La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado tiene una consulta del Ministerio del Interior, a petición de la Corte Suprema de Justicia, indagando sobre los requisitos para elegir al Procurador. Pero detrás de la consulta, aparentemente inocua, se esconde una maniobra para habilitar a Córdoba, a pesar de sus evidentes carencias en cuanto a los requisitos exigidos por la ley.

Es menester recordar que la Constitución y la ley son claras respecto a las calificaciones necesarias para ser Procurador General de la Nación. No se trata de un capricho legalista, sino de la garantía de que quien ocupe ese cargo tenga las competencias, experiencia e integridad moral indispensables para el ejercicio de tan alta responsabilidad. Sin embargo, parece que estamos ante un intento descarado de reinterpretar, de manera forzada y conveniente, estas disposiciones para favorecer a un candidato en particular.

No solo está en juego la legalidad de un proceso de selección, sino la credibilidad y prestigio de nuestras instituciones: Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Senado de la República, que no pueden prestarse a estas vagabunderías para acrecentar su desprestigio.

Carlos Felipe Córdoba, con todo el respeto que pueda merecer como persona, no cumple con los requisitos para ser Procurador General de la Nación. Pretender lo contrario es un insulto a la inteligencia de los colombianos y una burla al marco legal. No se trata de una cuestión personal, sino de defender el principio de legalidad y la integridad de nuestras instituciones. ¡No sea marrullero!

Es alarmante que siquiera se esté considerando la posibilidad de torcer las normas para acomodar a un candidato específico. ¿Qué mensaje le están enviando a la ciudadanía y al mundo? ¿Dónde está la lucha contra la corrupción y el clientelismo si somos capaces de manipular los procesos de selección de los altos funcionarios del Estado para beneficiar a individuos específicos?

La postulación de Córdoba, bajo estas circunstancias, no es más que el reflejo de una práctica política que se debe erradicar. El interés particular no se puede imponer sobre el bien común, ni se puede jugar con las instituciones como si fueran piezas de un tablero de ajedrez personal. No se dejen arrastrar por maniobras que solo buscan perpetuar prácticas corruptas y clientelistas. Es hora de que demuestren su compromiso con la legalidad y el respeto a la Constitución. La elección del Procurador debe ser un proceso transparente, justo y apegado a la ley, sin excepciones ni interpretaciones forzadas.

No se puede normalizar la manipulación de los procesos de selección de los cargos más importantes de nuestro país. La democracia colombiana merece mejor suerte; de tal manera que la legalidad y la justicia tienen que prevalecer sobre los intereses particulares, y las instituciones tienen que actuar con integridad y respeto por la ley.

Por eso, la posible elección de Carlos Felipe Córdoba como Procurador General de la Nación, que no cumple con los requisitos legales, es un asunto que debe preocuparnos a todos. No solo por lo que implica en términos de legalidad y justicia, sino por lo que dice de nosotros como sociedad. No podemos, ni debemos, aceptar pasivamente que se juegue con nuestras instituciones. Es momento de levantar la voz y exigir que se respete la ley. Por el bien de Colombia, no podemos seguir asumiendo la actitud del avestruz.

Una persona que tiene el coraje de aspirar a un cargo tan importante en esas condiciones también tiene ímpetu para tomar las decisiones más arbitrarias sin medir las consecuencias, y ese no es el carácter de la persona que se requiere para que sea elegido Procurador.

Y como dijo el filósofo de La Junta: "Se las dejo ahí...”

@LColmenaresR