El DiariOriente, de Rionegro, informa que la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, afirmó que en el país “se han presentado 57 casos y el fallecimiento de 22 personas”. “La declaratoria de emergencia en salud pública por fiebre amarilla en los municipios que presenten casos por fiebre amarilla en los últimos seis meses, y los departamentos que presenten casos en más de un municipio y en ese territorio donde se observe un patrón de transmisión del virus”, agregó.

El presidente Gustavo Petro declaró, sin embargo, que el origen de esa epidemia es la “crisis climática”. El 10 de abril, en su cuenta de X, escribió: “La fiebre amarilla toca zonas templadas, porque los animales portadores de tierras cálidas suben la montaña cuya atmósfera se calienta por la crisis climática”. El presidente espera que la  “implementación de un Puesto de Mando Unificado” frenará la proliferación de la fiebre amarilla “en todas las regiones del país”. Otra propuesta oficial es solicitar el carnet de vacunación a los pasajeros de Brasil y otros países latinoamericanos. El jefe de Estado estima que “toda la población en zonas de emergencia debe vacunarse contra esta enfermedad, transmitida por el mosquito Aedes aegypti” y que Colombia dispone de vacunas suficientes “para toda la población”.

El 27 de febrero pasado, el boletín de la Organización Panamericana de Salud (OPS) en Colombia publicó un informe que permite ver la notable aceleración de la epidemia de fiebre amarilla: “Entre 2024 y 2025, según el ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, se han notificado 43 casos de fiebre amarilla en Colombia, con una letalidad cercana al 50%. El 74% de los casos se han presentado en el departamento de Tolima, que completa cinco meses enfrentando un brote activo. Este departamento no presentaba antecedentes de la enfermedad y estaba clasificada como una región de bajo riesgo.”

Otros diarios, como El Nuevo Siglo de Bogotá, denuncian un aumento dramático de casos de tosferina en Bogotá. La Secretaría de Salud de la capital detalló que “en lo que va de 2025 ha sido reportado el contagio de 100 personas mientras que durante el año pasado solo se presentaron 11”. El pasado 27 de febrero, las autoridades confirmaron la muerte de un bebé de dos meses por tosferina en Bogotá. El 21 de febrero fueron descubiertos 22 casos probables y 3 confirmados en menores de 5 años, dos de ellos en la localidad de Suba.

La tosferina es una enfermedad respiratoria contagiosa transmisible por vía aérea y provocada por la bacteria Bordetella pertussis. Se caracteriza por episodios intensos de tos, seguidos por una respiración ruidosa y entrecortada. La población más expuesta son los lactantes, niños menores de cinco años y mujeres embarazadas que no han recibido la respectiva vacuna. También representa un riesgo para adultos mayores y personas con débiles sistemas inmunológicos. El riesgo de contagio aumenta en espacios cerrados, mal ventilados o con alta concentración de personas.

Ya el 20 de marzo de 2024, el diario La Opinión alertaba: “En Colombia, durante las últimas cuatro semanas se ha presenciado un notorio aumento en las atenciones por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA). Los datos revelan un 33,1% de casos en personas de 20 a 39 años y un 22,9% en el grupo de 40 a 59 años. Asimismo, los niños no están exentos, con un 10,7% de incidencia para los niños de un año, un 10,6% en menores de un año y un 8,4% en niños de dos a cuatro años.” Y agregó: “Entre los protagonistas de este aumento se encuentran el virus sincitial respiratorio (VRS), enterovirus, rinovirus, adenovirus, parainfluenza, influenza B y la nueva variante JN.1 del Covid-19”.

El 3 y 4 de abril de 2025, la OMS organizó en Colombia la simulación del brote de un virus con potencial pandémico que se propagaba rápidamente a nivel mundial. Quince países y 20 agencias regionales de salud participaron en el llamado “Ejercicio Polaris”. Aunque en esa fecha ya había en Colombia un aumento severo de enfermedades respiratorias y comenzaba la epidemia de fiebre amarilla, nada de eso fue detectado por el ejercicio que pretendía “poner a prueba la coordinación nacional e internacional frente a una amenaza pandémica ficticia”.  ¿Un brote epidémico ficticio es más detectable que un brote epidémico real?

El 7 de marzo de 2025, en manifestaciones en Bogotá, Medellín y Cali, 199 asociaciones de pacientes expresaron su rechazo a la reforma de la salud pública del gobierno Petro, pues ésta “no responde a las necesidades del sistema de la salud y, por el contrario, impone diferentes obstáculos y barreras de acceso para los pacientes”. No son exageraciones. Los pacientes enfrentan ahora largas esperas para recibir atención, hay escasez de medicamentos y de tratamientos adecuados. Las personas con enfermedades crónicas son las más afectadas, lo que agrava en muchos casos el ciclo enfermedad-pobreza.

El caso de Juan Manuel Villamil, un niño de 11 años, conmovió al país: falleció en septiembre de 2024 mientras el Hospital San José de Bogotá esperaba la molécula necesaria para tratar la enfermedad de Gaucher tipo 3, una condición rara y debilitante.

El sistema creado por la ley 100 de 1993, que amplió la cobertura y mejoró la calidad del servicio, recibe ahora menos recursos para cubrir las necesidades. El gobierno pretende liquidar el carácter mixto del sistema y hacerlo cada vez más socialista. Los resultados están a la vista. Esto ha llevado a acumulación de deudas por parte de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y las empresas farmacéuticas y a retrasos en los pagos a los prestadores de servicios, lo que afecta directamente la calidad de la atención. El personal de salud enfrenta condiciones laborales difíciles (bajos salarios, largas jornadas y alta presión laboral).

El cierre definitivo y temporal de servicios de salud, decididos ante la penuria de financiación, fue de 19.158 hospitales, clínicas y dispensarios del sistema, según el diario El Tiempo, de Bogotá. Cristina Isaza, directora ejecutiva del Grupo de Participación Ciudadana Plural, estimó que los cierres de servicios y unidades “muestra el colapso inminente del sistema de salud”. Por su parte, Luis Jorge Hernández, investigador y profesor universitario, declaró a El Tiempo, el 7 de abril pasado, que lo primero que debe hacer el gobierno es “garantizar el flujo oportuno y transparente de los recursos, para asegurar que los prestadores puedan seguir operando sin interrupciones.” Augusto Galán, ex ministro de Salud, denunció el carácter nefasto de la política actual y del incumplimiento de los pagos que debe hacer el Estado al sistema: “Es muy posible que sigamos viendo cierres de servicios médicos por esta falta de financiación si Petro no cumple con lo ordenado en el Auto 007 de 2025 para una adecuada financiación de la Unidad de Pago por Capitación en este año.” El pasado 28 de enero, la Corte Constitucional declaró que la UPC para 2024 había sido insuficiente y ordenó reajustarla, así como la de 2025. Sin resultado.