El Artículo 2 del Título 1º De los principios fundamentales, de la Constitución Nacional, establece que: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Entre otras cosas para eso pagamos impuestos, pero esta semana se quejaban los Gobernadores ante el nuevo mandatario del creciente dominio territorial de la delincuencia especialmente de las Farc, ese grupo con quien supuestamente se hizo la paz fallida. En Yarumal (Antioquia) municipio de gran importancia del norte estuvieron a sus anchas y en el Meta y otros departamentos extorsionan y reclutan menores dotándose de milicianos para la guerra en esta nueva época llamada de paz total. La minería ilegal está posicionada de grandes explotaciones mineras de oro, desplazando concesiones extranjeras que huyen de Colombia, así como lo hacen empresas petroleras.

Por otra parte, hemos visto al nuevo Jefe de Estado comprometiéndose a que los campesinos cocaleros sigan sembrando tranquilos y por consiguiente las bandas de narcotraficantes autoras con el candidato que llegó a la Presidencia, del Pacto de la Picota, están en todo su furor.

El terror de la extorsión y el dominio de los grupos delincuenciales sobre vastos territorios sometiendo a la población es consecuencia de la inactividad de la Fuerzas Armadas que no tienen una directriz clara ni la esperan tener de un Comandante en Jefe dedicado a desmoralizarlas al destituir la cúpula militar y de policía, desmejorar sus condiciones económicas y observar la complacencia con la delincuencia, que es su natural enemigo, todo en nombre de la paz total.

Esta política de orden público con los temibles delincuentes en medio del nivel de producción de coca alcanzado después del proceso de paz del otro rufián, y el fortalecimiento y crecimiento de las bandas, lleva consigo la des institucionalización del Estado y por supuesto, el libertinaje, cuando se debilita a las Fuerzas Armadas y por consiguiente se desprotege a la población. ¡Muy grave!

Los comerciantes y propietarios en esas zonas están desesperados ante una situación que propicia la autodefensa organizada de lo cual se tiene experiencia, la violencia se expande y la población inerme queda víctima de la delincuencia, y como si la fuerza Pública tuviera mística para defender a los ciudadanos, el gobierno se dispone a un desarme generalizado de la población.

La oposición pues a este gobierno inútil para garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, tiene que ser el de un movimiento popular que clame por la ley y el orden, es decir, la autoridad, que desde luego no conseguiremos de este otro rufián en el poder, que no la tiene.

Veo muy claro el talón de Aquiles del ex insurgente, en el irrespeto a su autoridad constitucional por gobernar sin autoridad. Y que no venga con bravuconadas que nos morimos de la risa.