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Eduardo Mackenzie                                                                                        

Como Gustavo Petro es incapaz de proteger a Colombia de las maniobras bélicas de intimidación que organiza en estos días la dictadura de Nicolás Maduro (150.000 militares y policías de la llamada “Operación Escudo Bolivariano 2025” fueron desplegados cerca de la frontera entre los dos países bajo la dirección del alto mando venezolano), el controvertido jefe de Estado colombiano violó probablemente el artículo 189, numeral 6, de la Constitución Nacional que exige al presidente de la república “proveer a la seguridad exterior de la república, defendiendo la independencia y la honra de la nación y la inviolabilidad del territorio”.

En lugar de trasladarse con sus altos oficiales a la región del Catatumbo, donde las organizaciones narco-terroristas ELN y FARC, instrumentos de Caracas, están asesinando civiles para disputarse cargamentos de cocaína y el control de las rutas de exportación de substancias ilegales, lo que provocó la crisis humanitaria más grave de Colombia en los últimos años (100 civiles fueron asesinados en estas dos semanas pasadas y hay un éxodo forzado de 36.000 habitantes en varias direcciones), Petro viajó (huyó debería decir) a Haití en insólito e inútil movida, a la que embarcó a su ministro de Defensa, quien debía haber ido al Catatumbo. Petro dejó así sin orientación y respaldo institucional, en esas horas cruciales, a las fuerzas armadas de Colombia.  

Petro tampoco protestó cuando dos aviones rusos de combate Sukhoi Su-30, de bandera venezolana, violaron el espacio aéreo de Cúcuta, Colombia, el pasado 22 de enero (1), mientras que Nicolás Maduro vociferaba en Caracas que 1.580 colombianos habían sido registrados como “refugiados” en Venezuela y que Diosdado Cabello, el sulfuroso ministro chavista del Interior, estaba ya “en el Catatumbo para apoyar al pueblo colombiano a garantizar la paz en la zona de frontera, frente a las guerra entre el ELN y las Disidencias de las Farc”.

La respuesta de Petro ante la humillación que le infligía Caracas estuvo a la altura de sus capacidades: le pidió a Nicolás Maduro que lo ayudara a estructurar un “plan común” para erradicar los grupos armados en la frontera. Para ello Colombia, dijo, desplegaría unos 5.000 soldados en el Catatumbo. También anunció la timorata “suspensión” de los “diálogos de paz” con el ELN y agregó que pediría a Cuba que deportara a Colombia los cabecillas del ELN, a lo que La Habana respondió con el acostumbrado embuchado: ninguno de esos individuos está en la isla.

Petro indicó que firmaría un impreciso decreto de “conmoción interior en el Catatumbo” antes de bosquejar su verdadera prioridad: lanzar una cortina de humo sobre la crisis con Venezuela mediante un nuevo espectáculo: su ridícula salva de insultos contra el gobierno del presidente de Estados Unidos por la deportación de ilegales colombianos.

En la madrugada del 26 de enero, Petro, en efecto, trató de aparecer como un jefe de la rabiosa resistencia de la extrema izquierda global contra las políticas de Donald Trump. Escribió en su cuenta X: “Hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos.” E insistió: “Los Estados Unidos no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos”. “Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio” y pongo a disposición de ellos el avión presidencial. Y le lanzó a Trump una orden: “EE. UU. debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros”. 

¿Tratamiento digno? ¿Qué derecho tiene de pedir “tratamiento digno” un individuo que hizo parte de una organización castrista que secuestró, incendió y asesinó a miles de colombianos y extranjeros y nunca condenó esos crímenes? ¿“Tratamiento digno” pide el presidente colombiano que está destruyendo el sistema de salud de los más pobres y demoliendo la economía de Colombia para beneficiar a la dictadura venezolana? Petro exige “tratamiento digno” al mismo tiempo que grita, con Hamás, que Donald Trump e Israel son “nazis”. ¿Uno de los responsables del aumento del antisemitismo en Colombia puede aparecer como humanista que “trata dignamente” a las personas? ¿Cuán legítimo es pedir trato “digno” para los ilegales que Estados Unidos deportará cuando quien formula esa exigencia fue incapaz de condenar la masacre islamista del 7 de octubre de 2023 en Israel? ¿Las víctimas del M-19 y las de Hamás no hacían parte del género humano?

Si bien el objetivo de la Casa Blanca es deportar a 160 colombianos en dos vuelos de 80 cada uno, según la revista Semana, ningún avión militar estadounidense, hasta el momento del berrinche de Petro, había pedido permiso para aterrizar con ese propósito.

