Ya no tenemos rey, pero sufrimos el oprobio de un desgobierno que al promediar su mandato ha abundado en desaciertos y, para peor, ha sumido en hondas y graves preocupaciones a nuestros compatriotas por lo que podría acontecernos en el inmediato porvenir, habida consideración de lo que sucede en la vecina Venezuela.
¿Veremos el final de este deplorable mandato el 7 de agosto de 2026 o la caterva que lo rodea insistirá en prolongarlo, así sea en cabeza ajena?
Conviene recordar que quien ocupa hoy en nuestro país la jefatura del Estado lo hace violando el artículo 197 de la Constitución Política, que prohíbe que sea elegido para ejercerla a quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
El que nos desgobierna fue, en efecto, condenado por la justicia penal militar entonces vigente en el país, entre otros por el delito de porte ilegal de armas. Es un hecho notorio que él mismo ha reconocido que pagó cárcel por ello, pero cuando alguien intentó impedir por la vía judicial que se lo eligiera por votación popular para un cargo público, no logró ´probarlo porque había desaparecido en el expediente respectivo el original de la sentencia condenatoria. Ello sucedió probablemente por obra de una mano criminal que cometió el delito de falsedad en documento público. La administración de justicia, al parecer, no lo investigó y es por ello que no se pudo lograr la nulidad de la elección.
Estamos desgobernados por alguien que tiene antecedentes criminales de los que se ufana, pues los justifica alegando que luchaba contra un régimen tiránico. ¿Lo era el de Julio César Turbay Ayala, el de Belisario Betancur Cuartas o el de Virgilio Barco Vargas?
Es un personaje que se formó en la ilegalidad y es muy poco el respeto que a pesar del perdón que a sus conmilitones del M-19 les otorgó el Congreso ha mostrado en torno de nuestras instituciones. No se siente a gusto como gobernante con el sistema de pesos y contrapesas con que lo limita la Constitución Política y no pocas de sus acciones tendientes a socavarlo parecen copiadas de las que ha utilizado Putin para instaurar un régimen dictatorial en Rusia, según lo reseñé en mi más reciente artículo, o, para no ir tan lejos, sugieren cierta similitud con las trapisondas del chavismo en Venezuela.
Ahí residen los profundos temores que a diario se ponen de manifiesto en los medios, sobre todo cuando se considera la posibilidad de que influya decisivamente en las elecciones de nuevos magistrados de la Corte Constitucional o de nuevo Procurador General de la Nación, que son órganos que todavía parecen dar cuenta del vigor de nuestra institucionalidad.
No sabemos si el Congreso logrará superar la tentación de la suculenta "mermelada" con la que ya se sabe que se ha comprado a influyentes miembros suyos, pues si bien ha frenado algunas de sus inquietantes iniciativas, no se advierte el avance del juicio político que debería adelantarse por la ya indiscutible violación de lo dispuesto por el artículo 109 de la Constitución Política,
El flamante embajador ante la FAO, en un impromptus, hizo saber que a la campaña entraron ilegalmente $ 15.000.000.000, lo cual corroboró un exmagistrado venezolano afirmando que el dinero provino del "Cártel de los Soles" que impera en el vecino país (vid. https://www.youtube.com/watch?v=wWfqNPw-uog). ¿Por qué esto no ha sido objeto, como coloquialmente se dice, de "exhaustiva investigación"?
En mi más reciente artículo escribí que Colombia no es todavía un Narcoestado, pero va en camino de serlo siguiendo los pasos de Venezuela. No lo es, porque quedan vestigios de institucionalidad independiente y responsable. Pero corre peligro de serlo si los frenos institucionales se deterioran y continúa extendiéndose a lo largo y ancho del territorio el control que ya ejercen desaforadamente las organizaciones criminales que el que nos desgobierna ha dejado que obren a sus anchas so pretexto de una inconcebible "paz total".
Si a ello se agregan el debilitamiento, la desmoralización y la humillación a que viene sometiendo a la fuerza pública, así como la defensa contra toda evidencia ya declarada por la justicia penal de la ominosa Primera Línea, vaya uno a saber si reforzada por los millones que se ofrecen a cien mil jóvenes dizque para que no delincan, el panorama se torna más oscuro. ¿No son cien mil los integrantes de los feroces colectivos chavistas que oprimen a la población venezolana?
No cabe duda de que padecemos un mal gobierno. Quiera Dios que no pase del 7 de agosto de 2026.
