Lo ocurrido esta semana es todo un acontecimiento en nuestra historia: por primera vez, en 25 años, el Congreso rehúsa aprobar una reforma tributaria. Con la fallida “ley de financiamiento” se habrían completado 25 de aquellas, desde 1990, incluyendo las dos adoptadas mediante decretos de emergencia en los gobiernos de Pastrana y el primero de Uribe.

La tributación moderna empieza en Colombia con la Ley 56, la 1918, que establece el impuesto de renta, bajo el gobierno de Marco Fidel Suarez. Desde entonces, hasta el gobierno de Barco Vargas, se adoptaron 15 reformas tributarias, incluida la de Belisario Betancur, que estableció el IVA con una tarifa de 10%.

La reforma tributaria de Barco, Ley 75 de 1986, es la última que busca utilizar la fiscalidad para estimular la actividad privada dejando el 90% de los salarios exentos de retención en la fuente, eliminando la doble tributación y reduciendo la tasa corporativa máxima a 30%, que la reforma de López Michelsen había llevado a 40%.

Desde 1990, la carga tributaria nacional, reforma tras reforma, no ha dejado de crecer, pasando de menos de 10% del PIB, a mediados de los años 90, a más de 27%, hoy. La expansión de la presión fiscal ha estado acompañada del enorme aumento de la corrupción. El gobierno de Petro no ha hecho más que exacerbar las dos características estructurales del estado salido de la Constitución de 1991: su voracidad alcabalera y sus poderosos incentivos a la corrupción, todo ello almibarado con el siempre desmentido propósito de acabar con la pobreza y establecer la equidad con el llamado gasto público social.

Si después de Petro llegase al poder una fuerza política liberal, tendría tres tareas:

1. Emprender una gran reforma fiscal que implica eliminar una treintena de entidades públicas, incluidos varios ministerios, recortar radicalmente el gasto de funcionamiento de todas las demás y simplificar el régimen tributario con tarifas reducidas en renta e IVA.

2. Vender todas las empresas de la Nación, incluida Ecopetrol, para pagar deuda externa y evitar que, en un nuevo ascenso de la izquierda al poder, sean saqueadas y destruidas totalmente.

3. Impulsar un acto legislativo para reforzar las limitaciones constitucionales a la arbitrariedad fiscal, introduciendo expresamente límites cuantitativos a la presión tributaria.

Lo anterior no deja de ser un sueño, dado el predominio de ideología socializante que años de estatismo asistencialista han enquistado en la mentalidad de los colombianos. Hay que seguir promoviendo los criterios liberales frente a la tributación, saber:

1. El interés del gobierno es una elevada presión fiscal, el de la comunidad, pagar tan pocos impuestos como permita la cobertura de los gastos que necesita un buen gobierno.

2. El verdadero principio del gobierno constitucional exige que se presuma que se abusará del poder político para buscar los fines particulares de quienes lo detentan.

3. Todos los impuestos se pagan del ingreso de las personas, en el mejor de los casos, o, en el peor, del capital acumulado y todos desincentivan la inversión.

16 de diciembre de 2024.