Con la salud mental de los niños no se juega, y sin embargo da mucha piedra ver a algunos dirigentes de Fecode haciéndolo a su manera; diciendo que están pensando en el cuidado de los menores y los padres de familia, cuando en realidad lo que están haciendo es política sin ninguna vergüenza, manteniendo un pulso con el Gobierno que en realidad es un desafío a toda la sociedad. Los niños tienen que volver a clases. No es justo que más de 2 millones de ellos hayan estado privados durante tanto tiempo de la posibilidad de socializar con sus pares y todavía exista gente que se oponga a su pronto regreso. Para las fiestas y las marchas masivas están listos, pero para volver a educar a quienes ya presentan unas deficiencias enormes en sus procesos de aprendizaje, siendo los niños más pobres los más afectados, entonces surgen excusas de todo tipo.
Julián Gómez, un juicioso tuitero, analista de datos, estableció que en los últimos tres años los suicidios entre menores están creciendo preocupantemente, y eso que no están sumados los 365 días de 2021. Solo en los primeros 7 meses, ya había registro de 80 niños entre los 10 y los 14 años que se quitaron la vida el año pasado, y 195 entre los 15 y los 19 años. ¿Cuántos más tienen que morir producto de esta otra pandemia silenciosa alimentada por la falta de colegio real y de compañeritos con los cuales interactuar para que algunos maestros o, mejor, algunos políticos disfrazados de profesores entiendan el daño que están haciendo?
Y sin embargo existen paradojas como esta: la virtualidad que en algunos casos implicó retraso, como en el sector educativo, en otros, como la Rama Judicial, significó eficiencia y celeridad. La administración de justicia no se detuvo y, por el contrario, hay algunas estadísticas que sugieren que la productividad de los funcionarios creció de manera significativa. En un año sin pandemia se realizaban alrededor de 25.000 audiencias. Durante 2021 se desarrollaron con éxito 200.000 diligencias de este tipo, con varias ventajas que vale la pena resaltar. Para muchos, se acabaron o, por lo menos, se limitaron los pretextos a la hora de cumplirle a la justicia y así la dilación de ciertos procesos también se mermó. La disminución de costos en materia operativa fue palpable. El periodista de RCN Radio Mauricio Collazos sacó la calculadora y consultando expertos y cifras de la propia Rama Judicial estableció que en el último año, Colombia se ahorró 10.000 millones de pesos con las audiencias virtuales. Dice el profesor Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, que, solamente en servicios públicos, en los juzgados de Paloquemao en Bogotá se estima un ahorro de 500 millones de pesos, gracias a la virtualidad.
Por supuesto que, como pasa en otros sectores, el reto de la conectividad es vital para que las cosas fluyan y el país tiene que avanzar en este sentido todavía más, pero, aun con las limitaciones que tenemos, el modelo ha demostrado que funciona y convendría que las autoridades revisaran si el decreto que faculta a los jueces a trabajar sin ir a los despachos judiciales y que se vence el próximo mes de junio pudiera extenderse para lograr estas eficiencias también en 2022.
Eso, sumado a los convenios que se han firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo para garantizar la modernización de la justicia y profundizar el expediente digital, las notificaciones virtuales y el uso de inteligencia artificial en la toma de decisiones con patrones compartidos, puede constituir la verdadera reforma de la justicia que los ciudadanos llevamos esperando desde hace años.
¡Los niños, que vuelvan a las aulas cuanto antes, y los jueces, que se queden trabajando aplicados en sus casas y aprendan más sobre las posibilidades que trae la tecnología aplicada a su oficio! Así ganamos todos.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 17 de enero de 2022.
