Es comprensible la alarma que ha generado el fenómeno de la invasión ilegal de tierras en el país. Las cifras más recientes, reveladas esta semana por la Defensoría del Pueblo, hablan de 108 casos activos en 26 municipios de diez departamentos, con 5.800 familias involucradas. Según la entidad, en al menos 13 de estos habría participación de organizaciones ilegales y los casos vienen en aumento. También esta semana, el director de la Policía, general Henry Sanabria, afirmó que desde el 8 de agosto sus hombres han llevado a cabo 73 acciones contra quienes invaden predios de forma indebida.

Como lo señaló el jueves pasado el presidente Gustavo Petro, es claro que la invasión de tierras es un problema de vieja data. Tanto en el ámbito rural como en el urbano. En este último existen verdaderas mafias de ‘tierreros’ con largos tentáculos y un gran poder corruptor. Las históricas falencias del país en materia catastral y una débil institucionalidad que ha alimentado una cierta tendencia a la informalidad en lo que concierne a los títulos de propiedad en varias regiones del país han sido aliados de los inescrupulosos.

Los de antes y los de ahora. Aquí entran a jugar también los grupos armados como el ‘clan del Golfo’, las disidencias de las Farc y el Eln, junto con las mencionadas mafias, que llegan en camionetas blindadas, como lo documentó este diario hace unos días. Y con ellos, sobre todo en zonas urbanas, ciertos líderes políticos, que de esta forma han amasado fortunas y capital electoral.

Ahora bien, independientemente de sus raíces en el pasado, es claro que viene aumentando el ritmo con el que ocurren estos preocupantes hechos. Y aquí es donde cabe preguntarse hasta qué punto declaraciones del propio mandatario cuando aún era candidato y recién asumió el cargo hayan podido, de manera indirecta, estimular a los protagonistas de algunos de los casos recientes.

En particular lo dicho por el Presidente en su discurso de posesión sobre el destino que tendrían los bienes que hoy están en poder de la Sociedad de Activos Especiales. Y es que así ocurrió, días después de este anuncio, con un terreno en Dagua, Valle, en poder de esta entidad y al que llegaron personas motivadas, según dijeron, por esta promesa.

Ante esta realidad, el Ejecutivo hoy tiene el desafío de actuar a tiempo y con contundencia para que el tema no lo desborde en un futuro cercano o adquiera nuevos y más complejos matices. Entre estos, el de que este problema avance también en inmuebles urbanos, algo sobre lo cual ya empiezan a aparecer denuncias.

Además, esto obliga a conocer bien cada fenómeno en tanto hay algunos que poseen distintos elementos de causalidad, entre ellos los relacionados con los reclamos de tierras de carácter ancestral y étnico, ante los cuales se han abierto procesos de concertación con todos los actores, pero incluso aquí el imperativo debe ser frenar las ocupaciones ilegales para poder llegar a acuerdos. El Gobierno ha insistido en la política del diálogo como primer paso, pero este debe estar claramente delimitado y sin opción de concesiones, que no pueden merecer quienes están actuando en flagrante violación de la ley.

De no dar frutos esta vía inicial, no podrá haber opción distinta que una reacción oportuna y eficaz de la Fuerza Pública en defensa del derecho constitucional a la propiedad privada. Sin demoras, sin permitir que avance y se salga de cauce este problema. El reto es evitar que un manejo inapropiado de los casos que se vienen presentando, en el que se desdibuje por negligencia o cualquier otro motivo el respeto a este derecho, estimule a más personas a incurrir en esta conducta, tipificada como delito en el Código Penal. Y es que aquí, la única manera de detener a los invasores es mediante la ley y, de ser necesario, haciendo uso de las unidades de la Policía capacitadas para llevar a cabo desalojos.

El llamado tiene que ser, en primer lugar, a evitar generar expectativas que son perversamente capitalizadas por quienes ven en este contexto una oportunidad para violar el principio de la propiedad privada que garantiza el orden y la paz. También, a que las autoridades no le den largas al cumplimiento de su deber. Así mismo, a que las reivindicaciones, colectivas e individuales, por el acceso a la tierra sean tramitadas única y exclusivamente a través de las instituciones.

El país cuenta con una institucionalidad robusta conformada en los últimos años, sin que todavía haya dado los frutos esperados. El Ejecutivo ha anunciado un proyecto de ley de reforma agraria, del que solo se conocen algunas puntadas. Pero, más allá de esta iniciativa, es mucho lo que se puede hacer con las herramientas existentes, sobre todo en materia de titulación de predios y en especial a quienes han sido despojados de ellos por actores violentos.

Reactivar el campo, impulsar la producción agroindustrial, contar con un catastro multipropósito y facilitar el acceso ordenado a tierras baldías debe ser un propósito inicial y común de todos los sectores. Para alcanzarlo hay que sumar aliados en un clima de confianza, que solo se puede lograr por la vía del respeto a los derechos constitucionales y el apego a las vías institucionales.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 25 de septiembre de 2022.