En su vigésima tercera edición, la de 2014, el diccionario de la RAE trae por vez primera el término populismo y lo define como la “tendencia política que pretende atraerse a las clases populares”, precisando que se usa más en sentido despectivo. En consonancia con esa definición, el adjetivo populista adquiere una nueva acepción: “perteneciente, relativo o partidario del populismo”.
También el María Moliner se actualiza, definiendo el populismo como “doctrina política que pretende defender los intereses de la gente corriente, a veces demagógicamente”. Finalmente, el diccionario de Salamanca de la editorial Santillana trae a su turno esta definición: “ideología y comportamiento que defienden demagógicamente los intereses de las clases populares”.
Esas definiciones son insuficientes para delimitar adecuadamente la noción de populismo. De hecho, pueden aplicarse a cualquier ideología, a cualquier partido o a cualquier político por la sencilla razón de que, en democracia, el proceso político-electoral es siempre un intercambio de promesas por votos. Todos los partidos pretenden defender los intereses de la gente, en especial de las clases populares, y, para atraer los votos, todos están obligados a prometer algo que supuestamente pueda lograrse poniendo en funcionamiento los medios de acción del estado.
Así pues, la diferencia del populista – discurso, partido o caudillo – con el no-populista - discurso, partido o caudillo – es cuestión de grado y no de especie. Esa diferencia tiene que establecerse con relación a las promesas y a los medios de acción empleados para materializarlas. Por ello, el rasgo más notable del populismo es la desmesura de las promesas y en el empleo de los medios de acción del gobierno.
La desmesura en las promesas es algo bien conocido y, si el populista no llegara jamás al poder, sus propuestas no serían más que apuntes divertidos de la vida política, como los del doctor Gabriel Antonio Goyeneche de pavimentar el río Magdalena, para agilizar la comunicación con la Costa Atlántica, y de ponerle una marquesina a Bogotá, para protegerla de su inclemente clima. El problema es que la gente cree en esas promesas, vota por ellas y, frecuentemente, lleva al poder a los políticos más populistas.
El asunto de la seducción que sobre las clases populares ejercen los demagogos ha sido tratado por la ciencia política prácticamente desde Aristóteles. Esa era una de las razones, quizás la más poderosa, por las cuales los liberales decimonónicos rechazaron el voto universal y defendieron el voto censitario, limitado a personas solventes y alfabetizadas. John Stuart Mill fue categórico al respecto: la democracia no puede funcionar donde la gente es muy pobre y muy ignorante.
En el siglo XX, el desarrollo del estado del bienestar asistencialista, posibilitado por la enorme capacidad productiva del capitalismo, ha permitido instalar en la conciencia de la mayoría de las personas la creencia de que el estado está en capacidad de solucionar los males de la pobreza y la desigualdad, la creencia de que solo basta “voluntad política” para que se implante entre los hombres el reino de la “justicia social”.
Ese problema, extremadamente complejo y que afecta a todas las democracias del mundo, ha llevado a que todos los líderes y partidos se vean compelidos a incorporar dentro de su discurso y sus programas ideas y propuestas populistas, son pena de no ganar jamás una votación. Así como Hayek hablara, a mediados del siglo XX, de “socialistas de todos los partidos”, hoy puede hablarse de “populistas de todos los partidos”. Esto representa una enorme amenaza para la libertad.
En efecto, aunque la gente no sea plenamente consciente de ello y algunos políticos busquen que no lo sea, toda votación en democracia liberal es una elección entre libertad individual y coacción estatal. No existe una sociedad completamente ácrata y ningún estado totalitario ha logrado suprimir por completo los intercambios voluntarios. En las sociedades reales los individuos viven una combinación de libertad y coacción. Las promesas populistas requieren siempre de más coacción.
El estado tiene cinco formas o instrumentos de inmiscuirse en la vida de las personas y limitar su libertad: la reglamentación, los impuestos, la propiedad estatal, el control de la moneda y el gasto público. Toda acción enderezada a lograr las promesas populistas implica la movilización de uno o varios de esos instrumentos.
Es característico de los populistas su “torpeza” en el manejo de los instrumentos de intervención económica de que disponen los gobiernos. Esa “torpeza” es, inicialmente, consecuencia directa de la desmesura de sus propósitos y, posteriormente, se retroalimenta en la medida en que los errores desatan nuevas intervenciones para corregir los errores que esas mismas intervenciones causan. Además de conducir al desastre económico, esas intervenciones miman cada vez más la libertad económica de las personas, lo cual ahonda el desastre económico y así sucesivamente, hasta la próxima votación. Pero en muchos casos las cosas no terminan allí.
En la visión contractualista el estado se instituye para proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos y garantizar las libertades que les son inherentes. La gran paradoja consiste en que un estado con la suficiente fuerza para garantizarlas tiene también la fuerza requerida para conculcarlas. Y esto es lo que puede ocurrir allí donde el populismo acaba con la economía y las libertades económicas: desaparecen la separación de poderes, el estado de derecho y las elecciones periódicas.
La experiencia reciente de países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia muestra que las libertades políticas no pueden mantenerse sin libertades económicas. Los desastres económicos y políticos de esos países son desastres consentidos por sus ciudadanos que votaron por el populismo en elecciones democráticas.
