La economía ha bordeado el abismo. Aunque el Banco de la República logró contener la inflación y han bajado las tasas de interés, el aumento de los precios, 6,9% a julio, sigue lejísimos de la meta del 3%. El desempleo, a junio, es de 10,3%. Después de crecer 10,8% en 2021 y 7,3% en 2022, el crecimiento se desplomó a 0,6% en 2023 y a duras penas llegó a 1,5% el primer semestre de este año. La inversión cayó un 5,1% en ese mismo período, que se suma al -24,8% del 2023. El crecimiento potencial ha caído de 3,5% a 2,5%. Para que se entienda el colapso, con una tasa de crecimiento tan baja necesitaríamos casi el doble de tiempo para duplicar el PIB per cápita, 46 años versus 25. Una calamidad.
La plaga de la corrupción, que no es exclusiva de este gobierno, está peor que nunca. No solo porque se extiende, sin antecedentes, a los más íntimo de la familia presidencial -su primogénito, su esposa, su hermano-, sino porque afecta al grueso de la administración pública y no solo a algunas entidades, porque los montos refundidos son de billones y porque se ha expresado en nuevas modalidades que afectan aún más la democracia, como la compra de congresistas con el presupuesto de la UNGRD.
Los pocos cambios han sido para peor: despidieron a los burócratas técnicos y los reemplazaron con activistas radicales, ignorantes e inexpertos; ideologizaron la política exterior, llenaron embajadas y consulados de amigotes y corruptos, dinamitaron la carrera diplomática; colapsaron el sistema de salud; están reventando el sector minero energético y ya tenemos un déficit de gas; vamos aceleradamente a un apagón eléctrico; en MinHacienda pagan dos y tres veces nómina y contratos.
A pesar del multimillonario presupuesto, la ejecución presupuestal es la peor en el siglo y en inversión es apenas del 20%, con algún ministerio, el de Igualdad, recién creado, que a junio no había ejecutado ni el 1%; los contratos de prestación de servicios aumentaron un 157% (74.499 contratos más) en relación con el gobierno de Duque y nos cuestan 2,8 billones adicionales. Los gastos de funcionamiento han crecido casi $120 billones en estos dos años; aunque nos clavaron la reforma tributaria más feroz de la historia, en 2024, la DIAN ha recaudado 9,3% menos (-18,4 billones) en comparación al mismo período del 2023. Por cuenta del desastre, tenemos el peor déficit fiscal en 20 años, 55,7 billones hasta junio, el 3,3% del PIB, mayor incluso que el registrado durante la pandemia. Y el gobierno, en lugar de asumir una política de austeridad y de recorte del gasto, presenta un presupuesto desfinanciado en, como mínimo, 12 billones, aunque probablemente el hueco sea de más de 27 billones.
Una bandera de advertencia: hay que establecer el origen y el monto de los recursos que el gobierno ha trasladado a fiducias y patrimonios autónomos. Ese traslado es una trampa a la ejecución real porque las normas permiten darlo como ejecutado aunque no se haya girado un solo peso. Además, al aparecer como ejecutados, esos recursos se escapan a la norma de anualidad, de manera que en la práctica se pueden gastar en los años subsiguientes. Y, por la misma razón, quedan por fuera de las reglas generales de contratación y se hacen cuasi invisibles para la ciudadanía y para los organismos de control. Hacerles veeduría es muy difícil. No solo se multiplican los riesgos de corrupción sino los de su uso político en el período preelectoral. Si los montos son importantes, y me dicen que lo son, pueden tener una peligrosa incidencia en las elecciones del 2026.
