Lo único que puedo decir con certeza es que las afirmaciones que se hacen en esa "auditoria forense" corresponden a tantas locuras en el ejercicio de la ingeniería que veo muy difícil que hayan sido ejecutadas en esas empresas, en las cuales trabajé, y por lo cual tanto conozco, a menos que hayan cambiado en forma drástica en los pasados 20 años.

La única explicación que encuentro a todas estas locuras, si realmente fueron realizadas, es que el "main contractor", en este caso EPM (o epecista, como lo llaman coloquialmente), es una empresa que no tiene ninguna experiencia en construir centrales. Me explico: en el pasado, EPM pagó para que le construyeran centrales, pero jamás había sido el contratista constructor, responsable de tomar las decisiones de ingeniería. Si usted manda construir una casa y paga por ella, no se convierte en un experto constructor.

La impresión que tengo es que los políticos que se tomaron los cargos directivos de la empresa en los últimos años emitieron órdenes tipo "se ordena que el bebé sea parido en 1 mes con el concurso de 9 madres". Los políticos, especialmente si son abogados, son muy malos ingenieros.

Lamentablemente entre el personal técnico de EPM, el cual en buena parte continúa siendo el mismo que conocí cuando trabajé en dicha empresa (algunos de mis colegas son ahora altos mandos medios) y de cuya calidad profesional y honradez puedo dar fe, no hubo gente con pantalones, o más exactamente, con algo de relleno dentro de los pantalones, que se plantase en las de atrás y se opusiese a la locura de modificar diseños a la carrera "para acelerar las obras".

Ahora, esos políticos quieren limpiar la cagada que provocaron, echándole la culpa a las 3 o 4 empresas más importantes de ingeniería de consulta y a los contratistas de construcción más serios y reconocidos de Colombia. Y por supuesto, a sus opositores políticos.

Me atrevería a afirmar que la animosidad de los políticos actuales (locales y nacionales) contra constructores e ingenieros consultores de Hidroituango es porque "esos fulanos no dan coimas, hay que hacerlos desaparecer, porque necesitamos contratistas que si colaboren".

Al leer el artículo que analiza el supuesto informe de auditoría forense, redactado por desconocidos, que se identifican como "Sinergia Informativa", sobre todo al final se puede observar lo sesgado y desinformador de este panfleto.

"Es la mayor tragedia de la historia provocada por una obra de ingeniería" califican.

Una "tragedia" donde no se perdieron vidas humanas, se recuperaron las obras afectadas, "un río que se secó" por unas pocas horas, 20.000 desplazados, la mayoría de las cuales no perdieron ni casas ni enseres y retornaron a ellas sin perder ni un peso, los pocos realmente perjudicados fueron indemnizados. Los "perjuicios" tasados por abogados y politiqueros ávidos como Pinturita en 10 billones de pesos, no pasan de ser "sufrimiento moral" por temores que no se concretaron, demandas billonarias que aún ni siquiera han entrado en tribunales por falta de evidencias para demostrar esos perjuicios.

La alcaldía de Medellín quiere a toda costa encontrar culpables fiscales a quien multar, porque las multas entran a sus arcas;  los pagos de los seguros no les interesan, pues solo se pueden aplicar para pagar los perjuicios del siniestro (si usted tiene un seguro de vehículo, y le hacen un daño de 2 millones, el seguro le paga al taller al taller la factura de la reparación, menos el deducible, claro, no el carro entero, así la póliza sea por todo el carro; el compromiso del seguro es arreglar el daño).

Cuando un pago de seguro entra a EPM es para cubrir un pago que ella tuvo que hacer, o para pagar una factura pendiente generada por el siniestro; así funcionan los seguros y eso no les sirve a los políticos.

Es más, si siguen con la friega, la compañía de seguros puede decir "yo respondo terminando la obra" y sacando a EPM del juego; recuerden que el afianzado final es la sociedad Hidroituango. Ya lo vi ocurrir en el caso de la Central Concepción en Panamá; una creciente se llevó las obras que se habían adelantado en la captación, el contratista epecista (EPC: Engineering, Procurement, Construction) se quebró y la compañía de seguros tomó el control del proyecto, contrató sus propios contratistas y terminó la obra, respondiendo al dueño, pero no le entregó un dólar a este. Por eso a la alcaldía no le sirve que el seguro pague.

En lo que conozco, ese documento de auditoría forense fue contratado por EPM para buscar posibles argumentos jurídicos con los cuales defenderse echando la culpa a otros, en caso de que fuese demandada. No es un proceso de recolección sistemática de evidencias objetivas. Todos los argumentos consignados en el documento todavía están por probar. El gerente que recibió el informe lo guardó, porque sabía que eso no era ninguna evidencia jurídica que pudiese ser difundida, sobre todo cuando, a pesar de ser la paganini, los argumentos encartaban principalmente a EPM. El documento es un derrotero de defensa, como lo prepara cualquier sindicado para estructurar una defensa. Obviamente, trata de echarle agua sucia a terceros. Y los politiqueros toman esos argumentos como pruebas irrefutables, sobre todo cuando apoyan sus prejuicios. Como suelen tratar con constructores corruptos, suponen que todos los constructores lo son. Es como los silogismos que discutíamos con Luis Horacio Lora (profesor de literatura de 6°) y otros profesores de filosofía en el colegio: "Todos los perros ladran; algunos perros que ladran son negros; conclusión, todos los perros son negros".

El presidente de Conconcreto ha sido claro en una reciente entrevista. Nunca manejaron dineros públicos porque no recibieron anticipos, por lo cual no son responsables fiscales. A ellos les pagaron por obras ejecutada y recibidas a satisfacción. En el instante de pago en esas condiciones, el dinero se vuelve capital privado. Eso es algo que extraña a los políticos, acostumbrados a entregar ingentes recursos públicos por anticipado a sus contratistas, en la esperanza de que por lo menos cumplan parte del objeto del contrato, lo suficiente para no exponerse demasiado a una investigación profunda que desnude los negociados internos. El caso es que en Hidroituango, este tipo de contratación no ocurrió. "Tacó burro" la Contraloría, porque acaba de condenar fiscalmente al que no es y además por algo que no ha pasado. De antemano, y sin fallo judicial, ha determinado la existencia de una culpa y ha presumido una pérdida que aún no se ha concretado.

Lo grave es lo que viene. Si el alcalde tiene éxito en cambiar los contratistas, lo más probable es que la obra sufra retrasos y los perjuicios que se ocasionarán, esos sí serán un detrimento patrimonial, el cual deberá ser restituido por quienes tomaron la decisión de cambiar a los contratistas. Parece que ningún abogado ha sido capaz de explicarle ese detallito a nuestro querido Pinturita.

Una opinión final.

¿Saben por qué creo que el BID anunció que, si se cambian los contratistas, suspende la financiación y exige el pago de todos los préstamos a EPM?

Porque creo que ya saben cuáles serán los contratistas escogidos y los gringos, principales aportantes del BID, no están dispuestos a ayudar a expandir la economía china e incrementar su influencia geopolítica en la zona.

Miércoles, 03 de noviembre de 2021