) Legitimidad, en derechos humanos, confianza en la policía, el uso del cargo por policías y militares para beneficio personal, y el abuso de autoridad. Y 4) Resultados, en la reducción del homicidio, crímenes violentos, terrorismo y percepción de seguridad ciudadana.

Para el caso de Colombia, y en época electoral, el estudio de WISPI es un apropiado punto de partida, para enriquecer los asuntos y construirlos con enfoque propositivo, distanciando el debate de seguridad de la polarización y abordando su estudio desde una perspectiva basada en evidencia técnico-científica. Vivimos momentos de convulsión, muy idénticos a los que enfrenta nuestra hermana República de Chile, con síntomas nada vacilantes de lo que podría ser una debacle, y para evitarlo, el primer y único paso, es movilizarnos de manera activa, civilizada y fundamentada, en defensa de la institucionalidad.

LPNSN: La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, es un avance histórico para el país, un alivio para el ciudadano y herramienta efectiva para la justicia y la autoridad. Por fin será alto el costo para quien asesine un soldado o policía de la Patria. Ojalá y no quede solo en papel.

https://www.las2orillas.co/, Bogotá, 28 de enero de 2022.