Es urgente que se presente una reforma legal convincente para frenar la delincuencia en las ciudades de Colombia. No por el fetichismo normativo que establece que para cada problema hay que inventarse una ley, sino porque nuestro sistema jurídico tiene unas distorsiones muy graves. En Bogotá, el 76 por ciento de los ladrones capturados en flagrancia quedan libres y, según ha dicho la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, un tercio de ellos se va a la calle porque increíblemente las normas vigentes permiten que esto ocurra.
Los delincuentes la hacen y la repiten y nada les pasa. Recientemente oía el increíble caso de un apartamentero que ha estado 14 veces detenido sin que haya recibido una sola condena en su contra, sino que entraba a la cárcel por raticos, como quien llega a un hotel y luego se va. ¿Qué desincentivo real y práctico puede tener un sujeto que no recibe una sanción efectiva por cada cosa mala que hace?
Y es que eso es lo otro muy delicado que nos está pasando. La violencia en los hurtos se ha incrementado de manera alarmante. Primero golpean o matan y después roban. Allí también hay que introducir reformas que agraven el hurto siempre que se use cualquier artefacto intimidatorio o arma que implique un elemento de violencia en la comisión del robo. Es indispensable que haya una medida de aseguramiento intramural obligatoria para los delitos que se ocasionen con armas de fuego, armas blancas e incluso aquellas menos letales.
Pero vuelvo a los del ‘repitis’; a los reincidentes. Algo tenemos que hacer para que cojan escarmiento. El proyecto de ley que están trabajando los ministros de Justicia, Defensa e Interior establece como circunstancia de agravación punitiva que el sentenciado haya sido condenado previamente por delito doloso, dentro de los cinco años anteriores.
Seguramente los abogados más puristas dirán que una medida así implicaría volver a las épocas en las que existía el “delito de autor” y se castigaba según los criterios de peligrosidad caprichosos y arbitrarios que unos cuantos señalaban. Sin embargo, es importante que los que la han hecho ya una vez sepan que a la segunda tendrán consecuencias más graves y lo piensen dos veces antes de repetir una conducta.
Otros más dirán que si la ley pasa así en el Congreso, se terminaría cayendo en la Corte Constitucional, que ya ha dicho en sentencias, como la C-567 de 2019, que “ninguna persona puede ser juzgada a partir de criterios biológicos, psicológicos o históricos. Ello significa que una persona no puede ser procesada por el simple hecho de haber cometido conductas en el pasado”.
Y entonces tendremos que decidir como sociedad: o seguimos pensando que las garantías de los victimarios están por encima de los derechos de las víctimas o flexibilizamos ese tipo de interpretaciones como las de la Corte, pensando en la seguridad de todos, para permitir que se endurezcan las sanciones contra los reincidentes. Esa es la cuestión y nos llegó la hora de debatirlo con franqueza y sin hipocresías.
Este proyecto de ley del que les hablo, que ha sido socializado con la mayoría de alcaldes del país, va en la dirección correcta. Debería presentarse cuanto antes para que los jueces laxos –casi cómplices de los bandidos– sean, por fin, metidos en cintura y para que los que aún queriendo impartir verdadera justicia y no pueden hacerlo porque existen vacíos notables en nuestra legislación, comiencen a tener mano dura con los criminales que no roban por hambre sino por sevicia y porque hacen parte de organizaciones que sin agüero se tomaron las ciudades de Colombia. Ojalá les pongan un verdadero tatequieto a los reincidentes.
Twitter @JoseMAcevedo
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 25 de octubre de 2021.
