Hacemos un llamado para la recuperación de los cauces de la institucionalidad orientada al beneficio general.

Llamado al restablecimiento de las condiciones de respeto, al cumplimiento de las disposiciones jurídicas, a la preservación de los derechos de todos los ciudadanos y organizaciones, a la construcción de un ambiente de confianza en donde la inmensa mayoría de los ciudadanos y organizaciones son profundamente cuidadosos en el cumplimiento de la ley.

Es responsabilidad de las autoridades civiles, representadas en el Ejecutivo, orientar el destino de la comunidad buscando construir soluciones, motivado por el beneficio general, dentro de la estructura institucional, de legalidad, justicia y transparencia que indica nuestra Constitución.

Ningún grupo de la sociedad puede ser considerado por parte del mandatario como su enemigo, menos aún aquellos que han cumplido y siguen cumpliendo una función social como es el caso de las empresas. Las empresas no solo son las proveedoras de bienes y servicios de nuestra sociedad, sino el instrumento más importante de generación de empleos, oportunidades e ingresos para la gran mayoría de la población. Por lo mismo, se produce un gran daño a la sociedad cuando se las ataca en forma indiscriminada. La Constitución, en su artículo 333, reconoce este papel y garantiza su ejercicio.

La opinión pública merece información pertinente, transparente y veraz. Los funcionarios deben actuar de forma que ese bien público se preserve y se garantice para todos los ciudadanos.

Genera gran preocupación cuando los mandatarios pierden la capacidad de liderar serena y objetivamente a su comunidad. Adelantar estrategias mediáticas de desinformación, manipulación y daño a personas y organizaciones, sobreponiendo este objetivo al de generar soluciones, crear oportunidades y conducir la comunidad por un camino de confianza, es, por decir lo menos, inquietante.

Si algún ciudadano, especialmente quien se encuentra al frente de funciones públicas, tiene pruebas de actos ilegales, tiene la obligación de realizar las denuncias del caso y presentar las pruebas. Por el contrario, ningún ciudadano, menos aún los funcionarios públicos, pueden atacar la reputación de otros de forma infundada. Se produce un daño inmenso, algunas veces irreparable, cuando se adelantan sistemáticamente estrategias orientadas a afectar el buen nombre de otras personas. El daño es aún mayor si proviene de personas que ocupan cargos públicos, que no solo tienen gran capacidad de divulgación del mensaje, sino que tienen especialmente la responsabilidad de defender a todos los ciudadanos, incluso a los que eventualmente no compartan sus ideas.

Colombia requiere de mandatarios que asuman la responsabilidad de liderar sus territorios y comunidades con el espíritu de quien entiende que son esencialmente eso, mandatarios de los ciudadanos, es decir, sus representantes en la búsqueda de propiciar desarrollo social y económico, con objetividad, criterio amplio, respeto de todos, defensores de los derechos de todos y de cada uno de nosotros, siendo verdaderos guardianes de lo público, evitando producir fracturas en la sociedad, siendo los ciudadanos que temporalmente nos liderarán y sin derechos superiores a los de ningún otro ciudadano.

Las instituciones, las normas, las leyes, los principios, los valores y el respeto otorgan siempre el mejor marco para solucionar los problemas complejos. Atenernos a ellos, alejados de los intereses particulares y las tentaciones políticas, será siempre la mejor guía en momentos como los actuales.

*Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi)

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 17 de octubre de 2021.