El presidente Iván Duque firmó ayer el decreto que autoriza un reajuste del salario mínimo de 10,07 por ciento para el 2022, esto es, un millón de pesos más 117.172 pesos del auxilio de transporte. Este es el aumento real más alto en más de tres décadas y el primero de dos dígitos en lo corrido del siglo. Además, fue producto de un acuerdo que por tres meses trabajaron el Gobierno Nacional, los empresarios y los sindicatos, en representación de los trabajadores.
Este incremento constituye, sin duda, un esfuerzo histórico tripartito en medio del proceso de reactivación económica que viene experimentando el país. La reapertura total, el avance de la vacunación, el levantamiento de las restricciones y mejoras en los precios de las materias primas han jalonado el crecimiento, que podría culminar el 2021 muy cerca de los dos dígitos, o quizás superándolos.
En simultánea, factores locales y externos –que incluyen la disrupción de las cadenas de suministro global y los altos costos de insumos y bienes intermedios– continúan empujando la inflación al alza en la mayoría de las economías del mundo. Precisamente, la disparada del índice de precios al consumidor (IPC), en especial la registrada por los alimentos básicos y bebidas no alcohólicas, que afecta con más severidad a los hogares pobres, es un poderoso motivo detrás de un aumento tan alto del mínimo.
Un salario mínimo de un millón de pesos envía un sonoro mensaje acerca de la preocupación del Gobierno –el cual lanzó la primera propuesta para alcanzar esa cifra–, los empresarios y las centrales obreras sobre la necesidad de millones de hogares de experimentar mejor los beneficios de la reactivación e impedir que el alto costo de vida consuma su poder adquisitivo. No obstante, esta decisión implica retos y mayores desembolsos tanto de las finanzas públicas para los trabajadores estatales como de las empresas de todos los tamaños.
Tanto la vigente reforma tributaria, sostenida sobre los impuestos al sector privado, como el incremento de dos dígitos al mínimo son ejemplos del compromiso social y la responsabilidad colectiva que el empresariado colombiano ha asumido ante la crisis económica generada por la pandemia. Además de mantener y crear puestos de trabajo, las empresas –grandes, medianas y pequeñas– pagarán más tributos para costear, entre otros, los programas sociales, así como salarios y prestaciones más altos, en pleno esfuerzo de reactivación.
Según cálculos de la Anif, cada punto extra en el alza del mínimo por encima de 7 por ciento se traduce en unos 527.000 millones de pesos adicionales en costos de nómina del sector privado. De hecho, voces expertas han alertado sobre el impacto que el aumento del 10,07 por ciento podría generar en las pymes en momentos en que los negocios de tamaño pequeño, mediano y micro están impulsando la recuperación de tantos puestos de trabajo. Estas alertas –que incluyen preocupaciones por el aumento de la informalidad, dificultades para bajar la tasa de desempleo, barreras más altas a la contratación formal y mayores presiones inflacionarias– merecen ser atendidas y monitoreadas durante el año entrante.
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https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 15 de diciembre de 2021.
