Una de las razones que explica tales consideraciones con los presidentes es el afán del “establecimiento" de garantizar la estabilidad del gobierno. Una posición que es, al menos en parte, comprensible: son tales el desorden usual y la violencia que la continuidad gubernamental genera algo de tranquilidad. Se suma, además, la cultura civilista de Colombia que explica la ausencia de golpes de estado y que pareciera se extiende también a evitar la salida del jefe de gobierno incluso por los motivos y los procedimientos que la misma Constitución establece.
No ayuda, por supuesto, la inclinación de muchos congresistas, en especial los de la Comisión de Acusaciones, por el dinero, la burocracia y los contratos. A estas alturas ha hecho muchos méritos para ganarse el mote de comisión de absoluciones. Bien ha hecho la Suprema en pedirles la documentación sobre la investigación que deberían estar adelantando contra Petro por financiación ilegal de su campaña y por la violación de topes. Cuando actúan en el marco de la Comisión de Acusaciones, los congresistas no pueden alegar la inviolabilidad de sus opiniones. Ahí tienen funciones judiciales y es su deber cumplirlas con estricto apego a la ley y sin consideraciones políticas. De otra manera, prevarican. Están advertidos.
Influyen también los excesivos poderes del Presidente, algunos de los cuales le permiten tener Fiscal de bolsillo. Por esa vía neutralizan las investigaciones contra los suyos o, peor, usan la entidad para desacreditar e intimidar a sus contradictores y a los denunciantes.
Parece ser el caso de Camargo. Por un lado, nada avanza el ente investigador en los escándalos que involucran a Nicolás y Juan Fernando Petro, Verónica Alcocer, Ricardo Roa, Euclides Torres, Laura Sarabia, Armando Benedetti, Xavier Vendrell y Manuel Grau. Tampoco se mueven los de los vinculados a la compra de parlamentarios y el saqueo de la UNGRD, entre ellos Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla y Carlos Ramón González. Ni el de Guillermo Jaramillo y la narco avioneta de la campaña. Todos congelados. Por el otro, en cambio, la Fiscal evita la orden de captura contra Papá Pitufo apartando al fiscal responsable en plena audiencia, mueve también al fiscal que capturó al primogénito y ahora parece perseguir al funcionario y al investigador del CTI que llevaban las pesquisas en ese caso.
Y, como si no hubiera suficiente, más del escándalo del zar del lavado de activos. Supimos que de una reunión con el MinDefensa se filtró información al contrabandista. También que Petro se reunió no una sino dos veces con el mismo. El supuesto video de devolución de la plata no aparece. Y la DIAN ha resultado salpicada desde todos los sectores. Roy Barreras pidió direcciones y amenazó como si fuera un vulgar mafioso, según los medios. El hermano del Presidente, acompañado de la mano derecha del Pitufo, fue a hablar con el director para pedirle nombramientos en Buenaventura. De Presidencia hicieron lo mismo. Y el director designó a la ficha de Carlos Ramón González, ficha que, a su vez, nombró al recomendado de Juan Fernando Petro. Mientras tanto, el presidente premia al fulano de la DIAN con el Ministerio de Comercio.
Insisto, con tanta información sobre actuaciones delincuenciales, confesada por el mismo círculo petrista, otro presidente se hubiera caído. O, si tuviera una pizca de dignidad, hubiera renunciado. Aquí, en cambio, sigue tan campante defendiendo a criminales como Araña y debilitando a la Fuerza Pública, sembrando odio y caos, haciendo daño, mucho daño.
