Y no es para menos, un siniestro personaje acostumbrado a moverse entre sujetos de su misma estirpe delincuencial, a través de empresas fachadas a su nombre, cuya prueba legal fue una condena por “cohecho e interés indebido en la celebración de contratos”.

Sus osados métodos para salir del anonimato lo convirtieron en el cerebro de una maquinaria delictiva para obtener contratos de obras de infraestructuras macro no solo en Bogotá sino en varios departamentos del país, ganándose millonarias licitaciones y convirtiendo en cometas personales la plata de los contribuyentes.

Por los gravísimos acontecimientos en la administración de los Moreno Rojas, pre acordó con la Fiscalía, prendió el ventilador y se llevó por delante a otros corruptos disfrazados de funcionarios, incluyendo al Alcalde de entonces. Esa colaboración con la justicia, le permitió reducir una condena de 17 años a tan sólo 7 y fracción al concederle la libertad condicional.

Como dice el adagio popular “El que es, no deja de ser”, y una vez más el polémico contratista, experto en entramados de corrupción, ha sido capturado por las autoridades y señalado de cometer irregularidades en medio de la suscripción del contrato entre MinTic y centros poblados, con el cual se pretendía llevar conectividad a las escuelas de regiones alejadas del país.

Mientras la cuestionada justicia colombiana hace su trabajo, resulta penoso para el país que individuos de esta calaña se sigan robando el dinero de las arcas públicas, hagan un par de denuncias, obtengan rebajas de penas y al cabo de un par de años, salgan de prisión nuevamente con el objetivo de cazar y devorar contratos públicos, como si nada hubiese pasado.

Hay un hecho muy significativo en la asquienta vida de este sujeto y es que fuera de la jugosa contratación pública como fuente de financiación personal, se dedicó a lavar el dinero a una decena de Emilios Tapias con traje de políticos. Sin duda, ha sido su especialidad, poniendo a testaferros a figurar en propiedades que eran suyas.

Varias lecciones quedan del actuar Tapia pero que parecen no haber sido aprendidas, la primera de ellas, que la institucionalidad sigue siendo muy débil a la hora de rastrear el modus operandi interno de bandidos de cuello blanco inmersos en la actividad pública.

La segunda, radica en que pareciera que la normatividad vigente aplica para unos y es muy diferente para otros. Individuos que descalabran el presupuesto público reciben finalmente, condenas irrisorias como en una especie de justicia paralela selectiva donde ser pobre es una desgracia y ser contratista, un camino ágil para evadir o minimizar la misma justicia.

Así es que abundan los funcionarios cómplices en favor del gran bandido, se despilfarran los anticipos, se establecen consorcios amañados, se evidencia el tráfico de influencias y tristemente, nunca se ejecutan los contratos.

En tercera medida, los politizados y excesivamente burocratizados órganos de control del Estado sólo declaran responsables fiscales, disciplinarios y con antecedentes al ladrón de mínima y menor cuantía, mientras que al corrupto de mayor cuantía, sus benevolencias y beneplácitos son la ruta idónea para lo preliminar, lo investigativo y lo decisorio como en un pliego de cargo.

Ni hablar de la Fiscalía que es severa y contundente con el atracador callejero y laxa y débil con los Emilios Tapias camuflados en la contratación estatal.

En cuarto lugar, es tan claro que a los corruptos no les preocupa los años de cárcel a los que puedan ser condenados por un juez de la república, su verdadera preocupación se centra en que le toquen el botín hurtado, el dinero público en cuentas de paraísos fiscales. Mientras no se les toque el bolsillo, seguirán reproduciéndose y regándose por todo el país cientos de Tapias ansiosos de dejar sus bicicletas y humildes moradas por camionetas blindadas y chalets ostentosos.

Los juristas y el gobierno se centran en el debate de endurecer las penas, pero de nada sirve porque pillos como el que hoy nos ocupa, se someten a principios de oportunidade bajando de 20 a 7 años una condena. En época electoral como la que acaba de empezar, sobran los candidatos indignados que prometen castigos severos a los corruptos en busca del voto popular, explotando la indignación de la Colombia circunstancial que hoy repudia a los Emilios Tapias, pero mañana ni se acordarán de ellos.

Es que la lucha contra la corrupción no debiera ser siquiera tema de campaña electoral, es repetir lo que todos ya sabemos, señalar a los mismos de siempre, ver las infladas cifras que se pierden, los elefantes blancos abandonados, la pobreza y miseria en las comunidades y el clamor nacional por el fin de la corrupción. Es un juego en que tú tienes un momento la pelota y luego la rotas a otro.

Esa lucha debe centrarse es en una verdadera reforma integral de nuestro desgastado sistema político que la facilita, reforma que nace no en oficinas de despachos bogotanos, sino al momento de que los ciudadanos ejercen el derecho al voto, castigando la postulación de personas cuestionadas, condenadas, reincidentes y a los que los representan en cuerpo ajeno. Allí está el principio del éxito de una gran reforma política, la conciencia ciudadana en entender que “Los recursos públicos son sagrados” (A. Mockus), y que quienes nos representan en la división tripartita del poder, con mayor razón deben ser faros morales.

Si no empezamos como ciudadanos a regar la semilla, estamos condenados a recoger más Emilios Tapias en versiones renovadas y más avasalladoras.