Mientras tanto, los grupos criminales, todos mafiosos hoy, se fortalecen, y la violencia aumenta. Ante la indiferencia del gobierno, con una Fuerza Pública disminuida y paralizada y unas negociaciones de “paz total” en el mejor de los casos estancadas cuando no francamente en retroceso, los grupos ilegales se fortalecen, crecen en número y expanden su accionar criminal y su control en el territorio.
Según las Fuerzas Militares, para junio del 2023 (curiosamente no hay cifras oficiales para fin de año), los principales grupos violentos tenían 16.767 miembros, 1.647 nuevos, un 11% más que en 2022. El ELN tenía 6.158 combatientes, 307 nuevos, un aumento del 5,2%; las disidencias de las Farc (Estado Mayor Central), 3.859 miembros, 314 nuevos, crecieron el 9%; los reincidentes (Segunda Marquetalia), 5,3% más, 1.751 integrantes, 88 nuevos; y el Clan del Golfo, 4.999 miembros, 938 adicionales, crece el 23%. Todos son más grandes ahora y no hay ningún hecho que haga pensar que ese crecimiento se ha frenado en lo que corre de 2024.
Mientras tanto, se expandieron en todo el territorio nacional, ejerciendo algún tipo de control sobre el 28 % del país. Según la Defensoría, las "Autodefensas Gaitanistas” saltaron de delinquir en 253 municipios a hacerlo en 392 municipios; el ELN pasó de realizar sus actividades criminales en 189 municipios a 231; las disidencias y las reincidencias, de 230 poblaciones a 299. A finales de 2023, los principales grupos violentos controlaban zonas de 29 departamentos, 455 municipios y 9.459 veredas.
En consecuencia, la violencia se ha agudizado. Los homicidios “intencionales” crecieron, según el MinDefensa y después de un muy cuestionable cambio meteorológico en la medición, de 13.540 en 2022 a 13.555 en 2023. Pero según Medicina Legal, los homicidios se incrementaron un 5,3% hasta noviembre, el mayor aumento desde 2018. De acuerdo con la ONU, el desplazamiento aumentó 36% y los confinamientos un 171% entre enero y mayo de 2024. Esa misma entidad resalta que las masacres crecieron un 6,5% en 2023. Según Indepaz, durante el gobierno de Petro han ocurrido 43 masacres en el 22, 93 en el 23 y van 57 en el 24.
Hasta el año pasado, lo único que disminuía, por razones obvias, eran los enfrentamientos con la Fuerza Pública. Los ceses del fuego maniataron a militares y policías, a los que se les prohibe enfrentar a los criminales. Pero, en cambio, han crecido sustantivamente los choques entre esos grupos criminales en la búsqueda del control territorial y de las rentas ilegales, en particular del narcotráfico y la minería ilegal, en especial en Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo, Valle, Caquetá y el sur de Bolívar.
También hay que sumar las decisiones del gobierno en materia de paz, en particular la de negociar con los disidentes, reincidentes y con el clan del Golfo en los mismos términos y condiciones que con los elenos, en clara violación de la Constitución la ley, y las numerosas liberaciones de bandidos para darles calidad de “gestores de paz”. Y no hago acá a la lista de otros beneficios que les ha dado o ha querido darles Petro a los mafiosos, como su intención de legalizar los cultivos coca de hasta diez hectáreas o la de comprar la cosecha, porque se me acaba la columna. En fin, el naufragio del gobierno es absoluto.
Una lectura alternativa, sin embargo, es posible: que Petro haya querido lo que hoy vivimos, esa combinación fatal entre el debilitamiento de las Fuerzas Militares y la Policía y el paralelo fortalecimiento de los grupos criminales y el narcotráfico; que todo el desastre sea buscado, bien como pago del acuerdo con los bandidos en elecciones, bien como mecanismo de construcción de unas alianzas que le den más posibilidades de éxito para el eventual autogolpe o, en su defecto, para el 2026. Esas alianzas, no hay que olvidarlo, fueron las que le dieron la victoria en el 22, según confesó su hermano.
