El último par de semanas hemos recibido ecos de los intentos del gobernador y la legislatura texanos para prohibir el aborto en su estado. El caso es interesante, porque muestra cómo hace una minoría fanática para ponerle trabas tramposas a una disposición legal consolidada.
La historia del aborto en los Estados Unidos es larga, no voy a entrar en ella (lo he hecho en otras oportunidades). Durante la Colonia fue un método aceptado de control de natalidad. Durante el siglo XIX muchos estados introdujeron prohibiciones, aunque limitadas por los tiempos del embarazo y otras circunstancias como peligro para la madre o malformación del feto.
Esa tendencia se revirtió en el siglo XX, posiblemente por el caso de la talidomida en Europa y de una epidemia de rubeola que produjo el nacimiento de 15.000 niños con malformaciones graves. El hecho decisivo fue la famosa sentencia de la Corte Suprema, el año 1973, en el caso Roe vs. Wade. En ella se decidió que prohibir el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo violaba la Constitución y vulneraba su derecho fundamental a la intimidad.
La sentencia ha sido atacada infinidad de veces en todos los estrados judiciales posibles, pero ha resistido esos embates. Lleva 48 años vigente y se ha convertido, sin ninguna duda, en una norma fundamental para la mayoría de los estadounidenses. Según la última encuesta Gallup que conozco, en un país en el que más de 50 por ciento declara ser religioso, el 80 por ciento acepta el aborto con alguna justificación y cerca del 30 por ciento no requiere de ninguna justificación diferente a la decisión autónoma de la mujer.
Este año, la legislatura de Texas sacó una ley (aplicable solo en ese estado) que prohíbe el aborto después de las seis semanas. Incluyó una disposición realmente exótica, la de empoderar a cualquier ciudadano para que denuncie a quien haya ayudado en un aborto, y para que reciba como compensación por su molestia la suma de 10.000 dólares (cuando el caso termine en condena). La disposición no solo es exótica sino tramposa, porque permite que los funcionarios se abstengan de proceder con denuncias, lo que los pondría en problemas con la ley federal, y transfiere la responsabilidad a los ciudadanos, dándoles además un estímulo monetario importante. A nosotros nos muestra un poco a lo que puede llegar el sistema de recompensas por delaciones, un sistema que ha resultado policivamente eficiente, pero que es moralmente perverso.
La Corte Suprema se abstuvo de dictar una medida que impidiera la aplicación de esa ley en Texas. La votación fue de cinco contra cuatro. Entre los cinco estaban los tres jueces recientemente nombrados por Trump. Entre los cuatro estaba el presidente de la Corte, el juez conservador John Roberts, quien en su declaración de disenso señala que esta sentencia no es de fondo, y que se da no porque se considere apropiada la ley, sino porque la demanda no estuvo bien hecha. Otros dos jueces en minoría (Sotomayor y Breyer) no usaron la fórmula corriente ‘disiento respetuosamente’; omitieron el ‘respetuosamente’.
El secretario de Justicia (equivalente a ministro) demandó la ley hace unos días. El episodio no está cerrado y producirá enseñanzas. La estrategia de Trump de nombrar jueces a toda costa se demostró exitosa para él, aunque aún se puede conservar la esperanza de que asuman otra posición cuando les toque juzgar sobre el contenido de la ley, y no sobre aspectos formales de la demanda. La ley de Texas que recluta y les paga a ciudadanos para que vigilen a sus vecinos, interfieran con los derechos de las mujeres e intimiden al personal médico quedará como un ejemplo de legislación vergonzosa. Imagino que los buenos profesores de leyes lo incluirán en sus cursos para que los estudiantes sepan qué es lo que no se debe hacer.
@mwassermannl
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 16 de septiembre de 2021.