Como quedaba el aspecto jurídico del cierre de aeropuertos anunciado por Petro, la popular senadora de oposición María Fernanda Cabal preguntó: “¿Petro desautoriza el ingreso de connacionales? ¿Les va a violar el derecho fundamental a estar en su país? ¿Qué clase de persona es esta que, en medio de las dificultades de los ciudadanos, les cierra las puertas de su propio país?”.

No sé si Petro percibe el alcance a largo plazo del escándalo que suscitó. La Casa Blanca en todo caso no tembló y, por el contrario, reaccionó. El Departamento de Estado advirtió que en ese caso cerraría inmediatamente, el 27 de enero, la sección de visas de la embajada de Estados Unidos en Bogotá, y que, además, aumentaría las tarifas aduaneras un 50% con Colombia “hasta que se devuelva con éxito el primer avión cargado de deportados colombianos”.

Gustavo Petro no tuvo más remedio que recular: autorizó al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, para que dijera que Colombia declara resuelto “el impasse” con Estados Unidos y que acepta los términos dictados por Donald Trump sobre las deportaciones de connacionales ilegales. Murillo hizo saber que viajará a Washington en los próximos días para dialogar con el gobierno americano, aplanar diferencias y resolver, según El Colombiano, la “turbulencia diplomática” que Petro había generado. La prensa detalló que las restricciones de visas y las sanciones económicas se mantendrían “hasta que se cumpla el acuerdo”.

Desde luego, el centro de la línea irresponsable de poner a Colombia a borde de la ruptura con Estados Unidos (después de haberlo hecho deliberadamente hace meses con Israel, otro importante aliado militar de Colombia), es tener un pretexto para no movilizar las capacidades de seguridad y defensa de Colombia en la frontera con Venezuela, ni en los diferentes escenarios de guerra interna donde hay un notable avance de las milicias criminales que Petro benefició con una política de cese al fuego bilateral. Obviamente, esa política demente no desalentó el auge dramático de los cultivos ni de las exportaciones ilícitas hacia Estados Unidos y Europa.

La pretensión de alcanzar algún día la “paz total” con esas mafias desembocó en nuevas matanzas y ahora con la tragedia humanitaria del Catatumbo. ¿Qué otras calamidades le esperan a Colombia la desorganización programada de los recursos de defensa nacional? Nadie olvida que Petro retiró del servicio importantes generales con excelentes hojas de servicio y que, en 2024, logró recortar el presupuesto de defensa y policía en 687 mil millones de pesos.

La otra lección de este cruce de sobresaltos y batallas políticas entre Bogotá y Caracas y Bogotá y Washington tiene que ver con la continuidad del régimen petrista. La violación del artículo 189 de la Constitución Nacional por parte de jefe de Estado quedó al descubierto. La prensa más seria de Colombia dice haber constatado que inmensos territorios del país viven en extrema desprotección por culpa de la política “de paz” de Gustavo Petro. El diario El Colombiano afirma, por ejemplo, que la ofensiva narco-criminal no solo existe en el Catatumbo, sino que, además, está desangrando amplias secciones del territorio nacional. Los espacios abandonados por el actual gobierno son, según el matutino de Medellín, los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Chocó, Meta, Guaviare, Cauca y, en particular, Arauca (bastión “histórico” del ELN), el Magdalena Medio,  el sur de Bolívar y el sur del Cesar. En todas esas regiones avanza el narcotráfico por culpa de los compromisos de neutralidad de Petro con las bandas y carteles (Pacto de la Picota) desde antes de su elección y del inicio de su desastrosa presidencia, el 7 de agosto de 2022.

Corresponde ahora al Congreso de Colombia analizar estos problemas y proponer una salida inteligente y audaz a la triste situación del país.

Nota

(1).- No fue ésta la primera vez que Rusia permite que sus aviones de combate violen el espacio aéreo de Colombia. En noviembre de 2013, dos bombarderos rusos Tupolev 160 violaron dos veces el espacio aéreo colombiano, por lo que el presidente de turno Juan Manuel Santos envió una nota de protesta a Moscú. Ver https://www.elpais.com.co/colombia/aviones-rusos-violaron-en-dos-ocasiones-el-espacio-aereo-no.html. El 19 de abril de 2021, la Fuerza Aérea Colombiana interceptó una aeronave rusa que sobrevolaba el espacio aéreo en una ruta no autorizada, el Illyushin II-96-400VPU, de espionaje electrónico, pertenece al servicio del FSB (Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa). Ver Cazas Kfir de la Fuerza Aérea de Colombia interceptan un avión ruso Illyushin II-96-400VPU del servicio de inteligencia en su espacio aéreo-noticia defensa.com - Noticias Defensa defensa.com Colombia

Publicado en Columnistas Nacionales

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