En el caso del presidente Uribe, el país ha podido ver el sainete que montaron quienes posan de víctimas. Es un espectáculo deleznable. El abogado del temible senador Iván Cepeda, Reinaldo Villalba, lleva 6 jornadas completas ultrajando y maltratando al exmandatario colombiano mostrando fragmentos descontextualizados del expediente, con el fin de fabricar una línea argumentativa macabra, a todas luces inverosímil.
La juez de conocimiento, en aras de mostrarse garantista con todas las partes e intervinientes, no trazó una línea, razón por la que los enemigos del expresidente, cuyo propósito es el de dilatar injustificadamente la audiencia hasta que esta coincida con el inicio formal de la campaña política, han abusado de la generosidad de quien preside las diligencias en cuestión.
Es a todas luces evidente que Cepeda, Montealegre, la guerrillera Deyanira Gómez y Perdomo han convertido esa audiencia en un escenario proselitista. No deja de ser nauseabundo que el abogado que representa a la compinche del falso testigo Juan Guillermo Monsalve, haya anunciado que aspirará a una curul en la Cámara de Representantes, con el aval del partido neocomunista denominado ‘Colombia Humana’.
Todas las pretendidas víctimas están buscando réditos políticos a costa del presidente Uribe. Cepeda y Del Río, que son candidatos y Montealegre y su lazarillo Jorge Fernando Perdomo, salieron del ostracismo en el que se encontraban por cuenta de sus abusos y arbitrariedades al frente de la fiscalía general de la nación.
Quienes hoy aplauden el espectáculo que bien parece una versión moderna del circo romano deben saber que la víctima de esa infamia hoy es el presidente Uribe, pero mañana pueden ser ellos. Miles de litigantes repiten hasta la saciedad la sentencia de Montesquieu: “La injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos”.
Hay quienes equivocadamente reclaman un fortalecimiento del aparato judicial colombiano, cuando lo que se necesita es, precisamente, la introducción de una reforma que elimine para siempre la politización de esa rama del poder público.
Por cuenta de los abusos judiciales, Colombia se ha convertido en una suerte de Estado policial, en el que los ciudadanos se encuentran en indefensión absoluta frente al corrompido sistema de justicia que existe en el país en el que jueces y magistrados han aparecido vinculados en nauseabundos casos de corrupción.
La tarea es de doble vía. Hay que despolitizar a la justicia, pero también debe desjudicializarse la confrontación política. El caso del presidente Uribe es emblemático. Él y su partido han sido imbatibles en la gesta democrática desde hace 20 años. Quienes se han medido contra el uribismo, desesperados por las sucesivas derrotas han echado mano de la justicia para sacar del camino a su principal rival y minar moralmente a sus copartidarios y compañeros de brega.
Contra Uribe no hay un solo indicio incriminatorio. Su proceder ha sido pulcro, siempre dentro del marco de la Constitución y la ley. El caso por el que hoy responde, es un montaje que se cae por su propio peso. La impecable exposición que del mismo hizo hace algunas semanas el fiscal Gabriel Ramón Jaimes lleva a una conclusión inequívoca: el exprimer mandatario de Colombia no participó directa ni indirectamente en los hechos que fabricó la cuestionada corte suprema de justicia con el apoyo irrestricto del delincuente Juan Guillermo Monsalve, falso testigo al servicio de los intereses de Iván Cepeda, conocido de autos con el alias de ‘Don Iván’.
Que nadie lo dude: las diligencias que se están surtiendo y que en teoría son para analizar y despachar una preclusión son, en realidad, un insoportable juicio político contra el dirigente más importante de la historia reciente de Colombia.
@IrreverentesCol
https://www.losirreverentes.com/, Bogotá, 18 de octubre de 2021.
