Vuelve y juega. Celebramos que a Emilio Tapia lo hayan capturado. Aplaudimos que, por fin, lo manden a una cárcel y no a una guarnición militar en la Costa, que más parece una casa que un centro de reclusión. Deseamos que, esta vez, dure unos cuantos años tras las rejas, sin ninguna rebaja posible, pero nos vamos olvidando de cobrarle cada peso que se robó. Pasados los meses, su nombre ya no es noticia.

Accede silenciosamente a la libertad condicional y ya en la calle sigue en las mismas, gastándose la plata que logró esconder de su primer desfalco y planeando cómo será el segundo y luego el tercero en un círculo vicioso que se repite porque el sistema está diseñado para permitir la reincidencia y porque no existen “chepitos” que lo obliguen a pagar su deuda con el Estado. Esta vez hablamos de Tapia, pero el apellido puede ser el de cualquiera de los pillos que hemos tenido en la historia reciente de este país.

Revisando qué había pasado con la plata que le deben a la sociedad algunos de estos bandidos, el periodista Paco Morales, de Noticias RCN, se encontró con que las deudas derivadas de los incidentes de reparación siguen activas y que nadie hace efectivos los cobros de miles de millones de pesos que estos sujetos deberían haberle reintegrado hace años a la nación.

En el listado revelado por Morales aparecen, cómo no, los hermanos Nule, investigados en su momento por concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad documental y cohecho y cuya deuda asciende a los 236.000 millones de pesos. El expersonero de Bogotá Francisco Rojas Birry no se ha puesto al día con los 308.808 millones a los que fue condenado. Tampoco el contratista Héctor Julio Gómez, cuya responsabilidad económica es de 279.000 millones de pesos. Solo por el dichoso ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, hay un botín de cerca de 899.905 millones, casi un billón de pesos, que deben exfuncionarios y contratistas condenados y que, por el momento, no han pagado al Distrito.

Varios de ellos, incluidos los exabogados corruptos que, en su momento, dieron tanto que hablar, no solo se están haciendo los locos con las platas que adeudan sino que se sienten ya en capacidad de volver a rondar los despachos públicos y merodear nuevos contratos, igualito que en el caso de Tapia.

Y, entonces, otra vez nos tenemos que preguntar: ¿será suficiente con mandar unos meses a los corruptos a la cárcel o lo que necesitamos en realidad es vaciarles los bolsillos, que es, a la larga, lo que más les duele? Impunidad no solo es que no paguen cárcel sino, sobre todo, que no restituyan lo que se robaron. Impunidad es que sus testaferros, esposas, hijos y sobrinos puedan recibir parte de esos dineros y que el Estado no persiga sus cuentas. Impunidad es que los corruptos acaben sus condenas llenitos de plata y no existan mecanismos coactivos para hacerlos pagar lo que deben, lo mismo en estos incidentes de reparación que en los juicios de responsabilidad fiscal de la Contraloría, que muchas veces terminan siendo un saludo a la bandera.

Si no hemos sido capaces de ir tras esos bienes, menos vamos a lograr que, por ejemplo, las Farc les respondan patrimonialmente a sus víctimas. Con el fetichismo carcelario que tenemos en nuestro país, nos concentramos en las condenas penales y dejamos en un segundo plano el cobro material de todo lo que se robaron. Así, dejamos intactos los incentivos que tienen los corruptos para seguir haciendo de las suyas y por eso, una y otra vez, se reciclan con sociedades distintas pero con un modus operandi que se repite.

No es la cárcel, ¡es la plata!, hemos dicho otras veces. Y estas descaradas deudas de los corruptos con el Estado lo confirman.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 11 de octubre de 2021.