Sin embargo, la realidad en La Guajira presenta una grotesca desviación de este objetivo, porque los recursos transferidos son ejecutados por algunas autoridades tradicionales para resolver sus problemas personales y los de su entorno familiar, viviendo como jeques árabes en grandes mansiones con carros de alta gama, mientras tanto, los niños mueren desnutridos.
Con el agravante de que una cantidad importante de las comunidades indígenas wayúu, las que no están incluidas en los resguardos y son reconocidas como “no resguardados”, no reciben el más mínimo beneficio.
En su gran mayoría, los recursos que deberían aliviar las necesidades de las comunidades indígenas terminan siendo el combustible de la opulencia de algunas autoridades tradicionales indígenas que se han enriquecido con la plata transferida para los resguardos y nadie dice nada. A los políticos y gobernantes no les importa esa situación porque hay autoridades indígenas que financian campañas políticas con la plata de los resguardos y nadie dice nada. A las mismas comunidades indígenas no les importa porque prefieren seguir de limosneros y nadie dice nada. Todos conocen el estado de miseria en el que viven las comunidades de los “no resguardados”, pero a nadie le importa y nadie dice nada. ¡Que se mueran!
El dinero transferido ha conducido a la pérdida de la esencia misma de los líderes indígenas que han olvidado sus raíces, su ADN cultural, y han adoptado un estilo de vida burgués que los aleja de su misión de servir a su pueblo. En vez de ser guardianes de su cultura y protectores de su comunidad; se han convertido en saqueadores de los recursos destinados a su propia gente sin importarles el estado de miseria en que los van dejando. No es sólo un problema de gestión de recursos, sino una crisis de identidad y liderazgo.
Y es lo mismo que está sucediendo con el estado de cosas inconstitucionales que declaró la Corte Constitucional en la sentencia T-302: se están lucrando unos pocos sin importarles la suerte de los que verdaderamente son la razón de dicha sentencia: “el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo wayúu”.
Al respecto sugiero al presidente Petro, de manera respetuosa, que considere seriamente la posibilidad de designar un gerente especial para que le haga seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-302 junto con el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas que ordenó crear la Corte Constitucional.
Lo más irónico de toda la situación que se presenta en La Guajira con respecto al uso de los recursos del SGP destinados a las comunidades indígenas, es que la Ley 715 ordena que la Secretaría de Planeación Departamental debe elaborar un informe semestral de evaluación de la gestión y la eficiencia, con indicadores de resultado y de impacto, evaluación de la gestión financiera, administrativa y social, que deberá ser informado a la comunidad por medios masivos de comunicación.
¿Dónde están los informes de la gobernación de La Guajira relacionados con los resguardos indígenas? ¿Qué dicen los diputados? ¿Cómo es posible que, con todos los avances en transparencia y gobernanza, siga la corrupción desviando los recursos que están destinados a salvar vidas y mejorar las condiciones de las comunidades indígenas?
Se infiere que la situación de los “no resguardados” debe ser del conocimiento de la gobernación y de los alcaldes, pero no han tomado las decisiones necesarias para resolver el problema y prefieren dejarlos a su suerte para que se mueran… ¡CORRUPTOS!
PUNTOAPARTE. ¿Alguien sabe qué hicieron durante la vigencia fiscal 2023 en Uribia con $33.882 millones y en Manaure con $16.501 millones transferidos para resguardos indígenas? ¿Y Riohacha? ¿Y Maicao? ¿Qué dicen los concejales?
Y como dijo el filósofo de La Junta: "Se las dejo ahí...”
@LColmenaresR
