Con enorme dolor patrio recibimos la noticia de la caída de la cadena perpetua por decisión de la Corte Constitucional. Invocando una vulneración a los derechos de los detenidos, más específicamente a la dignidad humana, el alto tribunal decidió dejar sin efectos una medida encaminada a salvar a miles de niños de las garras del asesinato y el abuso.
Para un país que ha tenido que convivir históricamente con la violencia, pocas afrentas son más hirientes que la impunidad.
Según el Inpec, 1.127 personas están presas en Colombia por reincidir en delitos contra la niñez. De haber existido la cadena perpetua hace algunos años, estaríamos hablando de 1.127 personas que no hubieran salido de nuevo a las calles a violar, asesinar, torturar o filmar en actos obscenos a miles de niños y niñas.
Ese era el espíritu de la cadena perpetua como protección integral a la niñez: evitar que la reincidencia se ensañara con miles de menores.
Sin embargo, para la Corte Constitucional y para los puristas del derecho penal es asunto más relevante la dignidad de esos miles de presos. El riesgo potencial que corre la niñez no entró en consideración, ya que nuestra Carta Magna habla de una vida digna para la que nociones como la pena de muerte o una prisión perpetua son extrañas.
Imaginen el exabrupto: que, por ejemplo, la dignidad humana del llamado Lobo Feroz, un criminal que este año aceptó haber abusado sexualmente de 276 niños en Barranquilla, pese más en nuestro ordenamiento como Nación que una medida que busca evitar el fenómeno de la reincidencia en los patrones de asesinato y abuso de menores.
Para los creyentes en la pureza de lo penal, el objetivo de encerrar tras las rejas a un criminal es generar un proceso que lo restituya a la sociedad como un ciudadano de bien. Por eso la prisión perpetua les molesta, pues impediría la resocialización a la que el criminal tiene derecho. Sin embargo, esto es tener una fe excesiva en el hombre. Desgraciadamente, la reincidencia en materia de violencia contra la niñez es apabullante. No todo ser humano es susceptible de resocialización, ni siquiera ofreciendo todas las garantías, concesiones y facilidades. Si no lo creen, miren lo que ocurre con las disidencias de las Farc, a las que ni siquiera la impunidad total les sirvió para volver a la vida civil.
Solo este año el ICBF reporta más de 9.000 procesos por abuso sexual contra la niñez en nuestro país. Miles de agresores hoy respiran con tranquilidad al saber que no enfrentarán una prisión perpetua por sus inmundos crímenes y que, incluso, en caso de ser detenidos, la posibilidad de quedar en libertad y poder satisfacer sus aberraciones no tardará muchos años. ¿No es eso, queridos lectores, una forma de impunidad potencial?
Afortunadamente, el trámite de prisión perpetua puede volver a adelantarse, corrigiendo los errores que hubieran podido provocar lo que acaba de suceder. No debemos quedarnos indiferentes ante esta situación: hay que volver a insistir desde el Congreso en la cadena perpetua y ampliarla a pornógrafos infantiles, como propusimos en nuestra pasada columna. Llegó el momento de la niñez en Colombia.
https://www.semana.com/, Bogotá, 02 de septiembre de 2021.
