Para afirmar que algo es propiedad de alguien, se deben contestar positivamente dos preguntas:

1.       ¿Puede venderlo?

2.       ¿Puede decidir sobre su uso?

El gobierno nacional es propietario del 88,49% de las acciones de Ecopetrol y el restante 11,51% es propiedad de unos 250.000 accionistas, entre personas naturales y jurídicas. Estos accionistas pueden vender sus acciones cuando así lo deseen y pueden votar en la Asamblea General sobre asuntos de competencia de ese órgano y participar en el nombramiento de la junta directiva de acuerdo con su participación accionaria. Ellos son propietarios.

Es diferente el caso los demás colombianos que se supone son dueños del 88,49%, pero que evidentemente no pueden vender ni una de esas acciones y tampoco decidir sobre nada de la empresa pues no asisten a la Asamblea General ni participan en el nombramiento de su Junta Directiva.  Ningún colombiano de a pie es dueño de Ecopetrol.

El titular de las acciones del gobierno es el Ministerio de Hacienda y, en un momento dado, el ministro en ejercicio es quien nombra, con la muy segura anuencia del presidente, a la mayoría los miembros de la junta directiva que actuarán siguiendo las orientaciones del gobierno de turno.  

La propiedad de un activo o de una empresa da a su titular el derecho al flujo de ingreso que produce el activo o la empresa en cuestión y, al mismo tiempo, le impone la obligación de preservar e incrementar el valor del activo y de asumir los riesgos inherentes a la actividad productiva. Cuando el derecho y la obligación recaen sobre la misma persona, las consecuencias nefastas de la explotación desmedida del primero y el incumplimiento extralimitado de la segunda, recaen exclusivamente sobre ella. Por supuesto, también cosecha los frutos de la moderación en el uso y el cuidado prudente del activo.

La propiedad gubernamental es problemática porque permite escindir, con notable grado de impunidad para quien lo hace, el derecho y la obligación. Un gobernante corrupto o, incluso, uno que no lo es, puede buscar maximizar la renta en su período de control del activo siendo negligente con las obligaciones de preservación, en especial si los daños emergentes se manifiestan más allá de la próxima fecha electoral.

Las reglas de gobierno corporativo para empresas estatales buscan impedir, mediante normas imperativas y prohibiciones expresas, que se produzca el desacople entre el interés de corto plazo de maximización de la renta, el del político, y el interés de largo plazo de preservación e incremento del activo, que se supone es el de la sociedad.  

Cuando los partidos que se alternan en el poder respetan la propiedad privada, la economía de mercado y la alternancia democrática; los malos manejos de las empresas estatales e, incluso, la corrupción, son inconvenientes temporales que, aún si son graves, pueden remediarse con el cambio de los administradores por otros más competentes y honrados.

Cuando llegan al poder enemigos de la propiedad privada, la economía de mercado y la alternancia democrática; la existencia de un amplio sector empresarial de propiedad estatal se convierte en un grave riesgo para la libertad pues su control por el gobierno facilita el avance hacia la mayor estatización de la economía y el totalitarismo político. El sector estatal empresarial en Colombia no es muy grande por número de empresas, pero si es significativo por el tamaño de las mismas y la importancia estratégica de las actividades en que está presente. Por eso no está exento de riesgo.

Dentro de las cien empresas más grandes del país del sector real hay solo 11 estatales – 6 del orden nacional y 5 territoriales – que representan el 33% de los ingresos y el 51% de los activos, en 2023. Solo Ecopetrol y sus filiales – REFICAR, CENIT y Oleoducto Central – son el 25% de las ventas y el 33% de los activos. Las empresas de orden local son EPM, Grupo Energía de Bogotá, Acueducto de Bogotá, EMCALI y Savia. También el gobierno tiene, por intermedio de Ecopetrol, la mayoría accionaria en ISA, cuya filial XM se encarga de la operación del sistema interconectado y de la administración del mercado eléctrico.  El gobierno nacional, en el sector eléctrico, es dueño, además de GECELCA, Urrá y las electrificadoras departamentales de Meta, Caquetá, Huila, Nariño, Tolima, Chocó y San Andrés y Providencia. También son del gobierno nacional Nueva EPS, COLPENSIONES, SATENA y FINDETER.

El inmenso daño que le gobierno le ha hecho al sector energético y a la economía en general habría sido, sino imposible, más difícil y mucho menor, si ECOPETROL fuese una empresa privada pues no habría tenido forma de apoderarse de su alta dirección.  A pesar de los desafueros del gobierno, es muy probable que la propuesta de privatizar ECOPETROL encuentre resistencia en todos los partidos y amplios sectores de la población. Esa resistencia se basa en el mito de que la importancia estratégica del sector hace necesaria la presencia, sino el control, de una empresa de propiedad del gobierno.

Las empresas estatales corporatizadas deben comportarse como lo hacen las privadas lo cual significa que los consumidores nacionales no tendrán ningún privilegio en términos de precios o garantía de abastecimiento.  Esta es la situación de Ecopetrol cuando abastece el mercado nacional al precio de paridad de exportación.

Las empresas estatales de petróleo son usuales en países autocráticos (Arabia Saudita, Rusia, China, Irán, Kuwait y Abu Dhabi) o contaminados de nacionalismo antimperialista (México y Venezuela).   Los países capitalistas avanzados, donde operan las grandes multinacionales petroleras (ExxonMobil, Chevron, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Total Energie) se encuentran siempre bien abastecidos, aunque no libres, como ningún otro, de las coyunturas de precios altos que pueden presentarse en el mercado. Otros países europeos – Italia, Grecia, Suecia y Noruega- tienen empresas mixtas.

En el mundo de las empresas petroleras coexisten todas las modalidades de propiedad, pero en países como Brasil, México, Venezuela y Colombia, expuestos todavía al canto de sirenas de socialismo, la más adecuada es la empresa totalmente privada, de preferencia de capital extranjero, porque es la que salvaguarda más de la corrupción, la incompetencia y los delirios ideológicos de los gobiernos de izquierda.

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